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Roberto Media exige «diálogo real» para aprobar el Plan de Vivienda

El consejero de Vivienda, Roberto Media, exige al Ministerio de Vivienda más participación de las comunidades autónomas y critica la falta de consenso previo en el Plan de Vivienda 2026-2030

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (c), durante la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana. / Alberto Ortega
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (c), durante la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana. / Alberto Ortega

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha exigido al Ministerio de Vivienda, encabezado por Isabel Rodríguez, que se establezca un «diálogo de verdad» y que se trabaje de forma conjunta con todas las comunidades autónomas para aprobar el Plan de Vivienda 2026-2030 de manera consensuada.

Esta demanda se presentó en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda, que tuvo lugar en Madrid y que fue presidida por la ministra Rodríguez. En este evento, se dieron cita los consejeros responsables de vivienda de las diferentes comunidades autónomas, quienes discutieron el contenido del mencionado plan.

El consejero Media lamentó que el Ministerio de Vivienda no hubiera contado con la participación de las comunidades autónomas antes de elaborar el plan, resaltando que «no somos un actor más, somos quienes pagamos y ejecutamos con nuestros presupuestos este Plan».

Criticó también la falta de reuniones previas, a pesar de que la ministra había ofrecido colaborar con las comunidades. Según Media, la ausencia de estas reuniones preventivas ha ocasionado que el proceso fuera menos fluido, y señaló que, de haberse celebrado encuentros antes, el asunto podría haberse resuelto con mayor eficacia.

El consejero apuntó, además, que las comunidades autónomas únicamente podrán aportar sus opiniones durante el proceso de información pública, un espacio que consideró insuficiente para tratar un asunto tan relevante. «Así no se trata un tema tan serio como este. No sé qué problema tienen para escucharnos», expresó. Subrayó que si se hubiera contado con una mayor interacción desde el principio, muchas de las discrepancias actuales podrían haberse evitado.

En cuanto al contenido del Plan de Vivienda, Media reconoció que existen aspectos positivos que merecen ser valorados, pero también expresó que había elementos que deberían haber sido previamente consensuados con las comunidades autónomas en lugar de ser impuestos.

En este contexto, el titular de Vivienda en Cantabria adelantó que su región presentará alegaciones «con ánimo absolutamente constructivo» para mejorar el plan, destacando que la vivienda es «el problema actual y de futuro más importante que tiene el país». Aseguró que Cantabria apostará por dejar de lado las ideologías y buscar acuerdos en beneficio de la ciudadanía.

Sobre la financiación del plan, el consejero recordó que Cantabria contribuyó con el 55,7% del coste total en el último Plan de Vivienda, frente al 44,3% que aportó el Gobierno central. Este aporte está lejos de la distribución equilibrada del 30% para las comunidades y 70% para el Ejecutivo central que, a juicio de Media, debería haberse logrado.

Otro de los temas tratados fue el papel de la SAREB, la sociedad pública encargada de gestionar los activos inmobiliarios de la banca. Media pidió la colaboración del Ministerio para desbloquear la situación de muchas viviendas que pertenecen a la SAREB. Como ejemplo, mencionó una urbanización de más de 70 viviendas en Cantabria que, aunque podrían destinarse a quienes más lo necesiten, actualmente se encuentran en un estado de paralización.

En relación con otras medidas, Cantabria votó favorablemente a la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, pero expresó nuevamente su malestar por la «maraña burocrática» que genera el Ministerio en las comunidades autónomas. En este sentido, el consejero instó al Gobierno a encontrar soluciones para aliviar la carga administrativa que enfrentan las comunidades al gestionar estos programas.

Finalmente, Media planteó que es urgente resolver el «gran problema de inseguridad jurídica» que afecta a los fondos europeos, destacando que las administraciones autonómicas, como la cántabra, han tenido que garantizar estos fondos con sus propios presupuestos debido a la falta de claridad jurídica, lo que ha dificultado la financiación de proyectos a través de los concursos públicos.

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