El Pleno del Congreso aprobará este jueves la ley de protección a la infancia frente a la violencia. Por medio de esta nueva norma la prescripción de los delitos graves en niños se ampliará de los 18 años actuales a los 35 años, para evitar que los casos queden impunes ya que las denuncias se producen años después.

Así, en las últimas horas de la pasada jornada mientras se debatía la ley de protección a la infancia llegó al Pleno una enmienda pactada entre PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, Bildu, Grupo Plural, BNG, Más País y el Grupo Republicano, que elevaría de los 30 años preestablecidos en el proyecto de ley a los 35 años la edad de la víctima desde la que se contará la prescripción de los delitos graves, entre ellos los abusos sexuales y que recibirá el respaldo de la Cámara Baja hoy.

La Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad ha incorporado 200 enmiendas de distintos grupos y más de 60 transaccionales al informe que se somete a votación en el Pleno, que recibió el voto en contra de VOX y PNV y la abstención del Grupo Republicano y EH Bildu.

El texto que se aprueba en la Cámara Baja refuerza el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en procesos administrativos y judiciales y a formular denuncia de manera personal y directa.

Además, tras el paso por la Comisión se dota a la ley de perspectiva de género, eliminando planteamientos como el SAP (Síndrome de Alienación Parental) e incorporado medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Por su lado, las propuestas de Unidas Podemos de no permitir la participación en espectáculos y escuelas taurinas a los menores y de que en los casos de desahucios de familias con niños se ofrezcan soluciones habitacionales adecuadas y apoyo psicosocial, se quedan fuera por falta de apoyos.

La iniciativa legislativa remitida al Parlamento desde Derechos Sociales amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales.