El franquismo hasta en la sopa, aunque sea en calles: ¿Y los crímenes de los comunistas?
El Ayuntamiento de Santander ha recibido un requerimiento del Ministerio Fiscal para que modifique en un plazo de un mes el nombre de 16 calles franquistas aún presentes en el callejero de la ciudad. La orden responde al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática , heredera de la anterior Ley de Memoria Histórica, que exige eliminar símbolos del franquismo del espacio público.
La alcaldesa Gema Igual ha asegurado que cumplirá con la normativa, pero no ha ocultado su malestar: “También es mi deber no incomodar innecesariamente a los santanderinos”, ha dicho, dejando clara la incomodidad social y política que esta medida genera. Más aún cuando implica un gasto con dinero público que afecta directamente a recursos administrativos, registros oficiales y servicios municipales.
El coste real de cambiar calles franquistas en Santander
Modificar el nombre de una calle no es un simple gesto simbólico. Requiere actualizar bases de datos municipales, catastros, registros postales, notificaciones fiscales, señalética urbana, planos, GPS y documentación ciudadana . Se calcula que el coste medio por cambiar una calle supera los 30.000 euros. En Santander, hablamos de una posible factura superior a los 400.000 euros , en un contexto de necesidades crecientes en sanidad, educación y vivienda pública .
Doble rasero: ¿Y las calles con nombres de criminales de izquierdas?
La controversia no radica únicamente en el cambio de nombres franquistas, sino en la falta de coherencia histórica . Mientras se eliminan calles como General Dávila o Alcázar de Toledo por estar vinculadas al régimen franquista, permanecen intactas en otras ciudades españolas (y en algunos casos, en Cantabria) nombres como:
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Santiago Carrillo , implicado en las matanzas de Paracuellos
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Dolores Ibárruri 'La Pasionaria' , cuya amenaza parlamentaria precedió al asesinato de Calvo Sotelo
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Largo Caballero, responsable de incitaciones violentas a la guerra civil.
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Indalecio Prieto , organizador de milicias armadas en la II República
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Rafael Alberti , implicado en listas de depuración
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Luis Companys, bajo cuyo mando murieron más de 8.000 civiles en Cataluña
Estos nombres no solo no se eliminan , sino que en algunos casos son reivindicados, homenajeados y perpetuados con placas, centros culturales y estatuas financiadas con dinero público.
La memoria no puede ser selectiva: ¿Justicia o ideología?
La memoria histórica en España no puede convertirse en una herramienta ideológica que glorifique a unos y condene a otros en función del relato político del momento. Si de verdad se pretende desideologizar el espacio público, el principio de igualdad y coherencia debe aplicarse sin excepción.
Tal como advertía un artículo publicado en La Gaceta (antes de ser propiedad de Fundación Disenso), “ la Ley de Memoria Histórica protege a criminales de izquierda mientras borra a los del bando contrario”. Esta paradoja convierte la memoria en un instrumento de ingeniería cultural , y no en un proceso justo, completo y reparador.
Santander merece una memoria justa y no selectiva
Santander, como el resto de España, debe avanzar hacia una política de memoria integradora, imparcial y sin sesgo ideológico . Cambiar calles vinculadas al franquismo puede ser legítimo, pero ignorar los crímenes cometidos por figuras de la izquierda radical es hipócrita y ofensivo para la verdad histórica .
Y sobre todo, en un momento de crisis económica, no es comprensible que cientos de miles de euros en dinero público se destinen a cambiar placas callejeras mientras faltan recursos para problemas reales de los ciudadanos .
