Cantabria investigará contratos de empresas de la trama Koldo con el Gobierno de Revilla

El Gobierno de Cantabria ha anunciado que está dispuesto a realizar un estudio detallado sobre las empresas que figuran en la documentación intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la investigación sobre la presunta trama de amaño de contratos de obras públicas conocida como ‘caso Koldo’. No obstante, dicho análisis se llevará a cabo únicamente si así lo requiere expresamente la Justicia.

Esta posibilidad ha sido planteada por el actual consejero de Fomento, Roberto Media, quien ha asegurado que el Ejecutivo autonómico se encuentra preparado para colaborar con las autoridades judiciales en todo lo necesario, al tiempo que ha afirmado no tener conocimiento del contenido del pendrive hallado en una vivienda particular vinculada a uno de los implicados en la citada trama.

El caso adquirió una nueva dimensión tras el hallazgo, durante uno de los registros practicados por la UCO en Valencia, de un dispositivo de almacenamiento USB de color azul, serigrafiado con el logotipo del Gobierno de Cantabria y el rótulo ‘Consejería de Obras Públicas y Vivienda’. Este material fue localizado en la residencia de José Ruz, empresario investigado por su presunta participación en la red de adjudicaciones irregulares.

El descubrimiento ha suscitado numerosos interrogantes, tanto por su procedencia como por su contenido, aún no revelado oficialmente. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda, tal como figura en el pendrive, es el antiguo nombre del departamento que hoy se denomina Consejería de Fomento, después del cambio de denominación realizado con la llegada del Partido Popular al Gobierno regional en 2023.

El consejero Roberto Media ha explicado que el dispositivo es, con toda probabilidad, anterior a la legislatura actual.

«Es un pendrive de la anterior legislatura o la anterior posiblemente; a partir de ahí no sé qué contiene, nadie nos lo ha dicho», manifestó.

Según el consejero, no se ha recibido ninguna información oficial sobre lo que podría albergar el dispositivo. Aun así, se ha mostrado tajante al afirmar que la Consejería, en su configuración actual, «a día de hoy está limpia».

Media ha aprovechado para lanzar una crítica velada a los gobiernos anteriores, formados por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al considerar que no se ejercieron suficientes controles para evitar irregularidades:

«En la anterior legislatura se debieron hacer muchísimas más cosas, se debió vigilar mucho más para que no ocurriera lo que ocurrió y cómo las cosas pasaron», afirmó.

Estas declaraciones hacen referencia directa a la denominada ‘Trama de Carreteras’, que ya había generado un importante terremoto político en Cantabria en 2023.

Dicha trama provocó la dimisión del entonces consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, tras conocerse que un funcionario del Servicio de Carreteras del Gobierno cántabro había emitido informes técnicos supuestamente manipulados con el fin de beneficiar a determinadas empresas en la adjudicación de contratos públicos.

Entre las empresas señaladas figuraban Rucencan, La Encina, Cannor y API Movilidad. Durante la investigación se hallaron en el domicilio del funcionario más de 500.000 euros en efectivo ocultos, así como una máquina contadora de billetes y pruebas de transferencias millonarias a cuentas bancarias en el extranjero.

Estos hechos desencadenaron una amplia polémica y llevaron al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, a aceptar la renuncia de Gochicoa y de su director general de Carreteras, Manuel del Jesús.

Aunque Revilla defendió la honorabilidad de sus cargos y aseguró que el sumario no incluía a ningún político imputado, reconoció que los controles internos de la Consejería habían fallado. En respuesta, el Gobierno reforzó los mecanismos de fiscalización y nombró nuevos responsables para dirigir el departamento, primero de forma interina y más tarde de forma definitiva.

Este contexto forma el telón de fondo en el que se inscribe ahora el nuevo episodio relacionado con el caso Koldo y el misterioso pendrive.

Volviendo al presente, Media ha expresado su sorpresa por la aparición del dispositivo en una vivienda particular ubicada en la Comunidad Valenciana, en poder de una persona relacionada con actividades presuntamente ilícitas:

«Yo no voy a presuponer nada pero lo veremos: es un pendrive que salió de Cantabria y acabó en una casa particular de un señor que ahora está implicado en cosas poco bonitas en la Comunidad Valenciana», indicó.

Aunque algunos portavoces de la oposición han restado importancia al hallazgo, sugiriendo irónicamente que podría contener fotos personales, el Gobierno regional ha optado por mantenerse cauto y dejar que las autoridades competentes determinen la relevancia del dispositivo.

Media ha reiterado que el Ejecutivo autonómico no tiene conocimiento alguno sobre el contenido del pendrive ni sobre la forma en que pudo haber salido de las dependencias oficiales para acabar en manos de un empresario investigado.

En todo caso, ha insistido en que corresponde a la UCO y a la Justicia aclarar los extremos de esta cuestión: «Esperemos y ya veremos qué pasa, pero nosotros no tenemos ningún conocimiento. Es un pendrive de anteriores gobiernos que ya se verá y la UCO sabrá qué es lo que aparece en él», añadió.

Sobre si alguna de las empresas citadas en la investigación del caso Koldo ha tenido relaciones contractuales con la Administración regional, Media ha explicado que por el momento no se dispone de información que permita establecer esa vinculación:

«No nos consta algunas de estas empresas que aparecen, pero claro, todo esto hay que hacerlo con mucho más detalle y es cuestión de la semana pasada», señaló.

En este sentido, ha anunciado que se llevará a cabo un análisis más exhaustivo para comprobar si alguna de esas firmas ha trabajado o trabaja actualmente con la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En caso de que los jueces lo soliciten, el Gobierno cántabro se ha mostrado dispuesto a facilitar toda la documentación pertinente:

«Habrá que ver si alguna de esas empresas ha contratado con la Administración de Cantabria y habrá que hacer un estudio. Y me imagino que también, si la judicatura nos pide esos datos, pues los facilitaremos», declaró el consejero.

Media también ha contextualizado el alcance de la investigación judicial, asegurando que esta no afecta únicamente a Cantabria, sino que podría tener implicaciones en otras comunidades autónomas: «Estamos viendo que, por desgracia, esta cuestión que empezó siendo de un portero de discoteca, acabó afectando a dos secretarios generales del Partido Socialista y parece que no va a acabar ahí», afirmó.

El consejero considera que esta red de presuntas irregularidades podría implicar a numerosos organismos públicos en distintos puntos del país:

«Es una cuestión que afecta a muchísimas comunidades autónomas, a muchísimos organismos públicos y yo creo que esto va a acabar salpicando a muchísima gente que parece que ahora empieza a ponerse nerviosa», advirtió.

A su juicio, los hechos investigados no son fruto de la casualidad ni de la actuación aislada de determinados individuos, sino que responden a un patrón prolongado en el tiempo del que muchas personas podrían haber tenido conocimiento: «Estas cosas no nacen solas: han pasado durante muchos años y alguien tenía que estar enterado de todo lo que pasaba», señaló.

En consecuencia, quienes estuvieran al tanto de los hechos tendrán que «dar las oportunas explicaciones» ante la Justicia o las instituciones correspondientes.

Media concluyó su intervención señalando que los recientes acontecimientos han comenzado a generar preocupación entre responsables políticos y administrativos de otras regiones:

«Veo que en muchas comunidades autónomas la gente se empieza a poner nerviosa porque aquello que parecía que nunca se iba a descubrir, aunque existía, se va descubriendo y afectando a muchísima gente», subrayó.

Así, el caso del pendrive hallado en el domicilio de un empresario investigado en Valencia se convierte en un nuevo capítulo dentro de una serie de escándalos que han sacudido a la Administración pública cántabra y que han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y control en la adjudicación de contratos.

Con el precedente aún reciente de la ‘Trama de Carreteras’ y la dimisión del consejero Gochicoa, el actual Ejecutivo ha reiterado su disposición a colaborar con la Justicia para esclarecer cualquier aspecto que vincule a la región con prácticas presuntamente irregulares.

La evolución del caso Koldo y las posibles ramificaciones del dispositivo intervenido por la UCO marcarán en buena medida el rumbo político y judicial de los próximos meses en Cantabria.