Los propietarios de viviendas turísticas, en pie de guerra por el nuevo decreto
La entrada en vigor del nuevo decreto autonómico que regula las viviendas de uso turístico (VUT) en Cantabria ha provocado una reacción inmediata y frontal por parte del colectivo afectado. La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN) ha declarado su oposición «firme» e «inmediata» a esta normativa, y ha anunciado que solicitará la suspensión cautelar de su aplicación ante los tribunales, al tiempo que prepara un conjunto de acciones legales de mayor alcance, entre ellas demandas por daños y perjuicios.
Según la organización, el decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico vulnera derechos adquiridos y genera una situación de inseguridad jurídica sin precedentes en el sector. El colectivo denuncia que la norma es, en la práctica, retroactiva, lo que afectaría a licencias otorgadas con anterioridad bajo un marco legal diferente. Además, cuestionan la validez del modelo normativo adoptado por el Gobierno regional, que delegaría la regulación específica en los ayuntamientos, generando lo que califican como un «caos municipal».
La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), entra en vigor de forma inmediata. No obstante, AVUTCAN asegura que no descarta acudir a todas las instancias judiciales disponibles, y alerta de que esta decisión administrativa puede afectar negativamente a un amplio ecosistema económico y social. La asociación cifra en más de 60.000 las personas impactadas directamente por el nuevo marco legal, incluyendo propietarios, trabajadores, pequeñas empresas, agentes de limpieza, mantenimiento, transporte, gestores turísticos y negocios vinculados al comercio y la hostelería local.
«Generamos miles de empleos y riqueza en los pueblos y ciudades de Cantabria, y no vamos a permitir que se nos borre del mapa con una norma arbitraria», sostiene el comunicado de la asociación.
Críticas al modelo normativo: 102 normativas diferentes
Una de las críticas más reiteradas por parte de AVUTCAN es que, aunque el decreto se presenta como una norma de ámbito autonómico, en realidad constituye una cesión masiva de competencias a los municipios cántabros. Esto, según denuncian, provocará una multiplicación de regulaciones dispares en función del territorio y una notable fragmentación del marco legal, que consideran incompatible con el principio de seguridad jurídica.
«Pese a anunciarse como un único decreto autonómico, equivale a 102 normativas distintas», denuncia el colectivo, en referencia al número de municipios que conforman la comunidad autónoma.
La asociación recuerda que más del 50 % de los ayuntamientos cántabros no cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor, y que tan solo dos de ellos incluyen referencias específicas a la figura de la vivienda de uso turístico. Este dato, advierten, hace inviable una aplicación uniforme y coherente de la norma en el territorio regional.
Desde AVUTCAN consideran que esta decisión del Gobierno de Cantabria constituye una «abdicación de responsabilidades autonómicas sin precedentes» en materia turística, y aseguran que ya existe un precedente negativo: el del Registro de Viviendas de Uso Turístico. En aquel caso, critican que la Consejería del ramo no defendiera sus competencias ni recurriera el decreto estatal, como sí hicieron otras comunidades autónomas.
La retroactividad como punto de conflicto legal
El punto que más rechazo genera entre los propietarios es la supuesta retroactividad del decreto. Según la asociación, la norma impone nuevos requisitos, condiciones y limitaciones a licencias que fueron otorgadas con anterioridad, bajo el amparo de un marco legal vigente en su momento. Esto, aseguran, no es solo una cuestión interpretativa, sino una ilegalidad clara y flagrante.
«Esta práctica está prohibida por la Constitución Española (artículo 9.3), el Código Civil (artículo 2.3) y ha sido reiteradamente rechazada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional», subraya AVUTCAN.
«No se trata de una interpretación jurídica y sí de una ilegalidad directa», añaden.
Desde el colectivo recuerdan que el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras o restrictivas de derechos es un pilar básico del Estado de derecho, y que el respeto al marco legal en el momento en que se realiza una inversión constituye uno de los fundamentos de la confianza legítima entre ciudadanos y administraciones públicas.
AVUTCAN advierte que la retroactividad de la norma afectará de forma inmediata a múltiples licencias ya otorgadas, algunas de ellas tras realizar fuertes inversiones privadas, y anuncia que presentará demandas individuales y colectivas por daños y perjuicios, con base en la legislación civil y administrativa.
Impacto sobre la economía local y el pequeño propietario
Otro de los puntos sobre los que incide AVUTCAN es el efecto que esta regulación podría tener sobre el tejido económico local y los pequeños propietarios, quienes, según alertan, no podrán asumir la complejidad normativa, el riesgo legal ni la incertidumbre urbanística que plantea el nuevo decreto.
La asociación considera que el nuevo marco normativo expulsa de facto del mercado a los propietarios individuales y autónomos, que representan, según sus datos, la mayoría del sector en Cantabria. En cambio, asegura que los grandes fondos de inversión y los llamados fondos «buitre» serán los grandes beneficiarios de esta transformación normativa. «Verán despejado el camino para acaparar el mercado permitiéndoles obtener este tipo de licencias hasta ahora solo posibles para propietarios individuales», indican en su comunicado.
El colectivo sostiene que el modelo de turismo vacacional basado en viviendas particulares ha sido clave para revitalizar muchas zonas rurales y costeras de Cantabria, y que ha permitido la diversificación del sector turístico, más allá de la oferta hotelera tradicional. Denuncian que esta norma, además de injusta, representa una amenaza estructural para la economía de proximidad.
Acciones judiciales previstas y defensa organizada
De forma inmediata, AVUTCAN solicitará ante los tribunales la suspensión cautelar del decreto con el objetivo de paralizar su aplicación mientras se resuelven los posibles litigios judiciales. En paralelo, los servicios jurídicos de la asociación trabajan en la preparación de un recurso contencioso-administrativo, además de reclamaciones patrimoniales por daños y perjuicios, si se anulan licencias válidamente concedidas.
Desde el colectivo se apela al principio de confianza legítima, reconocido en la jurisprudencia europea y española, como base jurídica para las reclamaciones. Insisten en que los afectados realizaron inversiones «bajo el amparo de una legalidad vigente», y que ahora se enfrentan a una situación sobrevenida que podría suponer la pérdida total o parcial de su actividad económica.
En su posicionamiento público, AVUTCAN concluye con un mensaje de movilización: «Frente a un decreto redactado desde la improvisación, el desprecio al marco legal y la cesión de poder a quienes no rinden cuentas, alzamos la voz unidos y organizados».
