Nuevo giro: la jueza de la DANA, investigada por el Poder Judicial
El Consejo General del Poder Judicial examina si Jorge Martínez Ribera influyó en el sumario de la DANA asistiendo a su esposa, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una investigación formal contra la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Catarroja y encargada del caso DANA, así como contra su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera. Ambos están siendo investigados por una presunta intromisión indebida en la causa, lo que podría derivar en delitos de prevaricación judicial y usurpación de atribuciones.
La investigación surge a raíz de las denuncias presentadas por el sindicato Manos Limpias, liderado por Miguel Bernad, quien ha solicitado la nulidad del procedimiento por considerar que está "contaminado" tras la participación activa de Martínez Ribera, a pesar de estar adscrito a otro juzgado.
Un caso que compromete la imparcialidad judicial
Imágenes obtenidas por OKDIARIO y divulgadas en mayo muestran al magistrado Jorge Martínez Ribera dentro de la sala de vistas del Juzgado de su esposa, presuntamente dando indicaciones tras la declaración de un testigo. Aunque no formuló preguntas, su presencia activa durante diligencias procesales genera una alarma institucional sin precedentes.
A pesar de estar destinado en el Juzgado de Instrucción nº4 de Valencia, Martínez Ribera habría asistido en múltiples ocasiones a Ruiz Tobarra en la instrucción del caso DANA, aprovechando su cercanía tras el traslado del juzgado a la Ciudad de la Justicia por los daños provocados por la riada de octubre de 2024.
Precedentes preocupantes y posibles consecuencias
La presencia repetida de Martínez Ribera durante actuaciones judiciales ha sido calificada por fuentes internas como una vulneración del principio de independencia procesal. El hecho de que se trate de un matrimonio con acceso mutuo a información sensible y la influencia informal en decisiones judiciales, podrían vulnerar derechos fundamentales de las partes y provocar la nulidad de actuaciones.
El Real Decreto 88/2003 acredita que Martínez Ribera ya había prestado servicio en el mismo juzgado de su esposa en el pasado. Si bien ambos comparten carrera judicial, la connivencia funcional entre magistrados casados no está regulada en el ordenamiento, pero sí sujeta a control ético y disciplinario por el CGPJ.
El caso DANA, aún más politizado
Este nuevo frente judicial añade una capa de inseguridad jurídica a la ya controvertida instrucción del caso DANA, en el que se investigan responsabilidades políticas por la gestión gubernamental de la catástrofe que azotó la Comunidad Valenciana en octubre de 2024.
Las críticas por la lentitud procesal, ahora sumadas a la sospecha de una contaminación personal del proceso, alimentan la tesis de que el Poder Judicial está sufriendo interferencias inaceptables en casos con posibles derivadas políticas.
Un paso decisivo del CGPJ
La apertura de la investigación por parte del órgano de gobierno de los jueces representa un gesto de control ante la creciente presión ciudadana para garantizar la transparencia judicial. Se esperan nuevas diligencias en septiembre que podrían desembocar en la suspensión temporal o sanción disciplinaria para los implicados.
