«El demoledor auto sobre El Pedregal quita la careta a Susana Herrán y al PSOE»

El Partido Popular (PP) de Cantabria ha reaccionado con contundencia tras la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santander que, a su juicio, «quita la careta» tanto a la alcaldesa de Castro-Urdiales, Susana Herrán, como al PSOE, al demostrar que las actuaciones del Gobierno de Cantabria y de la Fundación Barquín en relación con el caso de El Pedregal han sido siempre conforme a la ley.

La sentencia, que ha levantado la suspensión de los acuerdos adoptados por la Fundación Barquín sobre el uso del edificio del CEIP El Pedregal, también condena a la alcaldesa al pago de las costas procesales y a posibles daños y perjuicios derivados de su postura durante todo el proceso judicial.

El fallo judicial y sus implicaciones

La resolución, que ha causado una importante repercusión política en Cantabria, ha sido interpretada por el PP como un respaldo a su versión de los hechos. Para los populares, el auto judicial confirma que el Gobierno regional, así como la Fundación Barquín, han actuado dentro del marco legal al tomar las decisiones que hicieron respecto al contrato de alquiler del colegio El Pedregal.

Desde su perspectiva, el levantamiento de la suspensión de los acuerdos constituye una victoria legal que desmiente las acusaciones de manipulación política que, según el PP, habían sido vertidas por la alcaldesa de Castro-Urdiales y los responsables del PSOE.

Juan José Alonso, coordinador general del Partido Popular en Cantabria, ha sido muy crítico con la postura de Susana Herrán durante todo este proceso. Alonso ha señalado que la alcaldesa ha utilizado este caso para «manipular e intoxicar» a las familias del CEIP El Pedregal y a los vecinos de Castro-Urdiales, difundiendo mentiras con el único objetivo de debilitar al Gobierno del PP. Según Alonso, este comportamiento se ha basado en un deseo personal de atacar a sus adversarios políticos y, al mismo tiempo, en una estrategia para escalar dentro de la política regional, lo que, a juicio del dirigente popular, ha perjudicado a la comunidad.

Las críticas de Alonso a la manipulación de los socialistas

Juan José Alonso ha subrayado que el Partido Popular, desde el principio de la controversia, advirtió de las maniobras que se estaban llevando a cabo por parte de los socialistas para sembrar dudas sobre la legalidad de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Cantabria. En particular, ha resaltado el uso político de la educación como «arma arrojadiza» en un intento por socavar la imagen del Gobierno regional. En este contexto, Alonso ha afirmado que el PP siempre defendió la necesidad de que se conociera toda la verdad, y ha celebrado que finalmente la justicia haya puesto a cada uno en su sitio.

«Es lamentable la manipulación e intoxicación que los socialistas cántabros han ejercido sobre las familias del CEIP El Pedregal y los vecinos de Castro, a base de mentiras con el único fin de tratar de desgastar a un Gobierno del PP», ha dicho Alonso en su intervención.

En su opinión, las mentiras difundidas han generado una enorme incertidumbre, afectando a la confianza de los padres y de la comunidad educativa en las decisiones del Gobierno.

La implicación de Susana Herrán en el conflicto

Un aspecto fundamental de la resolución judicial que ha sido objeto de las críticas del PP es el análisis de las declaraciones de Susana Herrán en relación con su participación en la reunión del Patronato de la Fundación Barquín, celebrada el 20 de diciembre de 2024. En esa reunión, se adoptaron acuerdos que tenían que ver con el futuro del edificio que alberga al CEIP El Pedregal. La alcaldesa, según Alonso, habría intentado tergiversar su participación en esa reunión para desviar la atención de su responsabilidad política.

El auto judicial ha señalado que, en su demanda, Susana Herrán sostuvo que fue ella quien envió el correo electrónico en el que se reflejaba su voto en la reunión del Patronato. Sin embargo, en su interrogatorio posterior, la alcaldesa atribuyó el envío de ese correo a su secretaria personal, alegando que no dio su consentimiento para ello. Esta contradicción en sus versiones ha sido puesta en duda por el tribunal, que ha afirmado que Susana Herrán no tiene «ninguna credibilidad». Para Juan José Alonso, esta situación evidencia la falta de transparencia de la alcaldesa y su disposición a alterar la verdad con tal de proteger su imagen política.

La reacción del Partido Popular y las demandas a Herrán

Alonso no ha dudado en criticar duramente la actitud de Susana Herrán, calificando su comportamiento de «huida hacia adelante». Según el coordinador general del PP, la alcaldesa no ha tenido reparos en imputar a otros hechos que no han existido, ni en denunciar la limitación de sus propios derechos para justificar sus acciones.

En su opinión, lo que está detrás de todo esto es un sentimiento de «inquina» hacia el Partido Popular, alimentado por su deseo de ascender dentro de la política regional, sin importar los costos para la comunidad. En este contexto, Alonso ha instado a Susana Herrán a «pedir disculpas y asumir su responsabilidad» por sus acciones.

Además, ha solicitado al secretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Casares, que revise el equipo del partido, dado que considera que tener a una «probada campeona de la mentira» como número dos del PSOE pone en duda la coherencia política de la formación.

«Esperamos que tenga la dignidad de asumir de su bolsillo tanto las costas procesales como el pago de los daños y perjuicios que todavía tienen que ser determinados», ha afirmado Alonso, subrayando que las responsabilidades derivadas de este proceso no deben recaer en el erario público.

El dirigente del PP también ha señalado que, en su opinión, las decisiones de Susana Herrán han causado un daño económico significativo a las arcas del Ayuntamiento de Castro-Urdiales debido a la politización del asunto de El Pedregal. En su opinión, este tipo de conductas no sólo son irresponsables, sino que también tienen un coste muy alto para la comunidad.

Finalmente, Juan José Alonso ha insistido en que los hechos recientes demuestran que «el ejercicio de la política en Cantabria le queda muy grande» a Susana Herrán. Para él, lo ocurrido con el caso de El Pedregal es solo un ejemplo más de cómo algunos políticos están dispuestos a emplear tácticas manipuladoras y poco éticas para avanzar en su carrera, sin importarles el daño que puedan causar a la comunidad o a las instituciones.

En su opinión, lo ocurrido en Castro-Urdiales debería servir como una lección para aquellos que intentan hacer de la política un juego de poder personal, a costa de la confianza y el bienestar de los ciudadanos.

Por todo ello, el Partido Popular no sólo ha celebrado la resolución judicial, sino que también ha instado a todos los responsables del PSOE a reflexionar sobre el daño que estas actitudes pueden causar a la política regional y a la ciudadanía en general.