Suspendida la vista por el acuerdo de la trama de Obras Públicas
El juicio del caso Obras Públicas no se celebrará tras el acuerdo entre acusados, Fiscalía y Gobierno cántabro, que contempla penas de prisión e indemnizaciones por adjudicaciones irregulares de contratos
La Audiencia Provincial de Cantabria ha suspendido la vista prevista para este viernes, 31 de octubre, destinada a formalizar el acuerdo alcanzado en el conocido como caso Obras Públicas. La suspensión se debe a la imposibilidad de uno de los acusados de acudir a la sesión, según han confirmado fuentes judiciales.
El acto estaba fijado para las diez de la mañana y tenía como objetivo la ratificación de la conformidad de los procesados en la causa por adjudicación irregular de contratos de carreteras por parte de un funcionario de la Consejería de Obras Públicas a diversos empresarios del sector en la región.
El procedimiento, que debía estar presidido por la magistrada Almudena Congil, presidenta de la Sección Tercera de la Audiencia y del tribunal del jurado, será reprogramado para una nueva fecha aún por determinar. En dicha vista, la Fiscalía, el Gobierno de Cantabria -personado como acusación particular- y los encausados firmarán el acuerdo alcanzado durante la fase de instrucción. De esta forma, se evitará la constitución de un jurado popular, ya que los acusados han manifestado su intención de reconocer los hechos y aceptar las penas solicitadas por las acusaciones, lo que hará innecesaria la celebración de un juicio ordinario.
Aunque la vista estaba fijada para este viernes, la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla la posibilidad de suspender una sesión si concurren causas justificadas, como la coincidencia con otros señalamientos judiciales de los abogados implicados o la imposibilidad de asistir de alguno de los acusados. En este caso, la suspensión se ha producido por la ausencia de uno de ellos, según han confirmado las fuentes consultadas.
El caso Obras Públicas fue investigado por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander desde el 18 de octubre de 2022. El auto de apertura de juicio oral se dictó el 12 de septiembre de 2024. La causa ha requerido un amplio trabajo de instrucción, reflejado en más de un centenar de tomos: 56 de trámite, 55 de documentación anexa y más de doce terabytes de información digital.
Penas de hasta siete años de prisión
El acuerdo de conformidad contempla penas de prisión de hasta siete años y un día para el principal acusado, Miguel Ángel B.D., funcionario de la Consejería y considerado el cabecilla de la red. Este se enfrentaba a delitos de fraude en la contratación, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Además, será inhabilitado durante nueve años y tres meses para ejercer cargos públicos y deberá abonar una multa cercana al millón de euros. Inicialmente, también se le atribuía un delito de prevaricación, pero quedó fuera del pacto final.
La esposa del funcionario será condenada a un año y un día de prisión y al pago de 478.513 euros por blanqueo de capitales en concurso con falsedad documental. El resto de procesados, empresarios vinculados a empresas del sector de la construcción y mantenimiento de carreteras —entre ellos representantes de API Movilidad, IMESAPI, CANNOR, La Encina y RUCECAN— se enfrentan a penas de entre uno y algo más de dos años de prisión. Todos ellos han reconocido los hechos y reparado económicamente el daño causado al Gobierno regional, estimado en más de 1,6 millones de euros. De esa cantidad, 749.648 euros corresponden al funcionario principal.
Las penas para los empresarios incluyen, además, multas de 1.800 euros y la inhabilitación durante tres años y ocho meses para contratar con la administración pública o recibir subvenciones y beneficios fiscales.
El escrito de conformidad describe que el funcionario, «prevaliéndose de su condición en el Servicio de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria», se concertó a lo largo de muchos años en múltiples expedientes de contratación de obras con empresarios del sector para favorecerles en la adjudicación de los mismos a cambio de ilícitas remuneraciones como contraprestación a sus servicios irregulares.
Según el mismo documento, el funcionario aprovechó las «posibilidades» que le ofrecía su cargo para «adulterar sistemáticamente los procedimientos de contratación del servicio de carreteras autonómicas mediante diferentes conductas», generando un «grave quebranto en los intereses económicos» de la administración autonómica. Las partes coinciden en que «el conciliábulo para dirigir el proceso de contratación de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Cantabria estaba formado» por el funcionario y los empresarios que han admitido su implicación.
