Bruselas sitúa a España en zona roja por corrupción y señala el 'caso PSOE'

El informe anual sobre el Estado de derecho publicado por la Comisión Europea lanza una seria advertencia al Gobierno de España al alertar de “áreas de alto riesgo” en materia de corrupción, especialmente en lo relativo a la contratación pública y la financiación de partidos. Además, el documento menciona de forma explícita la imputación del exministro socialista José Luis Ábalos y la existencia de procedimientos judiciales en curso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La evaluación, según recoge El Debate, no considera que existan riesgos sistémicos que pongan en jaque el Estado de derecho en España, pero sí señala importantes lagunas pendientes en el ámbito judicial, en la lucha contra la corrupción, en materia de transparencia institucional y en el acceso a la información por parte de los medios de comunicación.

Caso Ábalos y deficiencias estructurales

La Comisión Europea se hace eco del llamado “caso PSOE”, al incluir en su informe una referencia velada a la imputación de José Luis Ábalos por un presunto caso de corrupción vinculado a la pandemia. Además, el documento señala que la Fiscalía Europea ha informado de al menos cuatro investigaciones activas por corrupción en España.

El texto europeo lamenta que, aunque en 2023 se aprobó la Ley de Protección al Denunciante, el Gobierno aún no ha cumplido con la obligación de presentar una estrategia integral contra la corrupción, prevista para septiembre de 2024.

También advierte de que “la financiación de los partidos políticos persiste como un área de alto riesgo” y lamenta que no se hayan reformado las leyes electorales en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.

Debilidades en conflictos de interés y control institucional

El informe señala avances “incipientes” en la regulación de lobbies y normas sobre conflictos de intereses, pero critica que no se han reforzado las reglas para las distintas administraciones públicas. Por ello, Bruselas recomienda a España fortalecer la independencia y el poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Intereses, así como mejorar la declaración patrimonial y la rendición de cuentas de los altos cargos.

Fiscal general imputado y reforma cuestionada

Uno de los puntos más sensibles del informe se refiere a la situación del fiscal general del Estado. Según recoge El Debate, la Comisión Europea recuerda que Álvaro García Ortiz está inmerso en procedimientos judiciales por presunta filtración de información confidencial, en alusión al caso relacionado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Bruselas también señala que algunos actores consideran que las reformas impulsadas por el Gobierno podrían afectar la independencia judicial, al reforzar los poderes del fiscal general y reducir las garantías profesionales del resto de fiscales.

Medios de comunicación y ley de amnistía

En el capítulo sobre libertad de prensa, el Ejecutivo comunitario denuncia que “no se han producido avances” en la mejora del acceso a la información, especialmente por la falta de revisión de la Ley de Secretos Oficiales. Además, constata que los periodistas continúan enfrentando desafíos laborales y amenazas a su seguridad, pese a las propuestas legislativas en curso.

Respecto a la polémica Ley de Amnistía, Bruselas evita tomar posición, pero recuerda que la norma está bajo examen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). No obstante, sí incluye una mención al fallo del Tribunal Constitucional español que la considera compatible con la Carta Magna, aunque reconoce que la ley ha generado “gran controversia política”. Según las observaciones enviadas por la propia Comisión al TJUE, la amnistía podría responder a una “autoamnistía” pactada entre el PSOE y Junts, lo que pone en cuestión su fundamento como norma de interés general.