Los sindicatos CCOO y UGT han instado al Gobierno de España a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Castilla y León, debido a la parálisis del Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA) desde el 22 de enero. Esta situación ha sido calificada de "insumisión" por las organizaciones sindicales, quienes señalan directamente a Vox y al gobierno autonómico por el ahogo financiero y operativo del servicio.

Pepe Álvarez y Unai Sordo, líderes de UGT y CCOO respectivamente, han hecho pública su demanda ante la grave situación que enfrentan los trabajadores de la región. El bloqueo del SERLA, según denuncian, ha dejado a unos 600 trabajadores sin acceso a mediación laboral, forzándolos a buscar resolución a sus conflictos en la vía judicial. La situación es crítica: no solo no hay fondos para operar, sino que los empleados del servicio aún no han recibido sus salarios de enero.

El estrangulamiento financiero y operativo del SERLA ha sido un golpe directo a la mediación laboral en Castilla y León. Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical de CCOO, ha subrayado la importancia exclusiva del SERLA en la gestión de conflictos laborales en la comunidad, un rol que no puede ser sustituido por otros servicios de mediación. El cierre técnico del servicio no solo afecta a los trabajadores actuales sino que pone en riesgo la resolución eficiente de futuros conflictos laborales.

La situación ha alcanzado un punto crítico donde la intervención del Gobierno central parece ser la única vía para asegurar la continuidad de los servicios de mediación en Castilla y León. Los sindicatos han recordado que el SERLA ha gestionado el mayor número de conflictos laborales en sus 25 años de historia, resaltando la efectividad y la necesidad crítica de su funcionamiento para el bienestar de unos 150.000 trabajadores.

El consejero Mariano Veganzones, de Vox, ha sido señalado por su papel en la crisis, enfrentando críticas por parte de los sindicatos y la oposición por su gestión. La falta de voluntad política para resolver esta situación ha sido un tema recurrente en las declaraciones de los líderes sindicales, quienes apelan a la responsabilidad del Gobierno de Castilla y León y al Gobierno central para encontrar una solución inmediata.

Esta situación sin precedentes en Castilla y León pone de relieve la tensión entre los derechos laborales, la gestión autonómica y la supervisión del Gobierno central. La aplicación del artículo 155 se perfila como una medida extrema pero necesaria ante la inacción de la Junta y la urgencia de restablecer los servicios críticos para la mediación laboral en la comunidad.