Orden de alejamiento para los cuatro menores implicados en la agresión a un alumno en el Torres Quevedo

La titular del Juzgado de Menores de Santander ha dictado una medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicación contra los cuatro alumnos investigados por su presunta implicación en la agresión a un compañero con parálisis cerebral en el Instituto Leonardo Torres Quevedo. Esta decisión judicial, que se ha dado a conocer este miércoles, responde a la solicitud formulada el pasado viernes por la Fiscalía de Menores.

La juez ha considerado que la medida cumple con el principio de proporcionalidad, al tratarse de unos hechos que, en función de las diligencias practicadas hasta el momento, podrían constituir delitos de maltrato, trato degradante y delito de odio, atendiendo a la especial vulnerabilidad del menor afectado, el entorno escolar en el que ocurrieron los hechos y otras circunstancias relevantes del caso.

En consecuencia, se ha acordado la prohibición de que los menores expedientados se acerquen al alumno agredido, a su domicilio, al centro educativo o a cualquier lugar en el que pudiera encontrarse, así como que mantengan cualquier tipo de comunicación directa o indirecta, ya sea por medios digitales o a través de terceras personas.

Esta medida cautelar permanecerá en vigor hasta que se dicte una resolución firme en el proceso judicial en curso. La decisión, recogida en un auto judicial contra el que cabe recurso, también establece que debe comunicarse formalmente tanto al centro educativo como a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, para que se adopten las medidas necesarias que garanticen su cumplimiento.

Derecho a la educación y protección integral

En el auto, la magistrada subraya que el cumplimiento de esta orden de alejamiento debe ser compatible con el derecho a la educación de los menores investigados, lo que obliga a las autoridades educativas a encontrar soluciones alternativas de escolarización o medidas organizativas específicas.

Esta resolución judicial supone un cambio sustancial en la situación de convivencia dentro del instituto, donde hasta la fecha los investigados y la víctima seguían compartiendo espacio, lo que había sido objeto de fuertes críticas por parte de la familia del alumno agredido y de buena parte de la comunidad educativa.

El caso ha generado una intensa reacción social, institucional y mediática desde que se conocieron los hechos, ocurridos hace tres semanas pero que se hicieron públicos el pasado 26 de marzo. La Fiscalía inició una investigación penal y, tras valorar los indicios existentes, pidió esta medida de protección para el menor, ahora avalada por el juzgado.

Con esta decisión, la Justicia da un paso firme en la protección del menor agredido, al tiempo que mantiene las garantías procesales de los jóvenes investigados. El procedimiento continúa su curso, con la investigación abierta y pendiente de nuevas diligencias.