El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha hecho pública, este jueves, la condena a cuatro años de cárcel y nueve de inhabilitación a la líder de JxCat y expresidenta del Parlament, Laura Borràs, por fraccionar un total de 18 contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que dirigió entre 2013 y 2017, por valor de valor de 300.000 euros, para adjudicarlos sin necesidad de concurso público a su amigo el informático Isaías Herrero. Pese a que para la Sala Civil y Penal del órgano catalán ha quedado acreditada la prevaricación cometida por Borrás, han solicitado para ella un indulto parcial con el que se evitaría su ingreso en prisión. Un mecanismo que, si bien está contemplado como posbilidad en el artículo 4.3 del Código Penal, no ha sido utilizado de forma habitual ni por la Audiencia Provincial de Barcelona, ni por el propio Tribunal sentenciador, por lo que la petición ha causado un gran revuelo en el mundo judicial.

«No tiene sentido» más allá del «populismo» punitivo que «parece haberse instalado», a veces, en Cataluña y de la «connivencia» de la resolución con la «relajación» en las sanciones previstas, en el nuevo Codigo Penal del Gobierno, a la medida de los separatistas, para el delito de malversación, apuntan algunos expertos consultados por El Debate. Máxime cuando dicha reforma legal fue pactada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para lograr el apoyo de sus socios separatistas de Esquerra (ERC) a los últimos Presupuesto Generales del Estado.

«Ha quedado acreditado» que Borrás incurrió en «irregularidades» al adjudicar a dedo una serie de trabajos orientados a la creación de una web para la ILC que, si bien eran adjudicados a diferentes empresas, acababan siendo efectuados, siempre, por el amigo de Borrás. Y, sin embargo, y más allá de la petición de indulto parcial para minorar la pena en dos años y evitar la imagen de la expresidenta de la cámara parlamentaria catalana ingresando en un centro penitenciario, se recoge hasta un voto particular de la magistrada María Jesús Manzano que sostiene que debe ser castigada sólo con la inhabilitación.