El Gobierno de Cantabria, liderado por el Partido Popular (PP), se enfrenta a una nueva serie de desembolsos económicos derivados de la anulación del concurso eólico que tuvo lugar en 2009. Este concurso, convocado durante la legislatura del entonces bipartito integrado por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha generado una cantidad significativa de controversias y litigios legales que ahora obligan al ejecutivo a desembolsar más de un millón de euros en indemnizaciones.

Más de ocho millones de euros en indemnizaciones. La cifra anunciada asciende a un total de 8.096.000 euros, lo que representa una carga financiera considerable para las arcas públicas de la región. Este anuncio fue hecho por el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, durante una sesión del Pleno. Arasti destacó la gravedad de la situación, calificando el concurso eólico como un episodio «de triste recuerdo» que ha resultado en una acumulación alarmante de costos legales para el Gobierno.

El tema surgió durante el debate parlamentario cuando el consejero Arasti respondió a una pregunta planteada por su predecesor en el cargo, el regionalista Javier López Marcano. Este último había interrogado al actual gobierno sobre las medidas concretas que estaban siendo implementadas para contrarrestar la caída del Índice de Producción Industrial en Cantabria durante el año 2023. Según López Marcano, esta caída se ha visto agravada por lo que él considera como «inacción» por parte de la Consejería de Industria.

El intercambio entre ambos políticos no estuvo exento de tensiones, ya que se produjo un cruce de acusaciones sobre la gestión heredada y las responsabilidades en la situación económica e industrial actual de la región. Arasti culpó al anterior bipartito PRC-PSOE de dejar el sector industrial en una «recesión técnica» y en una tendencia negativa, mientras que López Marcano respondió acusando al PP de atribuirse los logros positivos y culpar a los gobiernos anteriores por los fracasos.

En medio de este debate político, Arasti destacó las acciones que el actual Gobierno está llevando a cabo para impulsar el sector industrial y estabilizar la economía regional. Entre estas acciones, mencionó el avance en las obras del polígono industrial de La Pasiega en Piélagos, donde se están simultaneando las obras de la primera fase con la tramitación de la segunda. Además, señaló que el Gobierno ha resuelto de manera favorable la autorización de construcción de los primeros cinco parques eólicos de competencia autonómica, junto con el proyecto del Escudo, lo que supondrá una inversión significativa de 245 millones de euros.

El debate evidenció las discrepancias políticas sobre la gestión del pasado y las estrategias para el futuro, mostrando un panorama complejo en el que el Gobierno debe hacer frente a desafíos económicos y políticos mientras intenta impulsar el desarrollo industrial de la región.

Esta situación plantea desafíos significativos para el Gobierno de Cantabria, que se ve obligado a equilibrar las demandas financieras de las indemnizaciones por el concurso eólico anulado con la implementación de políticas que fomenten el crecimiento económico y la estabilidad industrial en la región. La convocatoria de 2024 del Programa de Corporaciones Locales, que será publicada en marzo para contrataciones en junio, se presenta como una oportunidad clave para abordar estos desafíos y avanzar hacia la recuperación económica y el progreso industrial en Cantabria.

Programa de corporaciones locales.  En relación a otro asunto, y en este caso a preguntas del PSOE, Arasti ha anunciado que el Gobierno regional publicará «en breve» la orden con las nuevas bases de subvenciones del programa de Corporaciones Locales, dirigido a la inserción laboral de personas paradas, y la convocatoria de 2024 se prevé publicar en marzo, para «antes de Semana Santa», y la intención es que las contrataciones por parte de los ayuntamientos puedan efectuarse en el mes de junio.

El agujero en la SRECD

También ha intervenido en el Pleno la consejera de Cultura, Eva Guillermina Fernández, para responder a preguntas de Vox sobre al «agujero» de 13 millones de euros que destapó en la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte (SRECD) heredado de la anterior gestión a cargo del PSOE, tras haber utilizado fondos destinados a obras para pagar otras actividades. Frente a la postura de Vox, que cree que «da la impresión de que nunca pasa nada en una empresa pública», la consejera ha descartado judicializar el asunto. «Si tuviéramos que llevar a la Justicia a todos los malos gestores del sector público, los juzgados estarían atascados». «Al final las cosas son muy sencillas y en lo que nos ocupa están muy claras: falta dinero, y falta porque se ha gastado de más, porque se ha gestionado mal», ha explicado, apostando por una gestión «responsable» a partir de ahora para solucionarlo. La portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha calificado como «de ciencia ficción» pretender poner esa solución sin hacer recortes, ante lo que Fernández ha respondido que no se recortará en asuntos importantes como la programación del Palacio de Festivales, por ejemplo, pero se dejarán de pagar eventos como cenas o ‘chocolatadas’ que figuran entre las facturas.