El dinero robado a los cántabros en la trama corrupta regional podría superar los tres millones de euros

El jefe de servicio de carreteras de la Consejería de Obras Públicas, M.A.D., en prisión provisional, las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, tuvo el año pasado entradas en sus cuentas por casi tres millones de euros y gran parte del dinero era guardado en Luxemburgo. Inicialmente se conoció que el funcionario tenía una cuenta en un banco de Luxemburgo, le constan operaciones con fondos de inversión por más de 772.000 euros y donaciones a su mujer y a sus hijas en los cuatro últimos años por importes de 775.000 euros; pero la trama iba más allá y realmente poseía cuatro cuentas bancarias en una sucursal de Luxemburgo.

La investigación comenzó a inicios de 2022 por un incremento patrimonial

Y es que este país es un importante centro financiero de la zona euro y el segundo en el mundo en volumen de activos financieros depositados. Con el dinero que devenga un funcionario en España era casi «imposible» pensar que pudiera tener alguna cuenta en esta nación que anteriormente era conocida como un paraíso fiscal, pero al estar el dinero tan lejos del país evitaba controles e investigaciones por un aumento del patrimonio injustificado.

Las cuatro cuentas bancarias están activas desde el 2020, año en que explotó la crisis sanitaria del coronavirus, pero se desconoce el saldo de las mismas. El entramado de la presunta red de corrupción en las carreteras cántabras incluía al funcionario y a su familia, que cobrarían ‘mordidas’ para repartir las adjudicaciones de las obras. Dinero oculto.

Luxemburgo es el segundo país del mundo en volumen de activos financieros

Y es que el auto de la investigación detalla como operaba con diferentes conductas y con distintos licitadores con los que, entre otras formas de actuar, se repartían los lotes de una adjudicación, en los que solo era competitivo uno de ellos, o se coordinaban la «asignación» de un lote o un expediente de licitación a un licitador, todo ello corroborado en conversaciones telefónicas grabadas. Sobre las cuatro cuentas luxemburguesas, el informe del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria indica que la intención del funcionario y su familia era que los depósitos en esas cuentas permanecieran ocultos para el erario español porque aunque la tenencia de bienes en el extranjero no es ilegal, obliga a los titulares a declararlos ante Hacienda. Sin embargo, ningún miembro de la familia presentó esta información (el Modelo 720) ante la Agencia Tributaria. Aunque Luxemburgo no es considerado por la UE ni por Madrid como un paraíso fiscal, sí es cierto que utiliza unos métodos más flexibles de control bancario.

El jefe de servicio de carreteras junto a su familia tenían dinero en Luxemburgo

Toda la familia investigada. La investigación que comenzó a principios de 2022 por una denuncia anónima recibida en la Agencia Tributaria, se añade, según el auto, su incremento patrimonial y el de su entorno familiar, del que se apunta su origen en presuntos pagos de carácter ilícito por parte de las empresas adjudicatarias de los contratos.

De esta forma, se señala que se habría beneficiado de importes de más de medio millón de euros entre los años 2020 y 2022 procedentes de diversas empresas, que habría llegado de manera indirecta a través de una empresa de fotocopias de la que eran titulares su mujer y sus dos hijas. La investigación también condujo a descubrir que su esposa cobraba una nómina de una de las empresas implicadas, a pesar de no realizar en ella actividad laboral alguna, mientras que el funcionario recibía como «pago en especia» el disfrutar de un vehículo de alta gama arrendado por otra de las sociedades investigadas. Y es que tanto la esposa del funcionario, como las hijas y él mismo, tenían un papel en el supuesto proceso de blanqueo de capitales diseñado para dar apariencia de legalidad a los pagos de las compañías implicadas. Serían pagos de las cuatro empresas investigadas, Rucecan, La Encina, Cannor y API Movilidad, y de las otras diecinueve que, según los investigadores, también trabajaron con el funcionario de Obras Públicas entre 2003 y 2011.

Ninguno de los miembros de la familia había informado a Hacienda del dinero

A todo esto se suma que, durante el registro en la vivienda familiar, se localizaron más de medio millón de euros en efectivo y una máquina de contar dinero, una cantidad que la jueza instructora entiende «difícil de explicar» con el nivel de ingresos por su trabajo. Debido a la complejidad de la investigación la magistrada Mercedes Campostizo, encargada del caso de ‘Obras Públicas’ ha solicitado que se designe a un miembro de la carrera judicial para reforzar su juzgado. Ante ello, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Cantabria (TSJC) se reunirá el lunes para evaluar la petición.