20.04.2024 |
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CORRUPCIÓN CANTABRIA

Veinte años de corrupción con el PRC dirigiendo Obras Públicas

La trama de la consejería de Obras Públicas «solo operaba» con el Gobierno del PRC entre 2003 y 2011, con el regionalista José María Mazón, actual enlace directo con el Gobierno de España y a partir de 2019 con el regionalista José Luis Gochicoa | El Gobierno regional PRC-PSOE continúa trabajando en la actualidad con las empresas investigadas, con contratos activos en Obras Públicas y otros departamentos  

El cabecilla de la trama de corrupción en el Gobierno de Revilla recibía 'mordidas' de hasta 19 empresas

La juez pide a la Fiscalía investigar las posibles filtraciones publicadas en los medios

La Justicia amplía la causa a las cuatro empresas investigadas en la trama del Gobierno de Revilla

Fernández: «De los 42 millones de euros de la trama, ocho fueron contratos adjudicados por Gochicoa»

Toma de posesión de José Luis Gochicoa (d) como consejero de Obras Públicas y a su izquierda su antecesor, José María Mazón y el antes consejero de Obras, Miguel Ángel Revilla. / ALERTA
Toma de posesión de José Luis Gochicoa (d) como consejero de Obras Públicas y a su izquierda su antecesor, José María Mazón y el antes consejero de Obras, Miguel Ángel Revilla. / ALERTA
Veinte años de corrupción con el PRC dirigiendo Obras Públicas

La trama de presunta corrupción no para de dar titulares cada día. Y es que ayer fue el turno del Partido Popular que considera «espeluznante» que la trama de carreteras «solo operaba cuando estaba al frente de la Consejería de Obras Públicas el PRC», es decir, de 2003 a 2011 -los delitos de este periodo estarían prescritos-, y a partir de 2019.

Así lo ha dicho el portavoz parlamentario popular, Íñigo Fernández, quien ha calificado reiteradamente de «espeluznante» que los pagos irregulares en la tramitación de expedientes se produjeran entre 2003 y 2011 -de 2003 a 2007 el consejero fue el regionalista José María Mazón, ha recordado-, se interrumpieran entonces, con la salida del PRC del Gobierno y la llegada del PP, y vuelva a haber constancia de ellos a partir de 2019, es decir, nuevamente con los regionalistas al frente de Obras Públicas, según los datos del sumario del procedimiento publicados este jueves. «Con el cambio de Gobierno y la salida del PRC de Obras Públicas en 2011 se suspenden los pagos y no hay en años posteriores, hasta que se reanudan en 2019», ha enfatizado Fernández, para quien está claro que la trama «solo operaba en la Consejería cuando estaba al frente el PRC.

Y los pagos se suspendieron cuando se produce un cambio de Gobierno en 2011», que entra el PP, ha reiterado a preguntas de la prensa sobre los últimos datos conocidos de esta trama. A su juicio, «este nuevo elemento» justifica que el Gobierno PRCPSOE dé una explicación y se ha preguntado por qué los pagos se suspendieron cuando hubo un cambio de Gobierno, y «qué tipo de amparo» tenía el funcionario presuntamente implicado y su familia «para que todas sus actividades se produzcan solo cuando gobierna el PRC». «Es un elemento muy relevante que alguien tiene que explicar», ha dicho. Además, ha recordado que el funcionario detenido, M.A.D., ocupaba un puesto por comisión de servicio -jefe del Servicio de Carreteras- que aprueba el consejero y que el otro que aparece en las escuchas, el subdirector de Carreteras, es un cargo de libre designación.

«Es espeluznante y demuestra que la trama funcionó en la Consejería cuando estaba en manos del PRC y que no hubo trama o no consta en ningún lugar pagos de empresas a miembros de la trama con el PP

Preguntado por el periodo en que el fue consejero de Obras Públicas el popular Francisco Rodríguez, de 2011 a 2015, ha insistido en que con la llegada al Ejecutivo de Ignacio Diego «se suspenden los pagos o no constan», pero cuando vuelve el PRC al Gobierno y a la Consejería «se reanuda la actividad de la trama hasta la semana pasada». «Es espeluznante y demuestra que la trama funcionó en la Consejería cuando estaba en manos del PRC y que no hubo trama o no consta en ningún lugar pagos de empresas a miembros de la trama con el PP», ha reiterado Fernández, que se ha preguntado por qué «la trama operaba con un partido y no con otro», y a reiterar la petición de una explicación. «Pero aquí la explicación no la da nadie», ha censurado.

«Está fuera de lugar mantener un homenaje a quien ha tenido que salir del Gobierno por tener corrupción en su Consejería»

HOMENAJE A LA CORRUPCIÓN. En este sentido, ha denunciado que solo se ha dicho que el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, «es un héroe» y el PRC le hará un homenaje este domingo, cuando «ha tenido ante sus narices una trama de corrupción que ha estado amañando contratos por 42 millones de euros». «No se ha enterado de nada y todavía hay que aplaudirle, darle las gracias y poner su nombre a una calle», ha lamentado. Para Fernández, el homenaje y el anuncio de Revilla de que contará con Gochicoa si vuelve a ganar las elecciones en mayo es «una ofensa al contribuyente» y algo «que no entiende nadie». «Está fuera de lugar mantener un homenaje a quien ha tenido que salir del Gobierno por tener corrupción en su Consejería», ha reiterado. Además, ha instado a los ciudadanos a que «tomen nota» de que si el PRC gana las elecciones «volverá al Gobierno quien ha estado al frente de la Consejería con una trama de corrupción y no se enteró», y ha calificado de «ofensivo» e insulto al contribuyente el citado anuncio. De hecho, para Fernández «da la sensación de que en el PRC alguien ha perdido el juicio, el norte» y es «difícil entender» que, tras aceptar su dimisión, «a los pocos días le hagan un homenaje». «Revilla quiere ser un ejemplo en la lucha contra la corrupción; desde luego, en este episodio sí que está siendo un ejemplo de lo que no hay que hacer si se quiere combatir la corrupción».

La jueza desestima la petición de los constructores de personarse como acusación particular en la trama. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha desestimado la petición de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria de personarse como acusación particular en las actuaciones judiciales abiertas con motivo de la investigación por presuntas irregularidades en adjudicaciones de contratos de carreteras de la Consejería de Obras Públicas. Así lo han confirmado fuentes de la asociación, que, ante la desestimación de esta petición, han solicitado personarse como acusación popular, algo sobre lo que esperan tener respuesta «a finales de esta semana o principios de la próxima». La Junta Directiva de la asociación acordó la semana pasada personarse como acusación particular, lo que la jueza ha desestimado esta semana, y señaló que está «en contra de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, vengan de donde vengan». Además, puso de manifiesto su preocupación por «el fracaso de los sistemas de alertas para detectar este tipo de supuestos», y su malestar por «el daño material y social» que estas prácticas causan al conjunto de las empresas, al sector, a la economía y a la sociedad.

‘Mordidas’ de hasta 19 empresas. El jefe del servicio de carreteras de Cantabria, en prisión desde el 24 de febrero por supuestos contratos irregulares, pudo recibir pagos desde 2003 de hasta 19 empresas de Cantabria, Asturias y Castilla y León lo que presuntamente llevó a que incrementara su patrimonio de 162.000 a más de 4 millones de euros. Según consta en el sumario de esta causa, por la que también han sido detenidas la mujer y las dos hijas del funcionario y cuatro empresarios cántabros, todos en libertad con cargos, apunta que la actuación de Miguel A.D.B. pudo iniciarse hace veinte años, aunque los hechos anteriores a 2012 estarían prescritos. Miguel A.D.B. pudo haber solicitado «mordidas» desde 2003 a cambio de favorecer a empresas que trabajaban con la administración regional, según los informes de la Agencia Tributaria y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que constan en el sumario, para el enriquecimiento del entramado que supuestamente generó con su mujer y sus dos hijas, que ahora tienen 20 y 22 años. Los pagos que presuntamente recibió este funcionario, que también trabajó entre 1995 y 1998 para el Principado de Asturias, provendrían de 19 empresas, 14 de Cantabria, cinco de Asturias y Castilla y León, sus vínculos con Castilla y León solo se relacionarían con una cuenta que tiene abierta en León y que contaba con apoyo contable de una asesoría de esa ciudad.

Las cantidades que supuestamente darían las empresas a este funcionario por favorecerlas en contratos públicos habrían llegado a los 4,6 millones de euros entre 2003 y 2011, unos hechos que estarían prescritos, pero que constan en la investigación de esta causa, en el que se indica que Miguel A.D.B. presuntamente acabó con esa actividad en 2012 hasta 2019, cuando volvió a recibir pagos de esas características. Varias de esas cantidades eran supuestamente recibidas de forma directa o indirecta por su esposa, administradora única de una empresa de fotocopias que se creó en 2021, con domicilio en la casa de la familia, sin actividad, de la que eran socias la mujer y las dos hijas, y que llegó a ingresar en un año más de 600.000 euros con apenas 8.000 de gastos. Sin embargo, antes de 2012, la familia ya tuvo otra empresa, que supuestamente también utilizaba para justificar los pagos que recibían de las empresas.

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