Ni dimisión ni explicaciones: el PRC guarda silencio mientras su alcalde se sienta ante el juez
El juicio por un supuesto delito continuado de prevaricación contra el alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco (PRC), ha comenzado esta semana en la Audiencia Provincial de Cantabria. El regidor regionalista, que se enfrenta a una petición de 15 años de inhabilitación especial, defendió su actuación señalando que "en todo momento" actuó con asesoramiento jurídico. "No tengo ni idea de Derecho. Nos asesorábamos en todo momento", afirmó en su declaración.
La defensa se escuda en el asesoramiento externo
Durante la primera sesión de la vista oral, Arco ha insistido en que "todos los pasos" al frente del Consistorio fueron "consensuados" y basados en el criterio de la abogada contratada por el Ayuntamiento. Ha atribuido la denuncia del anterior Gobierno local del PP a una "pésima relación" entre esta letrada y la secretaria municipal, cuyas advertencias legales fueron ignoradas sistemáticamente, según figura en el expediente judicial.
Pagos bajo reparos: de 20.000 a 140.000 euros en juego
La Fiscalía y la acusación particular —ejercida por el PP— le atribuyen pagos irregulares entre 2016 y 2017 por un valor estimado de 20.000 euros, aunque el cálculo de los populares eleva esta cifra por encima de los 140.000 euros. Todo ello pese a informes contrarios de la Intervención municipal y reparos legales expresos de la secretaria.
Facturas sin justificar y contrataciones al margen de la ley
Entre los conceptos investigados figuran dos facturas de cerca de 4.000 euros en honorarios de abogados para defender al propio Arco y a su equipo en causas penales; 7.260 euros a una consultora por un informe duplicado sobre una expropiación; y otros 8.000 euros en análisis de plantilla. Además, el juez apunta contrataciones directas sin procedimiento legal, como la del aparejador municipal, servicios informáticos o el cambio de puesto de una coordinadora sin funciones reales.
Contexto previo: sistema de decisiones bajo sospecha desde 2016
La causa arrastra irregularidades desde 2016. Como publicó en su día ALERTA, el juez instructor consideró acreditado que los acusados aprobaron resoluciones administrativas con conocimiento de su ilegalidad. El propio Arco, en sede judicial, admitió prácticas contrarias a Derecho justificándolas por su uso en otras etapas municipales. La secretaria-interventora declaró que los avisos de ilegalidad fueron desoídos y que incluso recibió presiones para silenciarlos.
El PRC guarda silencio ante un proceso que salpica su credibilidad
El PRC, partido al que pertenece el regidor procesado, no ha adoptado ninguna medida cautelar ni ha exigido la dimisión de Arco. Tampoco el concejal del PSOE, que figuraba entre los cinco ediles investigados, todos del PRC. Todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez.
Del victimismo al banquillo: una defensa que no convence
Desde que estalló el caso en 2018, Arco ha pasado de presentarse como víctima de una persecución política del PP a esquivar las preguntas judiciales, al igual que su equipo. La defensa ha vuelto a pedir la nulidad del proceso por defectos formales, aunque las acusaciones se oponen frontalmente. La Sala decidirá en sentencia si se abre juicio oral por prevaricación y malversación o si procede el sobreseimiento.
