El comité de empresa de MARE ha denunciado este domingo «oscurantismo y desidia» en la gestión de esta sociedad pública y ha reclamado que «no se criminalice a los trabajadores por los pagos irregulares».

Además, a través de un comunicado, ha señalado que continuará hoy, lunes, con sus reivindicaciones con una concentración frente a la Consejería de Medio Ambiente (PCTCAN) para continuar con sus reivindicaciones.

Respecto a la auditoría en la empresa, el comité ha reconocido que «ha sido demoledora respecto a la gestión realizada por quienes han dirigido esta empresa con muy poco respeto por la ciudadanía cántabra».

En este sentido, ha solicitado «una investigación seria para que sean las personas responsables quienes paguen y no todo el personal de MARE», que, según ha lamentado, se ha visto señalado «sin haber percibido ni un euro de forma irregular».

El Comité de Empresa ha destacado que la negativa mostrada por los partidos políticos que han gestionado MARE en los últimos años a la creación de una comisión que investigue lo que ha pasado «solo esconde el miedo a que se sepa la verdad sobre lo que ha ocurrido, que es muy difícil de entender sin que exista una presunta malversación de dinero público –como revela el propio informe jurídico adjunto a la auditoría del Gobierno de Cantabria-».

ALTOS CARGOS

Según el Comité, «si bien la auditoría sacó a la luz pagos irregulares dentro de esta empresa pública, estos no llegaron a recibirlos ni el 20% de la plantilla, unas 52 personas» y ha apuntado que «hay varios casos que no se reflejan en la auditoría y la cifra podría ser mayor».

«Mientras la plantilla está viendo cómo se regularizan rigurosamente sus condiciones laborales, los responsables y artífices no son requeridos en su responsabilidad», ha remarcado. Así, ha citado algunos ejemplos, como los «profesionales de la parte alta de la clasificación que, lejos de recortar sus emolumentos, los han visto crecer a través de subterfugios pseudo legales lejos de toda ética profesional bajo criterios que no les son de aplicación» o «los trabajadores de la zona alta del escalafón que, sin variar sus funciones ni su actividad, han visto incrementadas su categoría o retribuciones de una forma injustificada».

De este modo, el Comité ha criticado que «los responsables, artífices y principales beneficiados de una presunta malversación de dinero público de cifras escandalosas se han visto reforzados sin haber asumido su culpa» y ha reiterado que «se están cargando las tintas sobre profesionales de trayectoria honesta y responsable». Asimismo, ha asegurado que «la dirección continúa negándose a afrontar los graves problemas del personal», pese a que siguen «intentando», a través de la negociación, solucionar «algunos problemas» que les afectan.

Además, ha censurado que el convenio colectivo fue firmado en 2008 y permanece caducado desde 2011. «Vemos cómo se prorroga tácitamente sin intención de las direcciones de adecuar nuestro marco legal a la nueva realidad empresarial», ha incidido el Comité, que ha afirmado que en el convenio actual «hay herramientas para repartir dinero arbitrariamente, y eso nos lleva a pensar por qué no quieren actualizarlo».

También ha denunciado que «MARE tampoco cuenta con una estructura retributiva que refleje la realidad de la empresa, lo que permite tener unas condiciones a la carta». Lo mismo ocurre con la valoración de puestos de trabajo, con un «informe encargado a una empresa auditora y pagado con dinero público, que está guardado en un cajón porque refleja una realidad que no les interesa y que supondría avanzar en una estructura equitativa y una valoración de puestos seria».

Y, en su opinión, «hay una clara falta de personal, pese al aumento constante de trabajo». «La empresa, en cambio, amortiza puestos de trabajo en categorías inferiores a la par que crea puestos irrelevantes para colocar afines», ha criticado.

Finalmente, respecto a los trabajadores de categorías inferiores, el Comité ha denunciado que «hay personal que debe hacer hasta 200 kilómetros sin cobrar dietas, mientras otros las perciben sin haberlas generado».

En la gestión del regionalista Guillermo Blanco, se siguen pagando «sobresueldos» ilegales

El consejero de Medio Ambiente, el regionalista Guillermo Blanco, de quien depende esa empresa pública, reivindicó en la comisión de investigación que se efectuó en el Parlamento cántabro que su departamento está dando una respuesta «adecuada» a las «malas prácticas» que, según ha apuntado, arrastra Mare desde 2008. «Todos sabíamos que manejaban esta empresa pública como si fuera su chiquipark. Todos sospechábamos o sabíamos cómo se elegían los directores generales, directivos y Consejo de Administración», aseguró el portavoz de Ciudadanos, Félix Álvarez. Además, Cs y Vox exigieron que se busquen responsabilidades civiles y penales ahora que se tiene «claro» que ha habido irregularidades durante las últimas cuatro legislaturas y «al parecer parte del dinero se va a perder». «Queremos saber qué paso, por qué y quién lo permitió». El mismo consejero, Guillermo Blanco (PRC), reconoció que en la empresa pública MARE hubo «prácticas oscuras». Lejos de arrojar luz sobre este asunto todos los partidos menos Vox, es decir, PRC, PP y PSOE votaron en contra de enviar la auditoria al Tribunal de Cuentas. Hay que recordar que la la auditoría de MARE, cuyo resultado se conoció en 2019, se cifra en al menos 1,3 millones de euros las cantidades pagadas de forma indebida desde 2008.