Cantabria lleva al Supremo el reparto de menores por “imposición y falta de garantías”
El Ejecutivo autonómico denuncia que el decreto nace de un real decreto ley ya recurrido ante el Constitucional por once comunidades y que presenta “defectos de tramitación” que podrían anularlo
El Gobierno de Cantabria recurrirá ante el Tribunal Supremo el decreto que regula el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, al considerar que vulnera las competencias autonómicas y los derechos fundamentales de los propios menores. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha denunciado que el Ejecutivo central “no busca la protección del menor, sino que los trata como mercancía y moneda de cambio”.
El recurso del Gobierno cántabro
El Consejo de Gobierno autorizó en su última reunión la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra este decreto, cuyo plazo de impugnación concluye el 23 de octubre. La decisión se fundamenta en la “posible extralimitación competencial del Estado”, ya que la norma se apoya en un real decreto ley recurrido ante el Tribunal Constitucional por once comunidades autónomas, entre ellas Cantabria y Castilla-La Mancha.
El Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga sostiene que el decreto puede vulnerar varios artículos de la Constitución Española y que además presenta “defectos de tramitación” que podrían provocar su nulidad.
156 menores previstos para Cantabria
En aplicación de este reparto, Cantabria debería acoger a 156 menores, aunque la consejera advirtió de que todavía no se ha facilitado información sobre cómo se llevará a cabo el proceso. “No sabemos nada aún, ni en qué condiciones ni con qué recursos”, señaló Gómez del Río.
La responsable autonómica insistió en que el procedimiento del Ejecutivo central es una “imposición” que no tiene en cuenta ni las necesidades de los menores en protección, integración, sanidad o educación, ni la capacidad real de acogida de las autonomías.
Críticas al Gobierno central
Gómez del Río acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de haber negociado con Cataluña y País Vasco su exclusión del reparto y después imponer las cifras al resto de comunidades. “Se trata a los menores como mercancía y moneda de cambio”, reiteró, asegurando que el “interés superior del menor” se convierte en “el menor de los intereses de Sánchez”.
La consejera recalcó que Cantabria ha actuado “por congruencia” al recurrir este decreto, después de haber impugnado también la norma anterior. “Creemos que no es la forma de actuar ni el camino adecuado para proteger a los menores”, sostuvo.
La posición de Cantabria: proteger, no imponer
El Ejecutivo autonómico insiste en que seguirá “impugnando y recurriendo todas aquellas normas que no sean el mecanismo adecuado para proteger a los menores”. Según Gómez del Río, la política del Gobierno central no combate adecuadamente la mafia que se aprovecha de estos menores, ni ofrece garantías para su correcta atención en los territorios donde son acogidos.
