El "cerebro" operativo de Interior dimite tras la ola de filtraciones sobre la UCO
El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, ha presentado su dimisión irrevocable, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior. Su salida, que se formalizará en los próximos días, supone una sacudida interna para el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, en medio de una delicada coyuntura política y judicial.
Aunque Pérez justifica su marcha por “motivos personales” y “desgaste acumulado” en el cargo, la decisión se produce en un contexto de máxima tensión institucional, tras la publicación en diversos medios de audios comprometedores que revelan una supuesta campaña desde círculos afines al PSOE contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El hombre de máxima confianza de Marlaska
Rafael Pérez ha sido el hombre de máxima confianza del ministro Marlaska desde que ambos aterrizaron en el Ministerio del Interior en 2018. En aquel momento, Pérez ya ocupó el cargo de jefe de Gabinete del ministro. Posteriormente, en la remodelación de 2020, fue ascendido a Secretario de Estado de Seguridad, lo que le otorgó el control directo de los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil.
Durante estos años, su perfil discreto pero influyente le convirtió en uno de los operadores clave del Ministerio. Era habitual verle representando al ministro en actos oficiales y manteniendo relaciones directas con las altas esferas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Dimisión en un momento delicado
La renuncia de Rafael Pérez se produce en un momento de creciente presión mediática y política. Los audios publicados recientemente apuntan a supuestas maniobras de acoso institucional contra la UCO, el cuerpo que ha llevado investigaciones sensibles como el caso Koldo. Aunque desde el Gobierno se ha negado cualquier injerencia, el silencio oficial sobre Leire Díez, presunta autora de algunas de las presiones, alimenta las sospechas, según apunta la periodista Ana Martín en El Debate.
La negativa del PSOE a tomar medidas claras ha sido interpretada por varios sectores como una forma de protección política, en un contexto en el que el Ejecutivo intenta contener daños en plena tormenta de revelaciones judiciales que afectan a ex altos cargos y personas del entorno del partido.
