Ábalos cambió los estatutos de Ineco antes de enchufar a Jésica Rodríguez en Ineco
José Luis Ábalos, quien fue ministro de Fomento entre junio de 2018 y julio de 2021, firmó el 7 de septiembre de 2018 una orden que permitió a la empresa pública Ineco operar formalmente como medio propio de la Administración General del Estado. Esta decisión facilitó la posterior incorporación de Jésica Rodríguez, pareja del exministro, a dicha empresa en marzo de 2019, con el objetivo de participar en un proyecto de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), según publica The Objective.
Designación como medio propio
Aunque Ineco ya actuaba como medio propio desde 2008, la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público en marzo de 2018 obligó a una formalización de este estatus. La orden firmada por Ábalos permitió que Ineco quedara habilitada bajo el nuevo marco legal para recibir encargos directos de organismos públicos como ADIF. Esta autorización también benefició a Joseba García, hermano del asesor Koldo García, quien fue contratado en febrero de 2019.
La Abogacía del Estado especifica que el Consejo de Ministros es el órgano competente para declarar una empresa como medio propio, y que deben verificarse las condiciones de recursos humanos y materiales disponibles. En el caso de Ineco, este proceso se culminó con el respaldo ministerial bajo la responsabilidad de Ábalos.
Sobreprecios y falta de actividad
Según fuentes del caso Koldo, ADIF abonó un sobrecoste de 20.000 euros por el contrato de Jésica Rodríguez. A pesar de estar en nómina, nunca habría desempeñado funciones concretas. En audios intervenidos por la Guardia Civil, Rodríguez reconocía no entender sus obligaciones laborales y manifestaba dudas incluso sobre el registro de su jornada.
En paralelo, Joseba García firmó una autorización para que Rodríguez pudiera ausentarse de Madrid por motivos laborales en marzo de 2019. No hay constancia de que cumpliera con funciones asignadas.
Informe de la IGAE
En 2019, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) evaluó la memoria técnica que acreditaba la capacidad de Ineco como medio propio. En ella se hacía referencia a la necesidad de recabar la autorización expresa de cada ente que fuera a realizar encargos. Varias de esas conformidades no habrían sido recabadas en su totalidad.
Ley y uso político de las sociedades públicas
El artículo 32 de la Ley de Contratos exige que toda empresa pública designada como medio propio esté reflejada en los estatutos, con autorización expresa y recursos suficientes. Aunque el instrumento legal pretendía dar flexibilidad a las administraciones, en la práctica se ha utilizado para facilitar contrataciones de perfiles cercanos al poder político.
