El Gobierno de la región avalará las primeras viviendas para menores de 45

El Gobierno de Cantabria ha anunciado que, a partir de 2026, implementará una línea de avales públicos destinada a facilitar el acceso a la primera vivienda para personas menores de 45 años con ingresos medios. Este nuevo instrumento, según explicó la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, durante su intervención en el Debate de Orientación Política 2025, tiene como objetivo atender a un segmento de la población que, por sus condiciones económicas, enfrenta dificultades para acceder a una vivienda en propiedad.

En concreto, el Ejecutivo respaldará hasta un 20 % del precio de adquisición del inmueble, porcentaje que representa a menudo un obstáculo significativo para que las familias obtengan un préstamo hipotecario y cumplan con los requisitos exigidos por las entidades financieras.

Buruaga defendió esta medida como una respuesta concreta a un problema estructural en el acceso a la vivienda, subrayando que esta franja de edad constituye «un importante sector de población que no puede acceder a una vivienda en propiedad», especialmente penalizado por la falta de ahorros previos y las restricciones del sistema financiero tradicional.

En el ámbito de las políticas sociales, la presidenta regional anunció que el Ejecutivo autonómico iniciará una reforma de la Ley de Derechos y Servicios Sociales para permitir que las personas beneficiarias de la Renta Social Básica (RSB) puedan, de manera temporal, compatibilizar esta prestación con ingresos procedentes de una actividad laboral. Este proyecto, calificado por Buruaga como «pionero», busca impulsar la inclusión activa mediante la creación de un puente entre la protección social y el empleo.

El Ejecutivo justifica esta compatibilidad temporal como una medida de activación que pretende que la RSB deje de ser únicamente un salvavidas y se convierta en «una palanca real de inclusión». Para ello, el programa se desarrollará en varios municipios con la colaboración entre los equipos de atención primaria y las oficinas de empleo, lo que permitirá un seguimiento individualizado. El objetivo es «acompañar, formar y facilitar el acceso al empleo, para que estas personas puedan reducir progresivamente su dependencia de la prestación y recuperar el control de sus vidas».

La presidenta recordó que el Gobierno se comprometió en 2024 a mantener la prestación complementaria del 15 % de la RSB, y destacó que más de 3.200 personas se han beneficiado de este refuerzo durante el último año, con una media mensual de 1.781 beneficiarios. Este complemento es una herramienta adicional de apoyo a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, y se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento del escudo social regional.

En cuanto al terreno de la vivienda pública, Buruaga reivindicó el impulso dado a la construcción de viviendas protegidas en Cantabria, calificándolo como el «plan más ambicioso de la historia» en esta materia. El objetivo es que, para mediados de 2027, se hayan construido 285 viviendas destinadas al alquiler asequible en nueve municipios. A estas se sumarán otras 250 viviendas de promoción pública en El Campón de Peñacastillo, lo que eleva la previsión a 535 nuevas unidades.

Este volumen de construcción implica, según datos de la presidenta, un incremento del 132 % respecto al parque actual, compuesto por 406 viviendas. Además, el Gobierno prevé incorporar 24 viviendas adicionales en la zona de Cazoña, completando un conjunto de actuaciones que buscan duplicar la oferta pública disponible y responder a la demanda creciente de vivienda social en la región.

Durante su intervención, la mandataria también se refirió a la situación de las familias afectadas por sentencias de derribo, indicando que cerca de 500 hogares continúan en una situación de «insoportable incertidumbre». Aseguró que el Gobierno dispone de una hoja de ruta con soluciones concretas, entre las que citó la finalización de 63 viviendas de sustitución en Arnuero, la entrega de tres chalets en Argoños y la construcción en curso de 15 nuevas viviendas en Escalante.

En relación con la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Buruaga anunció que el Gobierno responderá «de inmediato» a los propietarios de las 120 viviendas afectadas en Argoños, ofreciéndoles como alternativas vivienda de sustitución o indemnización, subrayando que «no vamos a dejarlos abandonados ni a seguir prolongando la agonía de las víctimas».

Para ello, el Fondo de Derribos cuenta ya con una dotación superior a los siete millones de euros, ampliable si es necesario, con el objetivo de garantizar soluciones rápidas y definitivas. Según añadió la presidenta, el Gobierno ya dispone de las parcelas necesarias para la construcción de las nuevas viviendas, con el propósito de que «al término de la legislatura estén en marcha».

Por último, respecto a las 134 viviendas restantes afectadas por otras sentencias de demolición, Buruaga explicó que el Ejecutivo espera la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, y que, si no pudieran legalizarse, se aplicará la misma solución que en los casos anteriores: sustitución habitacional o indemnización, gestionada con idéntica celeridad y compromiso.