El Consejo de Europa denuncia el sistema de nombramientos “a dedo” de Marlaska
La credibilidad institucional del Ministerio del Interior ha sufrido un nuevo varapalo. Un demoledor informe del Consejo de Europa, a través de su Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), señala directamente a Fernando Grande-Marlaska por los nombramientos discrecionales y sin control dentro de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La crítica no es superficial. El informe, elaborado tras años de seguimiento, establece que el Gobierno de España incumple reiteradamente los compromisos internacionales en materia anticorrupción, especialmente en lo que se refiere a la transparencia de procesos y la selección de altos cargos en los cuerpos de seguridad del Estado.
La asignación “a dedo”: mecanismo de poder, no de mérito
Uno de los puntos más graves del informe es el uso extendido de la libre designación, un sistema opaco que permite al ministro del Interior colocar a personas de su confianza sin concurso público ni evaluación objetiva. En palabras del GRECO, se trata de un “sistema que favorece la arbitrariedad y socava la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por la legalidad”.
El sindicato policial JUPOL ha calificado el informe como “la evidencia de una politización alarmante de los altos mandos” que mina la independencia operativa del cuerpo. Y añade: “El amiguismo institucionalizado que permite colocar a determinados comisarios o generales sin mérito ni experiencia específica, contamina la lucha contra la corrupción desde la propia raíz del sistema”.
Interior sin estrategia anticorrupción
Pese a los múltiples escándalos que han sacudido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad –desde la detención del exjefe de la UDEF de Madrid por narcotráfico, hasta la trama Cuarteles de la Guardia Civil–, el GRECO denuncia que Interior carece de una estrategia específica contra la corrupción.
El informe subraya la vigencia de un Código de Conducta anticuado, de 2013, que nunca se ha aplicado de forma sistemática, y una Oficina de Asuntos Internos que, pese a su profesionalidad, actúa sin el respaldo de una estructura estratégica real.
Más aún: se constata que los controles disciplinarios internos son insuficientes y que permiten decisiones arbitrarias por parte de superiores, lo que diluye garantías de proporcionalidad y objetividad.
Una arquitectura institucional corroída
Las críticas a Marlaska no pueden interpretarse como un episodio aislado. Forman parte de una cadena estructural de opacidad institucional que ya ha alcanzado al presidente Pedro Sánchez, su esposa Begoña Gómez, varios exministros del PSOE y miembros de su círculo cercano, ahora procesados o investigados por corrupción y tráfico de influencias.
En este contexto, la falta de reformas en el Ministerio del Interior adquiere un carácter sistémico: no se trata de omisiones técnicas, sino de una cultura del poder que elude el control.
La pregunta que plantea el informe –sin formularla explícitamente– es clara: ¿puede el Estado garantizar la integridad de sus instituciones si quienes deben velar por la ley están sometidos a criterios políticos y no legales?
