Cantabria transformará su estructura judicial con nuevos tribunales de instancia
El Gobierno cántabro ha aprobado resoluciones que transforman la estructura judicial, creando tribunales colegiados y nuevas oficinas, cumpliendo los plazos y negociando con los sindicatos
La Comunidad Autónoma de Cantabria ha dado un nuevo paso en la transformación de su estructura judicial, conforme a lo dispuesto por la Ley de eficiencia organizativa del servicio público de justicia. Este avance se formaliza mediante la publicación, en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) del miércoles 7 de mayo de 2025, de varias resoluciones adoptadas por la Consejería de Justicia del Gobierno autonómico. Estas decisiones afectan a los ocho partidos judiciales cántabros e implican una reforma significativa en el modelo organizativo, adaptando su funcionamiento a las nuevas directrices estatales.
La nueva legislación nacional obliga a reconfigurar la planta judicial mediante la creación de tribunales de instancia que reemplazarán a los tradicionales juzgados unipersonales. En cada partido judicial se establecerá un único tribunal de instancia con sede en la capital correspondiente. Dichos tribunales, con carácter general, estarán organizados en una Sección Única de Civil e Instrucción. No obstante, en algunas demarcaciones, como en el caso de Santander, se dispondrán otras secciones adicionales que abarcarán materias especializadas como Familia, Infancia y Capacidad, Mercantil, Penal, Menores, Violencia sobre la Mujer, Contencioso-Administrativo, Vigilancia Penitenciaria y Social.
Esta reestructuración supondrá la desaparición del modelo anterior basado en juzgados unipersonales independientes, pasando a integrarse en tribunales de instancia con el apoyo de oficinas judiciales organizadas por servicios comunes. Estos servicios estarán encargados de gestionar los procedimientos judiciales y garantizar una tramitación homogénea en todo el territorio. En todos los partidos judiciales cántabros se implantará un Servicio Común de Tramitación. Asimismo, en Torrelavega y Santander se establecerá un Servicio Común General con funciones transversales, y en la capital autonómica se incluirá un Servicio Común de Ejecución destinado a los procesos ejecutivos.
Paralelamente, el Ejecutivo regional ha aprobado resoluciones que definen las nuevas relaciones de puestos de trabajo para las oficinas judiciales de los partidos judiciales de Castro, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, Santoña, San Vicente y Torrelavega. Además, se han determinado las plantillas correspondientes a los registros civiles de estas mismas demarcaciones, concebidos como unidades independientes respecto a los tribunales de instancia. También se ha aprobado la dotación de personal para las oficinas de justicia municipales, conocidas anteriormente como juzgados de paz.
La consejera de Justicia, Isabel Urrutia, ha destacado que esta transformación estructural permitirá cumplir con los «exigentes plazos impuestos» por la normativa estatal, pese a las dificultades asociadas. Según ha señalado, la reforma se ha desarrollado «sin contar con las comunidades autónomas con competencias de justicia y cargando además a las autonomías con los costes de la reforma», lo que ha obligado al Gobierno regional a asumir importantes esfuerzos organizativos y presupuestarios.
Aun así, la Consejería ha reiterado su compromiso con el calendario fijado a nivel nacional, que prevé la implementación del nuevo modelo en siete de los ocho partidos judiciales antes del 1 de julio de 2025. Para el partido judicial de Santander, el plazo se extiende hasta el 31 de diciembre del mismo año. Además, Urrutia ha vinculado la reforma con los objetivos del Pacto para la Justicia de Cantabria, que contempla la implantación del nuevo esquema organizativo en un marco de concertación con los actores judiciales y sociales implicados. En este sentido, las resoluciones publicadas han sido resultado de negociaciones con las organizaciones sindicales de la Administración de Justicia, así como con el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), jueces, magistrados, letrados de la Administración y colegios profesionales.
Una vez aprobadas las resoluciones, comenzará la fase de negociación del procedimiento de acoplamiento del personal a los nuevos puestos. Esta reorganización del personal estará guiada por el principio de mantenimiento de la continuidad en la prestación del servicio público de justicia, con el objetivo de evitar alteraciones en el funcionamiento del sistema.
Según la Consejería, los próximos pasos «fundamentales» incluirán la cobertura de los puestos singularizados y la plena incorporación del personal a las nuevas unidades judiciales. Todo ello se hará respetando el marco normativo y con la vista puesta en que la reorganización no interrumpa el normal desarrollo de los procedimientos judiciales.
Por último, cabe destacar que la estructura propuesta se ajusta a los modelos de referencia consensuados por las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en 2022, lo que permite alinear el proceso de transformación de Cantabria con los estándares organizativos del conjunto del Estado.
La reforma constituye, por tanto, un cambio integral de calado en la arquitectura judicial de Cantabria, impulsado por una legislación nacional que busca la eficiencia en el sistema, pero que ha requerido de una considerable capacidad de adaptación por parte del Gobierno autonómico.
