Elisa Mouliaá entrega su móvil al juez

Elisa Mouliaá ha comparecido este viernes en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, para hacer entrega de su teléfono móvil al juez que instruye la causa contra el exdiputado Íñigo Errejón, a quien acusa de una presunta agresión sexual. El procedimiento se encuentra en fase de instrucción bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, el magistrado Adolfo Carretero.

La actriz ha puesto su dispositivo a disposición de la Policía Nacional con el objetivo de que los agentes puedan analizar las comunicaciones mantenidas con el político, incluidas las conversaciones posteriores a la noche de los hechos, ocurridos presuntamente el 8 de octubre de 2021.

Por su parte, Errejón ha declinado, de momento, entregar su terminal, a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva un recurso de apelación presentado por su defensa. Según alegó, la entrega vulneraría derechos constitucionales como la intimidad y la tutela judicial efectiva.

Declaraciones de Mouliaá y detalles de los mensajes

En declaraciones a los medios, Mouliaá ha afirmado que los investigadores encontrarán en su terminal pruebas que demostrarían, según sus palabras, la falta de consentimiento en la interacción con el exdiputado. “En fin, al final pruebas que delatan que no hubo consentimiento y que hubo una agresión”, manifestó.

La intérprete ha reconocido haber eliminado previamente ocho mensajes, aunque ha precisado que se trataba de respuestas a publicaciones en redes sociales de Errejón, y que lo hizo siguiendo instrucciones de su anterior defensa letrada. “Respuestas, no hubo un chateo, no hubo nada. Ocho respuestas que mi anterior abogada me hizo eliminar. Ninguna que invitara a volver a ver a este señor durante dos años”, explicó. Añadió, además, que se arrepiente de haberlas borrado, aunque las calificó como “respuestas absurdas”.

La defensa de Errejón: argumentos y contexto

Por su parte, el equipo legal de Íñigo Errejón ha comunicado que el dirigente ya no posee el teléfono móvil que utilizaba en la fecha en que presuntamente ocurrieron los hechos. Según la abogada defensora, el político “ya aportó desde el inicio de la investigación todas las conversaciones que conserva con Mouliaá mediante acta notarial”.

Asimismo, argumentan que no procede la entrega de un nuevo dispositivo, ya que no contendría información relevante, y consideran que la extracción completa de los datos del móvil supondría una medida desproporcionada y contraria a los principios de la ley procesal penal. “Por lo que esta medida, contraria a los cánones de nuestra ley procesal penal, supera los límites de la privacidad y seguridad de los datos que tienen los usuarios”, sostiene su defensa.

En un documento, también insisten en que “Errejón no ha borrado ninguna conversación mantenida con Mouliaá”, y acusan a la actriz de ser la única que ha eliminado parte del rastro de contacto.

Diligencias en curso y citación de testigos

El magistrado ha citado a declarar a los taxistas que transportaron tanto a Mouliaá como a Errejón durante la noche en que se habrían producido los hechos. Mouliaá ha asegurado no recordar con claridad aquellos trayectos: “Yo no sé ni si se acordarán de absolutamente nada. Yo, además, es que no me acuerdo. O sea, estaba en un estado de ebriedad”, declaró.

Además, se ha retomado la diligencia que inicialmente debía haberse realizado semanas atrás, cuando la actriz ya acudió al juzgado, aunque entonces no se pudo proceder al análisis de su móvil debido a problemas técnicos. “Esto parece el día de la marmota. O sea, ya hemos estado aquí, ya hemos venido aquí. No se pudo entregar por motivos técnicos. Pero bueno, hoy de nuevo estamos aquí. No tenemos nada que ocultar”, indicó este viernes.

Petición de ampliación de la imputación por desobediencia

La Asociación de Ayuda de Defensa Integral a las Víctimas Especializada, que ejerce la acusación popular, ha solicitado formalmente al juez que se amplíe la imputación a Errejón por un presunto delito de desobediencia, al considerar que el exdirigente está incumpliendo una orden judicial al no entregar el móvil.

En su petición, el abogado de la asociación, Jorge Piedrafita, sostiene que existe “una resistencia reiterada del investigado a la entrega del móvil”, lo que a su juicio supone una “clara y contumaz desobediencia judicial”. El letrado afirma que esta actitud “desprestigia la autoridad judicial” y transmite una imagen de que es posible “desafiar, desobedecer y denostar las órdenes” emitidas por los tribunales.