«Sin confidencialidad no hay justicia»: el ICAM declara contra García Ortiz
El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha calificado de «inusitada gravedad» la nota de prensa que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó difundir a los medios sobre las conversaciones mantenidas entre la Fiscalía de Madrid y Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de conformidad.
Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, donde se celebra el juicio contra García Ortiz por presunta revelación de datos reservados, Ribón ha asegurado que «nunca habíamos vivido una situación como esta».
«La preocupación era honda. En ese momento desconocíamos quién había sido el autor de la nota, y por ello se presentó en origen ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid», ha explicado el decano madrileño, destacando el desconcierto que generó la actuación de la Fiscalía entre los profesionales de la Abogacía.
«Sin confidencialidad no hay defensa libre»
El testigo ha insistido en que las conversaciones entre un abogado y la Fiscalía, orientadas a alcanzar un acuerdo judicial, «son absolutamente confidenciales».
«Sin confidencialidad no es posible una defensa libre. Y sin abogados libres, no hay justicia», ha subrayado Ribón, que ha lamentado que la publicación de aquella nota «fracturara de forma inédita el derecho de defensa».
El decano ha afirmado que el ICAM «no actuó en defensa de un abogado concreto, sino de un principio universal, en defensa de la Abogacía».
«Fue la propia nota la que generó la alarma y el desconcierto absoluto de la profesión», ha asegurado, al tiempo que ha advertido de que la gravedad de los hechos radicaba en que «una institución del Estado como la Fiscalía había decidido airear datos que vulneraban el derecho de defensa de un particular».
Revelación de correos y datos personales
Uno de los puntos más controvertidos, según Ribón, fue la inclusión literal de los correos electrónicos intercambiados entre el empresario y la Fiscalía, con detalle de «hora, minuto y contenido».
«No era preciso revelar el contenido literal de aquellos correos. La transcripción palabra por palabra de las comunicaciones y su difusión a los medios supusieron una ruptura sin precedentes de la reserva profesional», ha denunciado el representante del Colegio.
A su juicio, esta actuación «rompió las reglas básicas de la relación entre las partes en un procedimiento penal» y «socavó la confianza en la imparcialidad institucional de la Fiscalía».
El rechazo del Colegio al comunicado conjunto
Ribón también ha explicado los motivos por los que el ICAM rechazó firmar un comunicado conjunto con el fiscal general del Estado, una propuesta planteada por García Ortiz el 15 de marzo de 2024, tal y como adelantó El Mundo.
«En aquella reunión manifesté la gravedad de lo sucedido y la necesidad de abrir una investigación penal para depurar responsabilidades», ha afirmado.
El decano ha recordado que el Colegio de la Abogacía de Madrid fue el primer organismo que presentó una querella contra la Fiscalía por su actuación en este caso, con el propósito de «defender el principio de confidencialidad y el ejercicio libre de la abogacía».
«No se trataba de un conflicto personal ni político», ha puntualizado Ribón, «sino de una cuestión institucional que afectaba a la esencia misma del derecho de defensa».
“Una fractura sin precedentes” en la justicia
Durante su comparecencia, el decano madrileño ha remarcado que «nunca antes la Abogacía había tenido que enfrentarse a una situación que fracturara de manera tan evidente la relación entre defensa y acusación».
«Lo que ocurrió con aquella nota fue una ruptura sin precedentes del principio de reserva. Si la Fiscalía puede divulgar lo que se negocia en un acuerdo de conformidad, se destruye la base del sistema penal garantista», ha advertido.
Ribón ha subrayado que, en su opinión, el caso va más allá de un error administrativo o de comunicación. «Estamos ante un hecho que afecta al corazón del Estado de Derecho», ha aseverado.
Contexto del proceso judicial
El juicio contra Álvaro García Ortiz se celebra ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo después de que la Sala de lo Penal admitiera la querella interpuesta por el ICAM por presunta revelación de secretos y vulneración del derecho a la intimidad.
La investigación se centra en la nota de prensa emitida por la Fiscalía General del Estado en marzo de 2024, en la que se detallaban correos y negociaciones internas entre la defensa de González Amador y los fiscales del caso.
El contenido de esa nota, ampliamente difundido en medios de comunicación, desató una crisis institucional sin precedentes entre la Fiscalía y la Abogacía.
El propio fiscal general defendió entonces su actuación, alegando que la comunicación «se limitó a desmentir informaciones falsas» sobre el procedimiento. Sin embargo, para la Abogacía, el documento vulneró la confidencialidad de las negociaciones y puso en riesgo la confianza entre las partes.
La Abogacía, firme en la defensa de la independencia profesional
Eugenio Ribón ha concluido su declaración subrayando que «el Colegio actúa siempre en defensa de la independencia de los abogados y del secreto profesional».
«Cuando la Abogacía se ve amenazada, no se defiende un interés corporativo, se defiende un derecho fundamental de los ciudadanos», ha recalcado.
La sesión ha quedado vista para sentencia, aunque el proceso judicial contra García Ortiz podría prolongarse varias semanas más.
Mientras tanto, desde el entorno del fiscal general se insiste en que «no hubo intencionalidad dolosa» y que la nota «fue redactada con el único propósito de proteger la transparencia institucional».
Sin embargo, la Abogacía mantiene que aquel comunicado vulneró de forma directa los pilares esenciales de la justicia.
«Sin confidencialidad, no hay defensa libre. Y sin defensa libre, no hay justicia», ha repetido Ribón al salir del Supremo, resumiendo el espíritu de una jornada que marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre la Fiscalía y la Abogacía.
