Corrupción durante el Gobierno de Revilla: qué barato sale robar a los cántabros
El escándalo de Obras Públicas bajo el Gobierno de Revilla suma nuevas sombras: la implicación familiar del funcionario que lideró la trama alcanza a sus hijas, vinculadas al blanqueo de capitales
Durante años, el Gobierno del regionalista Miguel Ángel Revilla permitió que se fraguara, desde las entrañas de la administración autonómica, una trama corrupta sin precedentes. A pesar de la magnitud del fraude, ninguno de los implicados en el caso Gesvican pisará la cárcel. Bastará con pagar multas irrisorias y devolver una fracción del dinero saqueado a los contribuyentes cántabros.
Un fraude millonario con precio de saldo
Mientras el jefe de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas –designado durante los mandatos de Revilla– ha pactado siete años de cárcel y una multa superior al millón de euros, los responsables de la pieza separada conocida como «caso Gesvicán» se han beneficiado de un pacto indulgente con la Fiscalía. Técnicos públicos y empresarios implicados en prácticas de favoritismo y cohecho durante años saldrán impunes penalmente mediante simples sanciones económicas y suspensiones temporales.
Las penas pactadas: entre la vergüenza y la burla
Los cinco acusados han reconocido los hechos y acordado con el Ministerio Fiscal las siguientes condiciones:
- Eduardo Suengas (Gesvicán): multa de 2.430 €, suspensión de empleo durante dos años y devolución de 16.875 €.
- Joaquín Díez (Gesvicán): multa de 2.430 €, suspensión de empleo y 9.625 € de indemnización.
- Secundino Vidal Celis (Rucecan): multa de 1.620 € y pago de 8.875 €.
- Elías Celis (Rucecan): 1.620 € de multa y 10.875 € de indemnización.
- Ricardo Fernández (Senor): multa de 1.350 € y pago de 4.750 €.
En total, menos de 54.000 euros para reparar un fraude sistémico que afectó a la contratación pública entre 2018 y 2022. Un precio ridículo por haber manipulado informes técnicos, falseado criterios de adjudicación y favorecido licitadores concertados a cambio de sobornos.
Prácticas sistemáticas bajo gobiernos del PRC
Los hechos ocurrieron cuando Gesvicán, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, evaluaba ofertas técnicas de obras públicas. Los acusados recibían «comisiones a medida» por beneficiar a determinadas empresas, muchas de ellas vinculadas al caso principal de Obras Públicas, cuyo epicentro era la red encabezada por Miguel Ángel Díez, ahora condenado.
Entre las obras amañadas se citan contratos en carreteras como la CA-152 (La Escrita-La Matanza), la CA-271 (Castillo Pedroso-Toranzo) o el tramo Loredo-Langre en la CA-440. En todas ellas, las valoraciones técnicas eran alteradas para expulsar a competidores legítimos y adjudicar a empresas afines.
El coste para el contribuyente
La Fiscalía no ha podido cuantificar con exactitud el daño económico, pero sí estima que el fraude acreditado supera los 53.000 euros. Sin embargo, esta cifra podría ser muy superior, ya que se cree que las licitaciones fueron deliberadamente infladas para canalizar comisiones ilegales.
La empresa pública Gesvicán, financiada con dinero de todos los cántabros, fue utilizada como plataforma de corrupción estructural bajo el amparo de los responsables políticos de la época.
La gestión de Miguel Ángel Revilla deja tras de sí una estela de impunidad administrativa donde el dinero público fue saqueado sin consecuencias reales. La sociedad cántabra asiste ahora a la confirmación de que robar al contribuyente en Cantabria puede salir extremadamente barato, si se hace desde dentro del poder y con la complicidad del sistema.
No hay cárcel, no hay justicia proporcional. Solo hay silencio, pactos y elocuente complicidad institucional.
