Las cuentas no cuadran: la UCO detecta donaciones sospechosas de Ábalos al PSOE
El Tribunal Supremo ha dado el primer paso formal para indagar en la posible financiación irregular del PSOE en el marco de la trama de presunta corrupción vinculada a José Luis Ábalos, quien fue ministro de Transportes y número dos del partido. El juez instructor de la causa, Leopoldo Puente, ha solicitado información detallada tanto al Congreso de los Diputados como al Partido Socialista sobre las retribuciones, dietas y donaciones realizadas por Ábalos desde 2014.
Este movimiento se produce tras la recepción de un informe clave de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que revela notables desajustes entre los datos fiscales y bancarios del exministro.
Las cifras que no cuadran
Según la información recabada por la Agencia Tributaria (AEAT) y contenida en el informe policial:
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Ábalos habría donado al PSOE 44.729,29 euros en la última década.
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Sin embargo, los registros bancarios solo justifican pagos por 8.471,36 euros.
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En cuanto a retribuciones como diputado entre 2014 y 2024, Hacienda cifra sus ingresos en 751.421,57 euros.
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No obstante, en sus cuentas solo constan 79.841 euros, lo que representa poco más del 10% del total.
Este desfase en la trazabilidad económica es uno de los elementos que ha llevado al Supremo a exigir al Congreso y al PSOE que aclaren el origen, los destinatarios y los justificantes de esos flujos financieros.
Patrimonio oculto y vinculaciones familiares
La investigación también ha revelado que Ábalos podría poseer patrimonio no declarado en el extranjero, concretamente un inmueble en Colombia y dos en Perú. Además, se ha determinado que ayudó a su expareja a obtener un crédito hipotecario por valor de 130.000 euros, hecho que también está siendo examinado por los investigadores.
La UCO ha rastreado movimientos de fondos entre Ábalos y su hijo Víctor, incluidos ingresos que no han podido ser justificados aún por vías documentales claras, lo que ha derivado en la ampliación del foco judicial hacia este último.
Relaciones con contratistas y fundaciones sospechosas
El caso está conectado con la trama de mordidas y adjudicaciones públicas irregulares, en la que también aparecen involucradas varias empresas y UTEs (Uniones Temporales de Empresas), como Acciona, Ferrovial, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), así como fundaciones presuntamente pantalla como Fiadelso, vinculada directamente a Ábalos.
Según el sumario, estas entidades habrían participado en procesos de licitación amañados a cambio de comisiones ilegales. El juez ha solicitado a la AEAT y a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) certificados actualizados sobre todas las personas físicas y jurídicas vinculadas a estos contratos públicos.
Próximos pasos en la causa
La UCO solicitó oficialmente mandamientos judiciales para acceder a todos los registros económicos del Congreso y del PSOE, lo que indica que la investigación se adentra en el terreno de la financiación del partido en un periodo que coincide con la etapa más influyente de Ábalos dentro del Gobierno y del aparato socialista.
Por el momento, el exministro no ha sido imputado formalmente, pero las diligencias apuntan a una potencial responsabilidad penal por enriquecimiento ilícito, falsedad documental y malversación.
La investigación sobre la trama Ábalos y su posible conexión con la financiación del PSOE representa un nuevo foco de presión judicial y mediática sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. La falta de correspondencia entre lo declarado y lo ingresado, así como la aparición de patrimonio no documentado, está siendo tratada con máxima atención por parte del Tribunal Supremo y podría tener repercusiones institucionales de largo alcance.
