Del Puerto de Santander al sótano del PSOE: cloacas made in Cantabria

Un USB con 224 GB para atacar a la justicia

Según revelaron este fin de semana medios nacionales, Leire Díez entregó al PSOE un dispositivo USB con 224 gigabytes de información clasificada. En su interior había documentos orientados a desprestigiar al juez Juan Carlos Peinado y al fiscal José Grinda, ambos involucrados en la instrucción de causas como la del exviceministro chavista Nervis Villalobos y presuntos delitos vinculados a PDVSA.

El material apuntaba incluso a un supuesto montaje de pruebas por parte de un agente policial, en un intento de dinamitar casos judiciales donde podría haber implicaciones de interés para el PSOE. El objetivo, según fuentes internas, era evitar consecuencias legales mayores para varios de sus cuadros políticos o personas de confianza.

Una red de influencia desde Cantabria hasta Ferraz

Leire Díez no es una desconocida en Cantabria. Exresponsable de Correos en la región, aparece en imágenes institucionales junto a figuras como Javier López Marcano, Ainoa Quiñones y Francisco Martín. Su proyección interna en el PSOE fue rápida: pasó de gestora regional a operadora directa de Ferraz.

Una red clandestina con un comisario apartado por falsificar pruebas

Según ha desvelado El Debate, Leire Díez coordinaba una célula del PSOE destinada a recopilar información para neutralizar investigaciones judiciales, policiales y periodísticas que comprometieran al entorno de Pedro Sánchez. En el centro de esta estructura estaba el comisario ya jubilado Marcelino Martín Blas, apartado de la Policía Nacional en 2015 por haber incluido pruebas falsas en un informe judicial.

Martín Blas dirigía en aquel momento la investigación sobre el llamado Pequeño Nicolás y fue cesado tras atribuir erróneamente una imagen de videovigilancia al comisario Villarejo —con quien mantenía enemistad— cuando en realidad se trataba de un jubilado paseando un perro. A pesar de este antecedente, el PSOE lo propuso años después como testigo en la comisión parlamentaria sobre la Operación Cataluña.

Leire Díez mantuvo una decena de contactos con Martín Blas, tanto presenciales como por vía telefónica. El objetivo declarado era “conocer el funcionamiento de las cloacas”, aunque según fuentes próximas, el comisario utilizaba los encuentros para facilitar nombres de antiguos compañeros y lanzar acusaciones sin pruebas contra policías que participaron en investigaciones contra Podemos o el independentismo catalán.

Además, dos emisarios cercanos a Díez viajaron a Badajoz para investigar a la jueza que instruye el caso del hermano de Sánchez. La operación se desarrolló en la sombra, sin aval judicial ni institucional, y con total opacidad respecto a su objetivo real.

Este nuevo bloque de información refuerza la idea de que la estructura en torno a Leire Díez no era solo política: era operativa. Involucraba antiguos mandos policiales, recursos públicos y acciones diseñadas para blindar judicialmente a miembros del Gobierno o evitar escándalos antes de citas electorales clave.

¿Quién autorizó estos movimientos? ¿Quién respondía por ellos? ¿Y cuántas instituciones más se usaron para fines partidistas? Preguntas que siguen sin respuesta clara desde Ferraz y Moncloa.

Su papel como enlace político ha sido clave en casos como la presión a la Guardia Civil en el caso Koldo o los intentos de frenar filtraciones comprometedoras para Pedro Sánchez y su entorno. El caso del USB confirma que su campo de acción también alcanzó al ámbito judicial.

Correos: ascensos exprés mientras se acumulaban pérdidas

Paralelamente a la entrega del USB, Díez fue ascendida dentro de Correos a directora de Filatelia, tras la salida de Elena Fernández Escurela, persona de confianza del anterior equipo. Según fuentes internas, el proceso se resolvió “por vía exprés”, sin concurso público transparente ni méritos comparables con otros perfiles técnicos.

La promoción se produjo en plena crisis económica de la empresa pública, que acumulaba pérdidas millonarias y choques con los sindicatos por la gestión de personal. Según reveló The Objective, la salida de Escurela fue forzada por Ferraz y Santos Cerdán, con el objetivo de colocar a una figura de obediencia política en una dirección estratégica.

Un caso que mezcla justicia, poder y propaganda institucional

El doble papel de Leire Díez —como canal de influencia política y figura colocada en una empresa estatal— refleja un patrón de ocupación institucional donde el mérito queda relegado. En lugar de aportar estabilidad o transparencia, sus acciones han generado inquietud en el ámbito judicial y mediático.

Mientras parte del partido la defiende como “leal militante”, otros sectores internos reconocen su rol como pieza clave de un modelo de control desde dentro de las instituciones. La entrega del USB, su vinculación al caso Koldo, y su intento de presionar a mandos de la Guardia Civil revelan una forma de hacer política que desborda las líneas rojas del Estado de derecho.

¿Quién protege a Leire Díez?

La pregunta, en estos momentos, no es si Leire Díez actuó sola —claramente no lo hizo—, sino quién la protegía, quién validó sus movimientos, y por qué sigue sin asumir responsabilidades el entorno que la promovió.

El PSOE no ha ofrecido explicaciones. Correos guarda silencio. Y la justicia, por ahora, no ha pedido su imputación directa. Pero los datos están sobre la mesa: documentos, nombres, fechas y estructuras públicas que se utilizaron para fines privados.

La verdad no cabe en un USB, pero puede empezar ahí

La historia de Leire Díez es la historia de cómo el poder construye redes silenciosas mientras los partidos se blindan. Hoy, su figura ya no puede ocultarse detrás de un sello, una nota interna o un ascenso discreto. El archivo que entregó al PSOE fue una bomba en diferido. Y ha empezado a estallar.

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