Ábalos, investigado en Perú por apropiarse de una vivienda pagada con fondos públicos
Según publica El Debate, la Fiscalía de Perú ha abierto una investigación penal contra el exministro español José Luis Ábalos, actualmente imputado también por corrupción en España, por la presunta apropiación de un inmueble de 900 m² ubicado en Chimbote, al norte del país andino. La propiedad fue edificada con subvenciones procedentes de entidades públicas españolas, destinadas originalmente a fines sociales.
Citación como imputado por delitos penados con hasta seis años de prisión
Según la resolución firmada por la fiscal Angélica Benites Molina, del Segundo Despacho de Decisión Temprana de la Fiscalía Penal de Nuevo Chimbote, Ábalos está citado este viernes para declarar en calidad de imputado por los presuntos delitos de falsedad ideológica y fraude procesal. Las penas asociadas a estos delitos pueden alcanzar hasta seis años de prisión.
Junto a Ábalos también ha sido imputada Jenifer Balta Cueva, su colaboradora en Perú. Ambos están acusados de simular una compraventa y presentar documentación falsa para apropiarse del edificio. La denuncia partió del presidente de la Asociación de Vivienda de Trabajadores Marítimos y Portuarios de Chimbote, entidad inicialmente beneficiaria del proyecto.
Construcción con fondos españoles y titularidad no declarada
El inmueble fue financiado con unos 150.000 euros en ayudas procedentes de:
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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
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La Junta de Castilla-La Mancha (bajo la presidencia de José Bono)
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La Diputación de Valencia
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Diversos ayuntamientos del PSOE, entre ellos Santa Pola y Liria
La edificación pasó a figurar a nombre de José Luis Ábalos y de Manuel Valls Ferrer (empresario valenciano ya fallecido), según consta en el registro oficial peruano. El exministro no incluyó esta propiedad en sus declaraciones de bienes ante el Congreso español.
Acciones legales y desalojo de los beneficiarios originales
Según la investigación, Ábalos utilizó un poder notarial otorgado en el Consulado de Perú en Madrid en 2019, en el que se identificó como “profesor” para no declarar su cargo como ministro. La apoderada Balta empleó dicho documento para promover acciones judiciales de desalojo contra los beneficiarios originales del inmueble, que fueron acusados de allanamiento pese a haber ocupado legítimamente el edificio durante más de una década.
Conexión con Fiadelso y la trama investigada por la UCO
El caso se enmarca en el contexto más amplio de investigación de la ONG Fiadelso, vinculada al entorno de Ábalos y actualmente bajo la lupa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en España por la gestión de ayudas públicas. La UCO ya incluyó esta propiedad en un informe remitido al Tribunal Supremo, que investiga al exministro por presuntos delitos de corrupción.
La citación de la Fiscalía peruana coloca a Ábalos formalmente como investigado en una causa internacional de posible apropiación indebida de un bien construido con dinero público. La evolución de este proceso penal podría tener implicaciones tanto legales como políticas para el exministro, cuya situación judicial se agrava dentro y fuera de España.
