Alberto González Amador demanda a Sánchez y a Bolaños por injurias
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una demanda en los tribunales contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por haberlo calificado como "delincuente confeso". Según informaron fuentes de su defensa y adelantó el diario El Mundo, González Amador reclama una indemnización de 150.000 euros: 100.000 euros al presidente del Gobierno y 50.000 euros al ministro de Presidencia. Este paso legal se enmarca como una acción preliminar a la presentación de una querella por injurias y calumnias.
La defensa del empresario sostiene que los comentarios de Sánchez y Bolaños vulneran los derechos fundamentales de González Amador, y que, con esta demanda de conciliación, buscan que ambos políticos se retracten públicamente de sus declaraciones. El origen de esta demanda se remonta a unas declaraciones realizadas por Pedro Sánchez durante una comparecencia en Bruselas, en las que expresó su apoyo al fiscal general del Estado, luego de que el Tribunal Supremo abriera una causa por presunta revelación de secretos relacionada con el procedimiento judicial que involucra a González Amador.
En dicha comparecencia, Sánchez afirmó: "El fiscal general ha hecho su trabajo, perseguir al delincuente", refiriéndose a González Amador como "un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda y que se ha lucrado y enriquecido con las mascarillas durante la pandemia". Estas declaraciones fueron seguidas por las del ministro Bolaños, quien en una comparecencia desde el Congreso señaló: "Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad".
El conflicto tiene su origen en la investigación judicial en curso contra González Amador, quien está imputado junto a otros cuatro empresarios por un posible fraude fiscal de 350.951 euros en los ejercicios de 2020 y 2021. Según la investigación, este fraude se habría realizado a través de una trama de facturas falsas con el objetivo de reducir la cuota tributaria de la empresa Maxwell Cremona S.L., de la que González Amador es administrador. En febrero, el empresario ofreció a la Fiscalía un pacto en el que admitía la comisión de dos delitos fiscales y proponía pagar una multa de 525.000 euros, además de cumplir ocho meses de prisión, con el objetivo de evitar un juicio.
Este proceso legal abierto contra los comentarios de Sánchez y Bolaños se suma a una serie de acciones judiciales que González Amador ha iniciado contra otros miembros del Gobierno, en relación con declaraciones públicas sobre su situación legal y fiscal.
