La Concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana y candidata a la alcaldía por la Agrupación de Vecinos Independiente de Santa cruz de Bezana, (ADVI), Milagros Bárcena, asistió el pasado miércoles «a un hecho insólito» cuando el secretario, Pedro María de Egaña Barrenechea y por ende el alcalde, Alberto García Onaindía, (PSOE) impidieron que la concejala presentara dos mociones aludiendo a que era no adscrita, según denuncia la formación.

La concejala que cuestionó tal decisión por parte del funcionario y del primer edil, viéndose obligada a trasladar de forma «muy resumida» el contenido de las mociones al punto de Ruegos y Preguntas, tras finalizar el pleno y puesta en contacto con sus abogados aseguraque se han vulnerado sus derechos como concejala porque a pesar de no formar grupo «tengo todo el derecho, como cualquier concejal», a presentar mociones, como así estipula el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 20/2011 de seis de febrero en la que se estima que «la presentación de mociones forma parte de las funciones de control del gobierno municipal; núcleo inherente a la función representativa que no puede verse afectada por el pase a la condición de concejal no adscrito», así como el Tribunal Supremo en sentencia de 3 de Julio de 2012(STS 5493/2012) se hace eco de la anteriormente citada.

PRIMERA MOCIÓN: CONTRATO de ‘LA ENCINA’. En la primera moción la concejala ponía en tela de juicio el contrato con la empresa ‘La Encina’, una de las empresas implicadas en la presunta trama de corrupción en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Revilla, firmado por el alcalde el 14 de marzo y en cuyo expediente según sañala el interventor «no consta documentación acreditativa de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, incumpliendo la base 2.5.7 de los Pliegos y tampoco constan certificados positivos».

Según ADVI , el interventor señala, asimismo, que «existe falta de fiscalización e irregularidades en el sobre A de la adjudicación. A pesar de no aportarlo no se entendió que había retirado la oferta. No se ha podido comprobar el sobre A puesto que no está en el expediente, aportándose después de apertura de sobre C».

El interventor también señala en su informe de 24 de marzo que «se ha introducido en el expediente el documento Sobre A del citado contrato y se ha alterado su orden colocándolo delante del Sobre B lo que ha ocasionado que todos los documentos del expediente desde esa fecha (al menos 30) aparezcan con fecha 27 de marzo de 2023 dificultando enormemente la visión del orden cronológico de los expedientes...».

SEGUNDA MOCIÓN: LIMITACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AL INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO. La segunda moción que pretendía presentar la concejala versaba sobre la limitación al acceso a la plataforma Gestiona, (donde se recogen todos los expedientes del Ayuntamiento), al propio interventor del consistorio, según consta en 6 informes en los que «el funcionario reclama que le den acceso sin que nadie haya respondido a tal requerimiento, siendo los apoderados de la plataforma, el Alcalde, Secretario y dos administrativos». «Todo ello, coincidiendo en fechas, con el escándalo de corrupción en la Consejería de Obras Públicas».

El interventor que presenta en sus informes capturas de todos los intentos fallidos, día a día, hasta un total de 17 jornadas, en las que no ha podido entrar en la plataforma, ha solicitado una explicación al alcalde y el interés público de tal decisión ya que según los resposnables de Gestiona,con los que se puso en contacto, en esos días sí se habían limitado accesos desde el Ayuntamiento.   

Ultimo pleno. El pasado miércoles, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana celebró el último pleno ordinario de esta legislatura, con una sesión que duró en torno a las dos horas y que comenzó con la aprobación de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas del servicio de gestión, recogida, carga y transporte a vertedero de residuos urbanos. Dicho pliego salió adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno (PSOE- PRC y Unidas Podemos), los votos en contra de PP y la concejala no adscrita, Milagros Barcena, y la abstención de Ciudadanos y Vox.

Se trata de un contrato de 7.058.000 €, con una duración de 10 años, adaptado a la nueva Ley de Residuos Urbanos. El alcalde, Alberto García Onandía defendió que este «es un pliego meditado, comparado y estudiado por una empresa técnica externa, cuyos datos y observaciones muestran que el periodo óptimo para licitar este servicio de la forma más ventajosa para el municipio, y por lo tanto para ofrecer el servicio de mejor calidad para nuestros vecinos, es de 10 años. De este modo, no se reducen los salarios de los trabajadores, se incorporarán los nuevos contenedores marrones para residuos orgánicos, se refuerzan las rutas de recogida, se actualiza la contenerización, los camiones, etc».

Tras este punto, llegaron las renuncias de los concejales del grupo Ciudadanos, Francisco Javier Bel Blesa y Daniel Enrique Gordaliza Crespo, que se despidieron de la corporación municipal.

Después de dar cuenta de la liquidación del presupuesto y la depuración de saldos, el alcalde Alberto García Onandía presentó una primera modificación presupuestaria mediante crédito extraordinario, financiado con remanente de tesorería. Es una modificación de 1.296.728,88 euros, que se hace sobre un remanente de 4.632.741 euros y que va destinada a cubrir gastos generales, como la adquisición de un nuevo camión grúa para los servicios municipales de mantenimiento y obras; el suministro de marquesinas en paradas de autobús; la finalización de las obras de reurbanización en la calle Murillo; la fase tres de las obras en La Llata-El Santuco; la mejora de instalaciones deportivas y centros sociales, así como para el mantenimiento de la gratuidad en el servicio de transporte urbano.

En el siguiente punto del Orden del Día se presentó otra modificación presupuestaria de 258.000 euros para hacer frente a facturas pendientes, de las cuáles el 80% se corresponde con gasto energético. En ambos casos, las modificaciones salieron adelante con el voto favorable del equipo de gobierno (PSOE-PRC-Unidas Podemos).

Ante la pregunta de algunos concejales de la oposición, García Onandía destacó que «el remanente de tesorería tras estas dos modificaciones presupuestarias es de 3.078.000 euros por lo que no se compromete, en ningún momento, la estabilidad financiera del consistorio. Hace unos meses aprobamos un presupuesto equilibrado y hoy, con estas modificaciones de crédito extraordinario lo que pretendemos es seguir trabajando por el municipio y hacer estas inversiones importantes,  que son posibles gracias a la exención de las reglas de gasto».

También se aprobó el convenio de cooperación con el Gobierno de Cantabria para el programa de recursos educativos de Educación Básica, por valor de 21.000 euros.