El director general de MARE, José María Díaz, ha asegurado que la empresa pública «no se ha retrasado en adoptar medidas correctoras» de las «deficiencias» e «irregularidades» detectadas por la Intervención en la Comisión de Investigación en su auditoria y acabar con «la mala praxis» que había en materia de Recursos Humanos. Así lo ha señalado este jueves durante su comparecencia en el Parlamento de Cantabria, donde ha declarado que no ha sido hasta finales de diciembre de 2020 cuando el informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria ha aportado «base legal» para poder llevar a cabo la regularización salarial y la reclamación a los trabajadores de lo indebidamente cobrado.

Ha subrayado que ha sido dicho informe el que ha aportado unos «criterios claros de actuación» al determinar que la reclamación por parte de la empresa a los trabajadores de lo indebidamente cobrado estaba limitada al último año. «Es en ese momento cuando en MARE tenemos el debido respaldo legal para acometer el cese de los pago indebidos y la regularización salarial de los trabajadores afectados», ha mantenido. Díaz ha afirmado que «dejar de pagar las cantidades indebidas y reclamar su devolución eran dos medidas de una gran complejidad técnica» y solo se ha podido adoptar esta decisión «de tanto calado» tras el informe de los servicios jurídicos.

De hecho, ha detallado que fue el 8 de enero de 2021, diez días después de la recepción del informe, cuando MARE procedió a la regularización salarial, comunicándolo a los trabajadores. «Desde principios de año se han dejado de realizar pagos indebidos y se han reclamado las cantidades», ha subrayado. La auditoria a MARE cifró en al menos 1,3 millones de euros lo indebidamente abonado a los trabajadores. Según los grupos, solo se podrán recuperar 300.000 porque la ley solo permite reclamar a los trabajadores lo recibido en el último año. Díaz ha explicado que a finales de enero se comunicó a los trabajadores el importe indebido que habían cobrado para su restitución a la empresa, estableciéndose diversas formas de devolución y avisando de que, de no acceder, la empresa procedería a la reclamación judicial.

El director de MARE ha apuntado que han sido 33 trabajadores los que no se avinieron a acuerdo, a los que se les reclamó en el ORECLA, un proceso que concluyó sin avenencia salvo en tres casos, algo que ya había explicado en el Pleno del Parlamento hace varias semanas el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco y presidente del Consejo de Administración de MARE, Guillermo Blanco. Ha indicado que una parte de los trabajadores con los que no ha habido avenencia han promovido acciones ante la jurisdicción social contra las medidas adoptadas.

En la actualidad, hay abiertos 26 procesos judiciales, algunos de ellos colectivo. Su resultado --ha dicho-- «condicionará, en su caso, las acciones de reintegro promovidas por la empresa». Díaz ha insistido que «todas las actuaciones» emprendidas desde MARE «han estado encaminadas a dar cumplimiento a las recomendaciones de la auditoria» de la Intervención que detectó las «malas praxis», que tenían como origen 2008. Además, como ayer defendió el consejero en el Pleno, hay una «buen nivel» de cumplimiento de las recomendaciones de la auditoria. Díaz ha asegurado que ahora MARE cuenta con un «procedimiento garantista, seguro y transparente». «Apostaremos siempre por la máxima transparencia para superar situaciones que deseamos sean pronto un mal recuerdo de etapas pasadas», ha subrayado.

PLAN DE ACTUACIONES DE MARE 2021-2022 En su comparecencia, Díaz ha explicado que desde MARE se ha elaborado un Plan de Actuaciones para los ejercicios 2021-2022, que está pendiente de aprobación por parte del Gobierno de Cantabria. Dicho plan, que ha sufrido diversas variaciones, se ha remitido esta misma semana en su última versión a la Inspección General de Servicios para que se apruebe por parte del Gobierno. Ha apuntado que dicho plan va a permitir la fijación de la plantilla exacta de MARE y de sus presupuestos, además de establecer cuáles son actualmente las tareas de la empresa pública y cuáles sus necesidades futuras. Y es que, según ha dicho, MARE «no hace lo mismo» ahora que en 2008 y tiene cada vez más competencias y se precisa «adecuar» la plantilla éstas.

Revilla segura que su Gobierno se «mueve en la legalidad»

Revilla ha respondido de esta forma en el pleno del Parlamento de Cantabria a una pregunta de Vox sobre cómo va a actuar su Gobierno ante las auditorías de la Intervención que detectaron irregularidades en la contratación y pagos indebidos a algunos trabajadores de Mare. «Hemos actuado acudiendo al Tribunal de Cuentas, como ustedes van en Madrid al Tribunal Constitucional», ha replicado al portavoz de Vox, Cristóbal Palacio, al que ha retado a acudir a los tribunales si tiene pruebas de «malversación» en la empresa pública como ha apuntado. Miguel Ángel Revilla ha insistido en que el Gobierno de Cantabria remitió en abril del año pasado al Tribunal de Cuentas la auditoria sobre Mare y ha enviado a este organismo la documentación de su seguimiento y las aclaraciones que pidió en octubre.