Correos se desentiende del fraude electoral del PSOE: ni investigación ni personación
Correos, la empresa pública responsable de custodiar uno de los elementos más sensibles del sistema democrático —el voto postal—, ha optado por la omisión en uno de los casos más graves de fraude electoral que se investigan actualmente en España. Pese a los indicios fundados de irregularidades en la oficina de Albaida del Aljarafe (Sevilla) durante las elecciones municipales de 2019, y desvelados por The Objective, la compañía dirigida por el exsecretario de Estado Pedro Saura no solo se ha negado a colaborar proactivamente con la investigación judicial, sino que ha evitado personarse en la causa.
100 votos irregulares y un protocolo ignorado
Según recoge The Objective, la Guardia Civil, en un informe incorporado al procedimiento, ha certificado que cerca de un centenar de votos fueron tramitados sin el conocimiento ni autorización de sus supuestos titulares. En muchos casos, las solicitudes se formalizaron sin presencia física, sin exhibición del DNI y sin firmas válidas. Esto vulnera de forma directa el artículo 72 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece un protocolo inflexible: la solicitud debe realizarse personalmente en una oficina de Correos, mostrando el DNI y sin intermediarios, salvo poder notarial.
Sin embargo, según las declaraciones recabadas por la jueza instructora, las oficinas afectadas permitieron o facilitaron procedimientos completamente opacos. En un caso, un vecino recibió una oferta de empleo municipal a cambio de firmar la solicitud del voto a favor del PSOE. Entregó su DNI, firmó unos papeles y no volvió a ver ni su documento ni el contrato prometido. En otro caso, una anciana reconoció que fue su hija quien votó por ella, sin ningún tipo de autorización legal. Y más aún: un ciudadano se enteró por la propia juez de que alguien había votado por él, con una firma que no reconoce: “Yo nunca voto”, declaró.
El silencio cómplice de Correos
Pese a estos testimonios y al claro quebranto del procedimiento legal, Correos ni ha impulsado una investigación interna ni ha abierto expediente alguno contra los trabajadores implicados. Algunos responsables han alegado estar jubilados; otros han sido ascendidos. Ni una comparecencia voluntaria. Ni una auditoría. Ni un solo gesto que indique preocupación institucional por un fraude que socava la integridad democrática del país.
Pedro Saura, presidente de Correos desde 2021 y hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos, ha evitado hacer declaraciones. Su gestión queda ahora bajo la lupa, no solo por este caso, sino también por la reiterada inacción de la empresa en otros puntos de la geografía nacional donde se investiga un patrón similar: Almería, Murcia, Melilla, Ciudad Real o Tenerife, entre otros.
¿Un fraude sistemático?
Fuentes judiciales aseguran que la instrucción apunta a una práctica extendida, especialmente en municipios con fuerte presencia socialista. El modus operandi se repite: captación de votantes vulnerables, falsificación de firmas, promesas de contratos públicos y utilización instrumental de la maquinaria institucional —Correos incluido— para facilitar los votos. La connivencia entre estructuras partidarias y organismos públicos es, a estas alturas, una hipótesis de trabajo difícil de descartar.
¿Y ahora qué?
El futuro de esta causa dependerá de si la juez decide ampliar la investigación a otras oficinas y si obliga a Correos a actuar, más allá de lo que estrictamente dicta el requerimiento judicial. Lo cierto es que la empresa pública tiene en su poder los registros, listados de votantes y datos internos que podrían esclarecer los hechos, pero ha optado por no hacerlo.
El mensaje institucional es demoledor: cuando se manipula el voto, no hay consecuencias administrativas. Y cuando se viola la ley, la empresa que debe protegerla mira hacia otro lado.