Del AVE al banquillo: la expresidenta de ADIF, Pardo de Vera, podría acabar imputada por corrupción
El Supremo remite testimonio sobre Pardo de Vera al Juzgado nº 2
El alto tribunal señala indicios de criminalidad en la contratación de Jessica Rodríguez por parte de Isabel Pardo de Vera a instancias de Ábalos.
Investigación en marcha: posibles delitos en dos contratos públicos
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado remitir al Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional el testimonio relativo a la contratación de Jessica Rodríguez, a fin de que se valore si existen indicios suficientes para investigar a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, por su presunta implicación en una contratación irregular.
El caso está vinculado a la investigación principal contra el exministro José Luis Ábalos por la adquisición fraudulenta de material sanitario durante la pandemia.
Contrataciones sin actividad laboral efectiva
El auto del juez describe que Rodríguez fue contratada por dos empresas públicas, INECO y TRAGSATEC, pese a no haber desarrollado actividad laboral relevante. Las contrataciones habrían sido promovidas personalmente por Ábalos, con apoyo de su entonces colaborador Koldo García Izaguirre y, presuntamente, con el aval o participación activa de Pardo de Vera.
El juez Puente remite también informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la declaración prestada por Rodríguez, donde se exponen comunicaciones entre Isabel Pardo y Koldo que refuerzan la sospecha de enchufismo político y malversación.
Investigación ampliada a adjudicaciones de obras
El magistrado ordena a la UCO que investigue las adjudicaciones de obras públicas destacadas en fluorescente en los documentos aportados por el empresario Víctor de Aldama, considerado el principal conseguidor del caso. Se exige identificar a las empresas adjudicatarias y revisar los procedimientos utilizados.
Estas nuevas líneas de investigación se apoyan en un informe pericial caligráfico sobre las notas manuscritas atribuidas a Koldo García.
Nuevos testigos: Claudia Montes y César Moreno
El juez también acuerda citar a dos nuevos testigos. La primera, Claudia Montes, habría sido contratada irregularmente por LOGIRAIL, una filial pública del MITMA, bajo el amparo del círculo de Ábalos y con intervención de Koldo. Su declaración busca aclarar si existió una red organizada de colocaciones políticas encubiertas.
El segundo, César Moreno, aportará datos sobre los supuestos pagos periódicos de 10.000 euros que De Aldama habría realizado a Koldo o a sus allegados. Aunque citado como testigo, Moreno deberá acudir con abogado, ya que figura como investigado en otra causa paral
