El exalcalde de Santoña, Sergio Abascal (PSOE), se dispone a declarar este próximo miércoles, 28 de febrero, en un giro crucial en la causa contra la también exregidora de la villa, la igualmente socialista Puerto Gallego, y los ocho concejales de su equipo de gobierno, inhabilitados por prevaricación administrativa durante su periodo en el Ayuntamiento por fraccionar contratos entre los años 2003 y 2009.

La comparecencia de Abascal está programada para las 9.15 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, en una sesión donde se deliberarán sobre los recursos de apelación contra la sentencia condenatoria, pronunciada en noviembre de 2021 por la jueza de lo Penal 1 de Santander.

Este paso se deriva de la decisión del tribunal de sumar nueva prueba testifical y documental solicitada por la defensa de Gallego y sus concejales, inicialmente rechazada en el inicio del juicio por la magistrada.

La Sala ha accedido, a petición de la defensa, a incluir diversos documentos vinculados con la contratación pública ejecutada durante la administración de los acusados y expedientes de empresas que ofrecían servicios al municipio.

Esta evidencia fue propuesta para "demostrar el esfuerzo realizado por mis representados en la regularización de todos los contratos objeto de la acusación", según una de las defensas, destacando que muchos contratos se venían ejecutando por los mismos proveedores desde tiempos remotos, mucho antes de que los acusados asumieran sus cargos.

La Audiencia ha decidido admitir esta prueba crucial en una resolución emitida tras el recurso presentado luego de la sentencia condenatoria, una prueba que se añadirá a la ya realizada durante el plenario, que tuvo lugar hace más de dos años en el salón de actos del complejo judicial de Las Salesas.

Posteriormente a la vista oral, Gallego fue sentenciada a cinco años de inhabilitación especial para ejercer cualquier cargo público en la administración local, mientras que sus ediles socialistas, también acusados de aprobar unánimemente el pago de facturas a pesar de los reparos del interventor, recibieron cuatro años de inhabilitación para ocupar esos puestos.

La Audiencia aceptó en septiembre de 2022 la prueba testimonial del entonces alcalde de Santoña, que había sido rechazada inicialmente por la magistrada. Los apelantes argumentaron que Abascal podría proporcionar detalles esenciales sobre el comportamiento de los acusados durante el periodo investigado, ya que él se encontraba en el Ayuntamiento en aquel momento y continuó en el cargo posteriormente.

Además, la AP aceptó la prueba documental solicitada por los abogados defensores, que intentaron presentarla al inicio del juicio pero fue denegada por la jueza.

Estos documentos incluyen detalles sobre la contratación pública realizada mientras los condenados formaban parte del Consistorio, solicitando al Ayuntamiento que remita expedientes de contratos con ciertas empresas y desde cuándo estas ofrecían servicios municipales.

El caso también indaga si los acusados participaron en determinadas juntas de gobierno o en más, y otros aspectos de los expedientes mencionados, como el tiempo de tramitación o si hubo motivos que pudieran justificar retrasos.

La ley, como destacó la Sala, "no impone un plazo preclusivo para la aportación de documentos, menos aún a la defensa", cuestionando el rechazo inicial de una prueba propuesta adecuadamente y sin razón aparente.

La investigación, que comenzó con una denuncia del exconcejal de Falange Leoncio Calle Pila por actuaciones entre 2003 y 2009, se complicó con aplazamientos del juicio y la sentencia emitida en dos días, tras años de procedimientos y la inclusión de acusaciones por parte del PP, que se sumó a la petición de condena junto al fiscal, argumentando una "prevaricación clarísima". Las defensas, por su parte, solicitaron la absolución total de los acusados.

Inicialmente programada para 2019, la vista se pospuso por la falta de documentación esencial, y se reprogramó para abril de 2020, pero se vio afectada por la pandemia del Covid-19 y posteriormente por problemas de agenda de los abogados, mostrando la complejidad y los desafíos del proceso judicial en este caso emblemático de la administración pública en Cantabria.