El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sido denunciado por un ‘ciudadano’ este sábado en un juzgado de Madrid por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, contemplado en el artículo 408 del Código Penal. En resumidas cuentas, por no haber denunciado en su momento la presunta estafa de Luis Medina y Alberto Luceño. Ambos ganaron casi seis millones de dólares en comisiones (el 44,5% del total de  la operación, según reconoció Luceño en su declaración ante Anticorrupción) vendiendo mascarillas y otros efectos sanitarios al Ayuntamiento capitalino en los peores momentos de la pandemia. Un contrato que en su día aplaudieron tanto PSOE como Podemos.

El ‘ciudadano’ en cuestión que ha llevado a Almeida ante los tribunales es el abogado Fernando Pamos de la Hoz. Y ¿quién es este abogado? Pues, ni más ni menos, que el letrado penalista que se encargó de la defensa del PSOE en 2003 después de que los diputados Eduardo Tamayo y Teresa Sáez se ausentaran de la Asamblea de Madrid en lo que se conoció como el tamayazo, que removió los cimientos de la política local madrileña y que llevó a la celebración de nuevas elecciones.

En la denuncia, adelantada por El Periódico de España y a la que ha tenido acceso Efe, el letrado esgrime que, "en su condición doble de funcionario y autoridad", Almeida tenía la "obligación inexcusable" de denunciar los hechos que investigó la Fiscalía Anticorrupción y que la llevaron a querellarse contra ambos empresarios, que presuntamente cobraron comisiones millonarias del susodicho contrato.

"Si la Fiscalía no hubiera presentado la querella admitida ahora a trámite, los hechos ahora investigados nunca habrían sido sacados a la luz, y la impunidad de los delitos tan graves, admitidos y consentidos por el Consistorio no denunciando los hechos, hubiere sido lograda", argumenta el abogado.

Dice además que la apertura de unas meras diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, que no supone "iniciación del procedimiento penal como tal", no eximía al Ayuntamiento de la responsabilidad de denunciar los hechos.

Pamos de la Hoz se plantea, asimismo, una serie de preguntas, como por qué no denunció el Ayuntamiento si en la instrucción de la causa consta "que iban siendo conocedores de los sobreprecios abusivos" impuestos por los empresarios, ni tampoco cuando supo que existían esas diligencias de investigación.

"¿Quién habría resarcido al erario de lo estafado si la Fiscalía no hubiere concluido las diligencias con una querella", cuestiona el letrado, quien reprocha a Almeida sus recientes críticas, "impropias de un abogado del Estado", a la Fiscalía por, precisamente, investigar esos contratos.

El denunciante censura asimismo "la absoluta falta de control del dinero público", abonado "de forma obscena" y sin contrastar el precio de mercado, lo que "les habría hecho conocedores de la estafa de libro".

Y califica de "sonrojante" el discurso de Almeida de que "el estafado fue el Ayuntamiento, cuando "el dinero es de la ciudadanía y que si por el mismo hubiere sido nadie habría investigado ni perseguido estos hechos".

Por todo ello solicita que se cite como investigado a Almeida para que declare sobre estos hechos.

El Juzgado de Instrucción número 47 de la capital admitió a trámite la semana pasada la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los dos empresarios, a los que imputa delitos de estafa agravada, falsedad de documento mercantil y blanqueo de capitales en relación a un contrato de compraventa de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.

Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, Luceño y Medina se embolsaron comisiones por importe de más de 6 millones de dólares por contratos de mascarillas, test y guantes por los que el Ayuntamiento pagó 11,9 millones de euros. Con ese dinero adquirieron varios coches de alta gama, una vivienda en Pozuelo de Alarcón o un yate.