El Ministerio de Sánchez no asume su responsabilidad y evita responder por una obra estatal abandonada
El Ministerio para la Transición Ecológica cuestiona las declaraciones de la alcaldesa de Santander, pero evita aclarar quién debía encargarse del mantenimiento de la infraestructura construida por la Demarcación de Costas.
El Gobierno central ha evitado asumir responsabilidades directas sobre el estado de la pasarela de la senda costera de Santander que se derrumbó en El Bocal y provocó la muerte de seis jóvenes. Tras las declaraciones de la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, el Ministerio para la Transición Ecológica, dependiente del Ejecutivo de Pedro Sánchez, respondió señalando que algunas afirmaciones de la regidora «no se corresponden con la realidad».
Sin embargo, las fuentes ministeriales consultadas no detallaron qué afirmaciones consideran incorrectas ni aclararon quién debía encargarse del mantenimiento de la infraestructura.
El Ministerio evita concretar responsabilidades
En su respuesta, el departamento estatal se limitó a señalar que «habrá ocasión de aclarar cada una de ellas cuando corresponda y con toda la información necesaria sobre la mesa».
Al mismo tiempo, el Ministerio insistió en que no desea alimentar una polémica política en torno a la tragedia.
«Por nuestra parte no vamos a contribuir a generar más ruido en este momento», indicaron las citadas fuentes.
Un proyecto impulsado por Costas
La pasarela que se hundió formaba parte de la senda costera de Santander, un proyecto promovido por la Demarcación de Costas, organismo dependiente del Estado.
Las obras comenzaron en 2014 pero se paralizaron pocos meses después debido a la oposición vecinal y a la revisión del proyecto solicitada por el Ayuntamiento. Desde entonces, parte de las estructuras instaladas permanecieron en el lugar.
Posteriormente, el Ministerio elaboró un nuevo proyecto en 2016 para finalizar la senda, pero esa segunda fase nunca llegó a ejecutarse.
Debate sobre el mantenimiento
Tras el accidente, el Ayuntamiento de Santander ha defendido que el mantenimiento corresponde a Costas, al tratarse de una infraestructura promovida por el Estado y cuya obra nunca fue oficialmente finalizada ni recepcionada por el consistorio.
El Gobierno central, por su parte, no ha aclarado públicamente este punto y ha insistido en que será la investigación judicial la que determine las responsabilidades.
Investigación en marcha
La jueza que instruye el caso ya ha solicitado documentación del proyecto tanto al Ministerio como al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria.
Mientras se desarrollan las diligencias judiciales, varias pasarelas de la senda costera han sido precintadas por motivos de seguridad, a la espera de que se determinen las responsabilidades sobre su estado y mantenimiento.
