La Audiencia de Barcelona ha ratificado la decisión del juzgado de Instrucción número 7 de procesar a 46 agentes de la Policía Nacional por su actuación durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en varias escuelas de Barcelona. Sin embargo, el tribunal ha rechazado la solicitud de investigar a más agentes, presentada por las acusaciones, así como archivar la causa contra ellos, en contra de las peticiones de sus defensas y con el respaldo mayoritario del fiscal.

La interlocutoria de la Audiencia establece que la calificación jurídica de los hechos va más allá de simples delitos de lesiones, sugiriendo que algunas conductas podrían ser incardinadas en el delito contra la integridad moral cometido por funcionario público. Este fallo ratifica el criterio del magistrado instructor, quien concluyó que en el IES Pau Claris los responsables del operativo policial no cumplieron con sus obligaciones de supervisión, evidenciando una actuación policial desproporcionada en general.

En este centro educativo, se identificó a un agente que saltó desde una escalera para agredir a un hombre, y otros tres agentes que fueron procesados por aparecer en vídeos lanzando escaleras abajo a varias personas.

En relación a la Escuela Mediterrània, el juez describió cómo los agentes se dirigieron directamente hacia la multitud y comenzaron a empujar a las personas congregadas, iniciando una situación violenta que resultó en personas empujadas al suelo y una persona con la cara ensangrentada, mientras un agente golpeaba con su defensa en la cara a personas desalojadas. Por estas acciones, el jefe del dispositivo y siete policías más fueron procesados.

Además, el responsable del dispositivo en el CEIP Els Horts fue procesado por una actuación claramente desproporcionada e innecesaria, al igual que otros tres policías por presuntamente lesionar a dos mujeres en el CEIP Marenostrum. También se destacó el caso de la escuela Infant Jesús, donde los agentes no actuaron ni requisaron material debido a una interpretación errónea del auto del TSJC, lo que el juez consideró como una actuación policial gratuita y menos justificable.

Las acusaciones populares, representadas por Òmnium Cultural e Irídia, consideran que esta decisión es un paso adelante en la lucha contra la impunidad de una actuación policial no solo desproporcionada, sino también delictiva, y un avance para acabar con la impunidad de la violencia policial.