El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene programado llevar a cabo una declaración institucional de mayor firmeza en su pleno extraordinario este lunes, como respuesta a los ataques y acusaciones vertidos por algunos miembros parlamentarios del Gobierno el pasado martes durante el debate sobre la ley de amnistía.

El presidente en funciones del Consejo, Vicente Guilarte, ha accedido a la convocatoria del pleno a solicitud de los nueve vocales conservadores. Estos expresaron su desaprobación ante los ataques a jueces y magistrados durante el debate, señalando la pasividad de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

En el transcurso del debate en el Congreso sobre la ley de amnistía, varios socios parlamentarios del Gobierno acusaron de prevaricación a algunos jueces, entre ellos Manuel García-Castellón, encargado de investigar el caso Tsunami, y Joaquín Aguirre, responsable del caso Volhov en Barcelona. Fuentes jurídicas indican que los conservadores están trabajando en una declaración institucional que planean afinar este lunes, la cual promete ser "más contundente" que las anteriores, dada la gravedad de los acontecimientos de la semana pasada.

Los ataques a los jueces fueron tan intensos que el presidente del CGPJ se vio obligado a reiterar su llamado institucional a los políticos para que respeten la independencia de los jueces y no cuestionen su imparcialidad, la cual se guía por el principio de legalidad.

Guilarte, al referirse a los "inaceptables descalificativos de miembros de la carrera judicial" escuchados en el Congreso, lamentó tener que insistir en su llamado a que los políticos dejen trabajar a los jueces. Esta no es la primera vez que Guilarte condena las críticas a los jueces por parte de los socios parlamentarios del Gobierno, aumentando la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial debido a la amnistía y las acusaciones de lawfare, ahora extendidas a otros partidos e incluso a miembros del Gobierno.

Un ejemplo de la postura del Consejo fue la declaración institucional aprobada el pasado 19 de enero, en la que expresaron su "rotundo rechazo" a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez García-Castellón. Este intercambio ocurrió después de que Ribera sugiriera una conexión política significativa del juez y lo mencionara en momentos sensibles, tras la imputación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Sin embargo, algunos vocales consideran "innecesario" convocar un pleno extraordinario, argumentando que el presidente ya ha expresado su postura de manera contundente y que la Permanente ya aprobó una declaración. A pesar de las continuas provocaciones de Junts, algunos vocales sugieren establecer pautas para no tener que reaccionar constantemente a las provocaciones del partido liderado por Carles Puigdemont.