Bolaños impulsa una reforma judicial que limita el poder de los jueces instructores
La reforma judicial permite sumar instructores en procesos complejos, pero juristas temen injerencias políticas en casos incómodos para el Gobierno
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, pretende introducir una reforma clave en la instrucción penal española: que tres jueces asuman de forma conjunta las causas consideradas «sensibles» o de especial complejidad. Según fuentes jurídicas, la medida busca diluir la capacidad de instructores “incómodos” como Juan Carlos Peinado, encargado del caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.
La novedad forma parte de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde el 2 de enero de este año, y supone una reconfiguración del sistema de juzgados de instrucción que actualmente concentra la responsabilidad en un único magistrado.
Un cambio de calado judicial
El artículo 84 de la ley establece que cada Tribunal de Instancia, uno por partido judicial, podrá nombrar dos jueces adicionales para acompañar al instructor principal cuando el procedimiento tenga gran volumen, especial complejidad o múltiples intervinientes.
Desde el Ministerio de Justicia insisten en que esta medida mejorará la seguridad jurídica y agilizará la carga de trabajo, al permitir compartir criterios y responsabilidades entre varios jueces.
Sin embargo, juristas y magistrados expresan preocupación: «Esta reforma parece tener nombres y apellidos: Peinado, Puente o Beatriz Biedma», señalan fuentes judiciales a este diario. En su opinión, el texto no delimita con claridad los criterios objetivos para aplicar esta medida, lo que abre la puerta a una posible instrumentalización política.
Riesgo de “neutralización” del juez instructor
Uno de los principales temores es que el juez al que por turno le corresponda el caso pierda capacidad de decisión si sus dos compañeros designados discrepan de sus resoluciones. Aunque la norma indica que el instructor inicial seguirá siendo el ponente principal, en la práctica, podría verse neutralizado si queda en minoría.
Además, el sistema establece que los tres jueces asuman el caso hasta su finalización, y que puedan seguir recibiendo otros asuntos, lo que aumenta la carga y la complejidad en la gestión de los sumarios.
Designación a dedo
Los dos jueces adicionales serán nombrados por el presidente del Tribunal de Instancia, y, en última instancia, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Dado que estos cargos suelen estar vinculados a cuotas políticas, crece el recelo entre los profesionales de la justicia, que ven peligrar la independencia del poder judicial.
Enfrentamiento con las comunidades
La Comunidad de Madrid ha sido una de las primeras en anunciar acciones judiciales contra el Gobierno por la implementación de la nueva ley. El consejero madrileño de Justicia, Miguel Ángel García Martín, ha denunciado que la reforma se ha aprobado sin consulta previa a las autonomías con competencias judiciales, ni al propio Poder Judicial.
Según cálculos del Ejecutivo madrileño, aplicar esta ley en su territorio supondrá un gasto adicional de 43 millones de euros. Además, exigen la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Justicia, para debatir con el Ministerio las implicaciones financieras y organizativas de la norma.
Desde distintos sectores judiciales se advierte que la ley, lejos de modernizar la justicia, genera inseguridad y disfunciones. En vez de reforzar recursos, personal o medios tecnológicos, replantea de forma radical el modelo de instrucción, añadiendo más burocracia y posibles interferencias.
