26.04.2024 |
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ALERTA El Diario de Cantabria

OKUPACIÓN

Torrelavega, el hogar ‘sin ley’ de la lacra de la okupación: «Vuestro caso tiene difícil solución en año electoral»

Amparados por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que gobierna en la ciudad, junto al PSOE, los okupas se aprovechan de los resquicios de la Ley y la cuestionada gestión de los Servicios Sociales |  La familia torrelaveguense afectada por un caso de okupación en Nueva Ciudad, presentará alegaciones ante la Justicia sobre un informe entregado por los Servicios Sociales, porque entienden que «ese informe no dice la verdad de lo que está ocurriendo, porque no se está haciendo un seguimiento de esa persona, ni tampoco de nuestra situación real» 

Una imagen del último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Torrelavega, donde la presidenta del movimiento ‘Meruelo sin okupas’ y coordinadora a nivel nacional de la plataforma ‘Mi barrio seguro’, Noemí Muñoz, detallaba los datos «abrumadores» de los casos en Torrelavega y Cantabria, que siguen en aumento. Sujetando el cartel al fondo, Elina Villegas. / ALERTA
Una imagen del último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Torrelavega, donde la presidenta del movimiento ‘Meruelo sin okupas’ y coordinadora a nivel nacional de la plataforma ‘Mi barrio seguro’, Noemí Muñoz, detallaba los datos «abrumadores» de los casos en Torrelavega y Cantabria, que siguen en aumento. Sujetando el cartel al fondo, Elina Villegas. / ALERTA
Torrelavega, el hogar ‘sin ley’ de la lacra de la okupación: «Vuestro caso tiene difícil solución en año electoral»

Termina el año 2022, y comienza otro año más, el cuarto ya, desde que Elina y sus padres sufren la okupación de su hogar, porque un hombre no quiere salir de la casa, propiedad de la familia Villegas.

Además, este hombre, con la ayuda de los Servicios Sociales, consigue ser declarado ‘en situación de vulnerabilidad’ una y otra vez, pese a no cumplir con los requisitos mínimos, según los datos demostrados y denunciados por la familia de Elina. «Los Servicios Sociales no están haciendo ningún seguimiento del caso, no saben cómo vive este hombre, y a pesar de ello, le siguen declarando vulnerable, para que pueda quedarse en el piso», denuncian los propietarios.

En el procedimiento de desahucio de esta persona, por impago del alquiler durante más de tres años, la Justicia solicitó a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega, el pasado mes de diciembre, un nuevo informe de la situación actual en la que se encuentra.

En ese informe, al que ha tenido acceso ALERTA, se indican varios puntos por los que le declaran en situación de vulnerabilidad, pese a que no son correctos, según afirma el abogado de la familia afectada y denuncia Elina.

Por ese motivo, la familia Villegas, ha presentado alegaciones ante la Justicia de Cantabria, señalando los «errores y datos incorrectos» de los Servicios Sociales redactados en ese informe, que «ampara al delincuente».

Además, los padres de Elina, incluyen en esas alegaciones, un informe redactado por una trabajadora social sobre su propia situación familiar, porque consideran «que estamos en peor situación que ese hombre, porque tenemos que hacernos cargo de todos los gastos, trabajando 15 horas seguidas algunos días», denuncia María, la madre de Elina.

Dos informes de los Servicios Sociales, el del okupa, integrado por 6 folios, y de los propietarios, de tan solo 2 folios.

EL INFORME DEL OKUPA. El pimer informe -el del okupa- detalla la historia familiar, y la trabajadora social indica, expresamente, que son de etnia gitana; los antecedentes en ayudas económicas por parte de Servicios Sociales, que curiosamente comenzaron en el año 2019, cuando dejaron de pagar el alquiler; también detalla la situación sociofamiliar, el estado de salud del okupa, la situación de vivienda y la situación económica, laboral y formativa.

A partir de ahí, la trabajadora social hace una valoración y propone una intervención de supervisión en la búsqueda de vivienda, ayuda en la búsqueda de empleo, y asesoramiento. Se indica también que se han realizado varias entrevistas, citas y contacto telefónico con los miembros de esa familia.

Y con todo ello, en esta ocasión, rebajan la condición de ‘Especial Vulnerabilidad’, pero la trabajadora social sigue considerando en Situación de Riesgo Moderado, ‘Vulnerable’, al okupa.

EL INFORME DE LA MADRE DE ELINA. Tras una única reunión en el mes de agosto de 2022, la trabajadora social, emite un informe bastante escueto, «hecho deprisa y corriendo», de tan solo dos folios, para entregar a la familia en diciembre, después de muchos requerimientos por parte de su abogado, y la propia Elina.

Cinco meses después de una única visita, y tras muchas llamadas, la trabajadora social envía a los afectados, dos folios con datos incorrectos, errores en las fechas, «alarmantes», que indica «dejadez de funciones y pereza, por parte de los Servicios Sociales», denuncian.

En este informe de vulnerabilidad, no se detalla la historia familiar, como en el otro caso. Si la situación de la vivienda actual, con problemas arquitectónicos, defectos que la familia no tiene medios económicos para hacer frente a sus reparaciones. También habla de su situación socioeconómica, pero la trabajadora social indica más ingresos de los que realmente perciben, incluso indica que todos los miembros se encuentran trabajando, pero tampoco es correcto.

El informe sí habla del estado de salud de los tres miembros, los cuales se encuentran en tratamiento psicológico, por todo lo que están pasando, y de ahí, la trabajadora social pasa a hacer su valoración, que según la ‘Estrategia Europa 2020’, no los considera en Situación de Vulnerabilidad, a pesar de que cumplen con los requisitos, pero como los datos registrados no son correctos, los Servicios Sociales, «se despachan» a esta familia «dejándonos en el desamparo total», denuncian. «No han vuelto a aparecer por nuestra casa, desde agosto de 2022», lamenta María.

Son dos informes, uno del Ayuntamiento de Torrelavega, y otro del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, que distan mucho uno del otro, porque en el primero utilizan el ‘Instrumento Técnico Común de Valoración de la Vulnerabilidad y la Exclusión Social’, pero en el caso de la madre de Elina, utilizan ‘la Estrategia 2020 de situación de pobreza’, otro sistema distinto de evaluación de la situación global de esta familia, y por ello, no le consideran ‘vulnerable’. Para considerar a personas en situación de vulnerabilidad deben acreditarse varios puntos, pero en esencia, los más importantes son dos, la unidad de convivencia, y los ingresos anuales del total de los miembros de la familia que convive en un mismo domicilio.

UNIDAD DE CONVIVENCIA. En el primer informe, el del okupa, la trabajadora social, incluye en la unidad familiar al hombre, a su madre, y a un hijo menor, pero no es correcto, según nos cuenta Elina, porque la madre está empadronada en otro domicilio en un barrio cercano.

Pero eso el informe no lo señala, sino que, por el contrario, da por hecho, sin haberlo contrastado, que la unidad de convivencia está formada por 3 personas, una de ellas menor.

INGRESOS. En el caso del okupa, según consta en ese informe, percibieron hasta agosto de 2022, cerca de 1.300 euros de IMV, más una prestación por el nacimiento de otro hijo, aunque no dice la cuantía, además de sus ingresos por la venta ambulante en los mercados de Torrelavega y Cabezón de la Sal, aunque no se especifica exactamente cuánto percibe al mes, por lo que no se puede cuantificar.

En cambio en la familia Villegas, conviven 3 adultos, de los que trabajan solo dos, y los ingresos no superan «en absoluto» el mínimo para que puedan soportar los gastos corrientes y de impuestos, mes a mes, en la situación actual en la que se encuentran.

Reunión con los Servicios Sociales

Elina y sus padres también pidieron volver a reunirse con los Servicios Sociales, pero los responsables les dijeron que tampoco podían hacer nada por ellos. El gerente del departamento, José Elpidio Gutiérrez López se reunió con Elina y su madre para saber del caso. «Nos dijo que entiende nuestra situación pero que no puede hacer nada».

Además, en el informe entregado a la Justicia, la Trabajadora Social afirma que la madre y el hijo se encuentran inscritos en el registro de demandantes de vivienda de protección oficial, pero ninguno de los dos aparecen en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura. Añade además que los okupas han acudido a Gesvican para la búsqueda de alquiler social, pero que «hay poca oferta, los precios son muy elevados y piden condiciones muy exigentes como seguro de impago, fianza o nómina», señala la Trabajadora Social. En el informe se señala que los Servicios Sociales derivaron al okupa a la Agencia de Desarrollo Local para la búsqueda de empleo, pero que ésta no ha hecho ninguna propuesta, es decir, no se ha avanzado nada y el okupa tampoco ha solicitado empleo.

La oposición propone devolver a los propietarios el IBI abonado en caso de ocupación ilegal de vivienda

Se ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a tomar «cuantas medidas sean necesarias» para que las administraciones públicas devuelvan a las víctimas de ocupación ilegal las cantidades abonadas en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondientes al periodo de tal ocupación ilegal. La propuesta está pendiente de resolución.

Reunión con el alcalde Javier López Estrada

Javier López Estrada.
Javier López Estrada.

Cargo: Alcalde del Ayuntamiento de Torrelavega. (PRC)

Funciones: Alcalde

Retribuciones:

Año 2022

Retribuciones...56.040,96 euros

Otros.....................13.229,28 euros

Total................69.270,24 euros

En este punto, Elina y sus padres solicitaron ayuda de nuevo al Ayuntamiento de Torrelavega. Su alcalde, el regionalista Javier López Estrada, en una segunda entrevista, les indicó que nada podía hacer por ellos, responsabilizando al Gobierno Central de su situación, al haber ampliado hasta junio de 2023 la suspensión de cualquier desahucio. En esa reunión, el alcalde, en cambio, sí afeó que Elina y sus padres hubieran hecho público su caso en los medios de comunicación, y así se lo hizo saber a esta familia trabajadora.

«Nos quedamos helados, cuando nos dijo que le parecía mal que lo hubiéramos denunciado públicamente», nos cuenta la afectada. «No tenemos nada en contra del alcalde, sólo pedimos ayuda a las Administraciones Públicas, desde todos los ámbitos posibles, esto es insostenible», lamenta María.

Reunión con el presidente de Cantabria

Miguel Ángel Revilla
Miguel Ángel Revilla

Cargo: Presidente del Gobierno de Cantabria. (PRC)

Funciones: Presidente regional

Retribuciones:

Año 2022

Retribuciones..........64.606 euros

Otros..........................949,09 euros

Total................65.555,09 euros

Por último, esta familia trabajadora solicitó reunirse con el presidente de Cantabria y secretario general del Partido Regionalista Cántabro, Miguel Ángel Revilla, -que hoy visita el programa ‘El Hormiguero’ junto a su mujer, para celebrar sus 80 cumpleaños.

El presidente regional no les recibió, pero sí se entrevistaron con su asesor político, Ramón Basurto Díaz, quien escuchó sus quejas y tomó nota de sus reivindicaciones. «Pero nada más, no sabemos nada ni del asesor personal de Revilla ni del propio presidente», dice María, que ya no ve más caminos por donde seguir, para poder solucionar este problema que les atormenta.

«En la reunión solicitamos que nos facilitase los documentos necesarios para pedir la compensación, pero ni siquiera sabía de lo que le hablábamos», dice perpleja Elina, cuando «nos recibe una persona que no tiene conocimientos de asistencia social. Nos recibió para quedar bien».


Reunión con Ramón Basurto Díaz. 

Ramón Basurto Díaz
Ramón Basurto Díaz

Cargo: Director de Gabinete

del Presidente. (PRC)

Funciones: Asesor político.

Retribuciones:

Año 2022

Retribuciones...64.448,69 euros

Dietas.....................12.152,28 euros

Total................76.600,97 euros

«Vuestro caso tiene difícil solución porque estamos en año electoral». Estas fueron las palabras del Director de Gabinete de Miguel Ángel Revilla, Ramón Basurto Díaz, cuando Elina y su madre se reunieron en la sede del Gobierno de Cantabria, para pedir soluciones ante «el abandono» de las Instituciones Públicas. «Nos sentimos abandonados, ni siquiera sabía qué era la ayuda de compensación para los afectados por las ocupaciones», se lamenta María.

Torrelavega, el hogar ‘sin ley’ de la lacra de la okupación: «Vuestro caso tiene difícil solución en año electoral»
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