La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los centros de las ciudades de más de 50.000 habitantes se está convirtiendo en un quebradero de cabeza para los dos ayuntamientos que por ley deben aplicar estas restricciones: Santander y Torrelavega.

La aplicación de esta medidas, incluidas en la nueva Ley de Cambio Climática, pretende descongestionar el tráfico en los centros urbanos de las grande ciudades y reducir las emisiones de los vehículos más contaminantes. El objetico final de la norma es la descarbonización efectiva del tráfico en 2050, siguiendo el patrón marcado por Europa.

Según la Ley de Cambio Climático, las ZBE deberían estar definidas y ser operativas antes de que acabe 2023. En la región, Torrelavega ya ha definido la zona que estará afectada  mientras que Santander aún no lo ha hecho.

En el caso de la capital cántabra, la alcaldesa, Gema Igual,  ha dejado claro que la ciudad no implantará la ZBE «si no es necesario» y que serán los sensores que se van a instalar los que determinarán las medidas a adoptar.

Igual ha asegurado que «nunca» el Ayuntamiento va a actuar al respecto «sin tener los datos, por capricho», y si éstos «son buenos», podría no implantarse la ZBE.

En este sentido, la regidora se basa para mantener esta posición en que la Ley del Cambio Climático y Transición Energética establece que estas zonas deben establecerse «si es necesario, si hay zonas saturadas». «Entonces tendremos que ver si en Santander hay zonas saturadas. Si las hay, tendremos que ver en qué grado están saturadas para tomar medidas», explicó, apuntando que «la más drástica, que no lo tenemos previsto, sería prohibir la circulación, o tráfico restringido o limitaciones de velocidad u horarios. Pero para eso, primero tendremos que medir».

Para la regidora de la capital sería «irresponsable salir diciendo en Santander aquí está saturado. Y ¿por qué está saturado? Ah, no sabemos. Porque nos parece; porque yo cuando voy veo bastantes coches. ¿Pero a qué hora vas?, pues cuando me cuadra’». «Eso no es serio», ha remarcado.

La alcaldesa ha explicado que el Ayuntamiento ya tiene la hoja de ruta marcada sobre el proceso para las ZBE y ha obtenido una subvención de fondos europeos para instalar los sensores que determinarán «el estado actual para poder delimitar si en Santander tiene o no tiene que haber esa Zona de Bajas Emisiones». Para medir en que condiciones se encuentra el aire de la ciudad, el Consistorio adjudicó el pasado año y por 1,2 millones de euros el contrato para el suministro, instalación y puesta en marcha de las soluciones tecnológicas para la gestión inteligente de la calidad del aire, la contaminación acústica y el aparcamiento, de cara a analizar la necesidad o no de implantar la ZBE.

Así, Igual baraja no aplicar las directrices marcadas desde el Gobierno central, lo que podría suponer una importantes merma para las arcas municipales, ya que se están poniendo en juego millones de euros de fondos europeos. Así lo advirtió a principios de semana el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Santander, que cifra en 14 millones de euros -la mitad de los cuales ha recibido ya- las ayudas que se pueden perder si no se implanta la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Una cifra a la que se sumarían las sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de la Ley de Cambio Climático.

Una «irresponsabilidad económica» que denunció en rueda de prensa el portavoz del PSOE, Daniel Fernández, que acusó a la alcaldesa de mentir y «ocultar la realidad» sobre la citada ley porque implantar Zonas de Bajas Emisiones es «de obligado cumplimiento» desde el pasado 1 de enero para los municipios de más de 50.000 habitantes, independientemente de la calidad del aire.

Una calidad del aire que además no es buena pues, según el informe del Instituto de Salud Global de Barcelona, Santander es la tercera ciudad con peor calidad del aire. A los que se suman los efectos del cambio climático, donde a los socialistas les preocupa especialmente la subida del nivel del mar. Por ello, por motivos legales, medioambientales y de salud pública, hay que solucionar el problema de implantación de la ZBE de forma «inaplazable». «No solo es cumplir la ley: es garantizar la salud», ha enfatizado, subrayando que los socialistas no entienden el «negacionismo del PP».

Fernández ha señalado que mientras unas ciudades han cumplido y tienen ZBE, otras están en proceso y «unas pocas» como Santander no han empezado, en este caso, porque «el PP manejó todo tipo de excusas para no afrontar la realidad antes de las elecciones», como que no había reglamento cuando según los socialistas «es falso», y la necesidad de medir las emisiones con nuevos sensores para los que se pidió financiación europea, que deberían haber estado operativos el pasado noviembre pero aún no funcionan.

A pesar de que desde el Ministerio de Transportes se ha advertido por carta a los Ayuntamientos con más de 50.000 habitantes que les retirará los fondos Next Generation destinados a la creación de zonas de bajas emisiones si frenan su ejecución. Alrededor de 200 municipios solicitaron fondos europeos en 2022 para adaptar sus territorios a la Ley de Cambio Climático, desde el Consistorio insisten en que no se van a perder fondos y que se están cumpliendo los plazos. 

Así lo aseguró esta misma semana  la concejala de Medio Ambiente de Santander, Margarita Rojo, reiteró que el Ayuntamiento cumple con los plazos y objetivos de las convocatorias de fondos europeos para mejorar la calidad del aire y ha destacado que su apuesta por la movilidad sostenible «es firme». «Llevamos años trabajando para minimizar el impacto de la movilidad urbana en el medio ambiente», remarcó la edil, que asumió provisionalmente las funciones en materia de Movilidad Sostenible, y recordó que la ZBE no es la única vía posible para mejorar el estado medioambiental en la ciudad, teniendo en cuenta además que, a diferencia de lo manifestado por el PSOE, Santander «dispone actualmente de una buena calidad del aire» según datos de las estaciones de medición del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA).

Por el momento, Igual sigue desojando la margarita mientras el tiempo corre. Apenas quedan tres meses para que la nueva norma entre en vigor y el Ayuntamiento sigue sin definir que zonas se verán afectadas y como afectará a los vecinos de la capital.

 

Torrelavega, riesgo de cierres de comercios

Mientras que Santander apura los plazos para la implantación de las ZBE, la capital del Besaya ha sido más ágil y, a pesar de la oposición de los comerciantes y la “opacidad” con la que se ha realizado el proyecto, ya ha definido que calles se verán afectadas por la medida.

Los límites los marcan las calles La Llama, Julián Ceballos, José María Pereda y Julián Urbina. Por ellas se podrá circular, pero en su interior solamente lo podrán hacer los vehículos menos contaminantes y los vecinos de la zona, que podrán seguir circulando sin restricciones. PP y Vox votaron en contra de esta delimitación que el Ayuntamiento considera de «consenso máximo» entre grupos políticos y colectivos. La concejala de movilidad, Jezabel Tazón,

subrayó que el Ayuntamiento «está cumpliendo una obligación legal para defender la salud del conjunto de la ciudadanía de Torrelavega» y que estas zonas, al igual que las peatonales, «no solo no perjudicarán al comercio, sino que lo beneficiarán». 

Pero este “consenso” que defienden desde el equipo de Gobierno PRC-PSOE no parece tan amplió cuando se pregunta a la oposición o a los comerciantes afectados. Desde el PP local,  denunciaron el «oscurantismo» con el que se está avanzando en el proyecto y pidió «transparencia y sinceridad».

El concejal ‘popular’ Miguel Remón aseguró que la concejala de Movilidad, la regionalista Jezabel Tazón, utiliza «datos inexactos para hacer oposición a la oposición e intentar confundir a la ciudadanía», y criticó que, como ya ocurrió con el proyecto de reforma de la calle Julián Ceballos, el equipo de Gobierno ha sometido a consulta pública el proyecto de ZBE «por la puerta de atrás y sin publicitar que dicho trámite está ya a disposición de los vecinos».

El responsable del área de movilidad del PP local lamentó también que el alcalde, Javier López Estrada, «ocultase» durante la campaña electoral esta medida que, según recuerda Remón, «suspendió a finales de 2022 y casualmente ha reactivado después de las elecciones y sin haber hablado de sus planes en las diferentes ocasiones que tuvo para hacerlo».

En este sentido, Remón ha dicho que el PP aún sigue esperando la llamada del equipo de Gobierno para sentarse en las mesas de trabajo para redactar una ordenanza que regule el funcionamiento de esa futura zona de bajas emisiones. Además, teniendo en la ciudad «unos datos de calidad ambiental muy buenos y sabiendo que la medida afectará negativamente a la economía local», el PP solicita la exención para no implantar esta «desastrosa» medida.

También han surgido voces críticas entre los comerciantes afectados por la implantación de la ZBE. El portavoz de la Plataforma Salvar a Torrelavega de una ZBE ruinosa, Ángel Herreros, analizó la situación actual del comercio de la ciudad, con un «30% de locales del centro cerrados», y advirtió que la situación se podría agravar con una ZBE muy amplia o mal planificada que implique nuevos cierres, descenso de la facturación y más desempleo.

El portavoz de la plataforma insistió en que con la implantación de la ZBE «nos jugamos el futuro» ya que, en función de la alternativa que se elija desde el Consistorio, podría servir para «alejar a los clientes de los establecimientos». Por ello, el colectivo ha presentado alegaciones ante el Ayuntamiento contra la aprobación de la ordenanza reguladora de la ZBE del municipio, dentro del plazo de consultas públicas abierto por el Consistorio.

Herreros insistió en que es «imprescindible» realizar un informe socioeconómico «con el máximo detalle» previo a la implantación de este sistema en la ciudad, de ahí que se pida posponer la aprobación de la ZBE hasta conocerse públicamente los detalles de este estudio, por ser la ciudad «una importante cabecera de comarca» que necesita facilitar el acceso a las «más de 200.000 personas que acuden de fuera del municipio a realizar compras o gestiones».

También ve necesaria una «reducción drástica» de los 200.000 metros cuadrados de ZBE propuestos por la consultora DOYMO, porque ya Torrelavega posee «una gran extensión» de calles peatonalizadas que configuran las tres grandes súper manzanas, y cuenta además con el Bulevar Ronda que redistribuye el tráfico desviando los miles de coches del casco urbano.

Asimismo, la plataforma destaca que la ciudad tiene «una muy buena calidad del aire», «con un nivel de emisiones muy por debajo de otros municipios», lo que sería motivo «más que suficiente para aprobar una reducción muy considerable» de la opción propuesta por DOYMO para la ZBE.

¿Qué coches pueden entrar?

El acceso y las restricciones de cada ZBE dependen de cada municipio, pero por norma general los coches de etiqueta C y B pueden acceder a estas zonas siempre y cuando no aparquen en la calle, sino en un aparcamiento público como así sucede, por ejemplo, en Madrid. Para los ECO y los Cero no hay ninguna restricción.

    Etiqueta Cero: 

Corresponde a coches eléctricos (BEV), eléctricos de autonomía extendida (REEV), híbridos enchufables con una autonomía de 40 km y los vehículos de pila de combustible.

Etiqueta Eco: 

Pueden llevarla los vehículos híbridos enchufables que no puedan recorrer más de 40 km en modo eléctrico, los híbridos no enchufables y los de gas natural (GNC, GNL y GLP).

Etiqueta C: 

Las llevan en el cristal tanto los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de 2006, los turismos y furgonetas diésel matriculados a partir de septiembre de 2015.

 Etiqueta B: 

Corresponde a los turismos y furgonetas de gasolina a partir de enero de 2001 hasta 2005 incluido, las furgonetas y turismos diésel a partir de 2006 hasta agosto de 2015.