El plan silencioso que Marlaska no admite: arrinconar a la Guardia Civil
Lo que comenzó hace más de cuatro décadas como la transferencia de Tráfico al País Vasco hoy ya no es un caso aislado. La pérdida de funciones estratégicas de la Guardia Civil ha tomado velocidad de crucero, y aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en calificarlo de "bulo interesado", los datos y los hechos dejan poco espacio para la duda: estamos ante el desmantelamiento planificado de una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos.
En los últimos meses, la lista de cesiones de competencias a las policías autonómicas ha crecido de forma exponencial. Primero fue la Policía Foral de Navarra, que desde el 1 de julio de 2023 asumió por completo las labores de Tráfico. Luego, los Mossos d'Esquadra consolidaron su presencia marítima con el despliegue exclusivo durante la Copa América y su patrullaje reforzado en las costas catalanas. Poco después, se anunció la cesión de puertos y aeropuertos al País Vasco y Cataluña, dejando a la Ertzaintza a los mandos de instalaciones estratégicas, pese a los problemas ya detectados por falta de preparación.
Canarias y Galicia, los siguientes en la lista
La ofensiva no termina ahí. En Canarias, 2025 ha comenzado con señales inequívocas de que el desmantelamiento de la Guardia Civil también llega al archipiélago. En apenas dos semanas, se ha cuestionado la continuidad de los GRS (antidisturbios y antiterroristas), apartándolos de dispositivos clave como la seguridad del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Al mismo tiempo, Coalición Canaria ha elevado la presión reclamando más competencias para la Policía Autonómica Canaria.
Y mientras tanto, desde Galicia, el BNG ya calienta motores para ser el próximo en la lista. Su propuesta: expulsar a la Guardia Civil de la comunidad y crear una policía autonómica gallega que asuma las funciones históricas de la Benemérita.
¿Casualidad o plan premeditado?
La pregunta que sobrevuela los cuarteles y patrullas de la Guardia Civil es clara: ¿Estamos ante decisiones aisladas o frente a una estrategia política calculada? Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la respuesta es obvia: "La pérdida de competencias sigue un patrón claro y favorece el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil", denuncia su portavoz, Pedro Carmona.
Desde Jucil, otra organización profesional, lo califican directamente de "despropósito", recordando además episodios como la eliminación en 2022 del OCON-Sur, el grupo de élite contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. ¿El resultado? Menos incautaciones, menos detenciones y, por tanto, más impunidad para las mafias.
El precio del poder
El trasfondo de este proceso, según denuncian voces críticas, no es otro que el precio que paga el Gobierno de Sánchez por la supervivencia política. Con una legislatura sostenida por los votos de ERC, Bildu, Junts y otros socios que exigen la expulsión de las fuerzas estatales de sus territorios, cada cesión competencial parece responder más a intereses partidistas que a criterios de eficacia o seguridad.
Todo esto sucede mientras Interior presume de haber aumentado plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en determinadas regiones. Pero el truco es evidente: más agentes para menos competencias. Porque de poco sirve reforzar efectivos si se les despoja de las herramientas y funciones necesarias para garantizar la seguridad ciudadana.
La Guardia Civil, cuya historia está ligada a la defensa del orden constitucional en cada rincón del país, asiste ahora a un proceso que amenaza con reducirla a la irrelevancia en aquellas comunidades donde el nacionalismo marca la agenda. Y todo bajo la atenta mirada de un ministro que lo niega todo, aunque los hechos le desmientan a diario.
