Consumir drogas en un coche aparcado ya no es sancionable: así lo ordena Interior
La reciente instrucción del Ministerio del Interior que impide a las fuerzas de seguridad sancionar el consumo o la tenencia de drogas en el interior de vehículos particulares estacionados ha desatado una oleada de críticas entre sindicatos policiales y expertos en seguridad ciudadana. La medida, que entraña un cambio de criterio sobre la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ley mordaza—, se basa en varias sentencias del Tribunal Supremo que reconocen la protección reforzada del domicilio y los espacios privados, incluyendo los automóviles personales.
Una decisión que limita la capacidad policial
En la práctica, la nueva directriz establece que el consumo de sustancias estupefacientes dentro de un coche privado que no se encuentra en circulación no constituye una infracción administrativa, salvo que existan indicios de otro delito. Interior sostiene que un vehículo estacionado debe considerarse parte del ámbito de privacidad de un ciudadano, tal y como ha avalado el Supremo, y que aplicar una sanción en ese contexto atentaría contra el principio de tipicidad jurídica: no puede castigarse algo que la ley no describa de forma clara como infracción.
La instrucción añade que solo se podrá intervenir si el vehículo está en tránsito o si el consumo se produce en medios de transporte colectivos, como autobuses o trenes, donde la seguridad pública puede verse directamente afectada. En consecuencia, una persona que consuma drogas dentro de su coche aparcado en una vía pública —por ejemplo, en un área de descanso o un aparcamiento— no podrá ser multada automáticamente por los agentes.
Reacción de los sindicatos policiales: “permisividad peligrosa”
Las principales asociaciones policiales —como Jupol, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP)— han reaccionado con dureza, calificando la decisión de "incomprensible", "contraproducente" y "potencialmente letal". Aseguran que se está dando carta blanca a conductas de riesgo, en un momento en que la seguridad vial y el tráfico de drogas siguen siendo problemas estructurales en España.
«Después de fumarte dos porros y meterte cuatro rayas, te puedes marchar a casa tranquilamente. Y si por el camino matas a alguien, que les pidan explicaciones a Interior», denuncia un agente en declaraciones recogidas por The Objective.
Desde Jupol, el sindicato mayoritario en el Consejo de la Policía, se alerta de que esta directriz erosiona la autoridad de los agentes, y señalan que el consumo de drogas en un coche no es un acto “privado” en términos operativos: puede preceder a una conducción bajo los efectos de las drogas, un delito tipificado y gravemente sancionado por el Código Penal.
El argumento jurídico: privacidad reforzada
Interior basa su postura en varias resoluciones del Tribunal Supremo que consideran que el interior de un coche estacionado puede equipararse a un espacio de intimidad personal, especialmente si no hay evidencias de que se está utilizando para delinquir o si no representa un riesgo directo para terceros. Según estas sentencias, el automóvil privado funciona como extensión del domicilio en determinados contextos, y goza de una protección reforzada frente a las intervenciones del Estado.
La Secretaría de Estado de Seguridad matiza que, aunque la ley menciona explícitamente el consumo en transporte público como una infracción, no hace lo mismo con los coches particulares, por lo que sancionar a alguien por consumir dentro de un coche aparcado podría considerarse un exceso o incluso una extralimitación por parte de los agentes.
Riesgo de más accidentes y consumo visible
Uno de los efectos colaterales que denuncian los cuerpos policiales es que esta decisión puede provocar un aumento del consumo de drogas en lugares públicos visibles, como aparcamientos o zonas de descanso, creando una sensación de impunidad entre los consumidores y de desprotección entre los ciudadanos.
También alertan de un posible incremento de los accidentes de tráfico, especialmente en entornos interurbanos. Según datos de la Dirección General de Tráfico, el 17% de los conductores fallecidos en siniestros viales en 2023 había consumido algún tipo de droga.
Una decisión polémica en plena revisión de la ley mordaza
Esta medida llega en un contexto especialmente delicado, en el que el Gobierno intenta reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”, una norma muy cuestionada por partidos de izquierda y colectivos sociales, pero defendida por los cuerpos de seguridad como herramienta esencial en su labor diaria.
Para los sindicatos, la supresión de estas sanciones es un paso más en la estrategia del Ejecutivo para desactivar el poder preventivo de las fuerzas del orden, a pesar de los reiterados avisos de que dicha relajación puede conllevar más inseguridad y menos respeto por las normas básicas de convivencia.
