Conde-Pumpido usa la norma del procés contra jueces españoles críticos con el TC
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha abierto una polémica sin precedentes al intentar impedir que tribunales ordinarios, como la Audiencia Provincial de Sevilla, recurran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para cuestionar sentencias del propio Constitucional. En concreto, se trata de la sentencia que suavizó o anuló las condenas por malversación en el caso de los ERE de Andalucía, que afectaron a altos cargos socialistas como José Antonio Griñán.
Para ello, Conde-Pumpido ha invocado el controvertido artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el mismo precepto que se utilizó en 2017 para frenar la deriva separatista del procés catalán. Aquel artículo permite al TC velar por el cumplimiento de sus resoluciones y disponer las medidas necesarias para su ejecución. En su interpretación más extrema, se empleó para advertir a instituciones que desobedecían sentencias del Constitucional. Sin embargo, varios juristas y expertos constitucionalistas alertan de que equiparar la postura de los jueces sevillanos con la desobediencia de los líderes independentistas catalanes es desproporcionado, erróneo jurídicamente y supone un intento de amedrentamiento institucional.
Un uso “expansivo” de la norma
Según revelan fuentes de The Objective y El Debate, Conde-Pumpido planteó esta estrategia en el Pleno del TC del lunes, generando más de tres horas de discusión entre magistrados. Su idea es impedir que los jueces de Sevilla eleven una cuestión prejudicial al TJUE, argumentando que tal acción cuestiona una sentencia del TC y, por tanto, incurre en una desobediencia encubierta. Esta maniobra ha sido criticada por constitucionalistas como Javier Tajadura (UPV), quien subraya que ningún tribunal nacional puede impedir el acceso al TJUE, dado que se trata de una facultad reconocida en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
¿Quién tiene la última palabra?
Desde el punto de vista de la normativa comunitaria, la primacía del derecho europeo prevalece sobre el nacional, incluso sobre las disposiciones constitucionales, tal y como ha reiterado el propio TJUE en múltiples sentencias. La cuestión prejudicial es un mecanismo que permite a jueces de toda Europa plantear dudas sobre la compatibilidad de las normas nacionales o sus interpretaciones con el Derecho de la UE.
Conde-Pumpido se ha quedado sin herramientas legales, ya que no existe ninguna vía que impida legalmente a un juez formular una cuestión prejudicial, como han recordado varios expertos, entre ellos José María Morales (Univ. de Sevilla) y María de la Torre, penalista de Govcom Abogados.
¿Por qué la Audiencia de Sevilla recurre?
La Audiencia estudia desde hace meses elevar una cuestión prejudicial al TJUE tras considerar que el Constitucional, al reinterpretar el delito de malversación para exculpar a varios condenados por los ERE, invadió competencias que corresponden a los jueces de instancia. El TC, dicen, debió limitarse a analizar posibles vulneraciones de derechos fundamentales, y no actuar como una suerte de tribunal de casación.
Esto abre la posibilidad de que el TJUE corrija o cuestione una sentencia del TC español, como ya ha ocurrido en el pasado con otros tribunales constitucionales de Estados miembros, incluidos Alemania, Polonia o Rumanía.
