Hallan un pendrive del Gobierno cántabro, de la época de Revilla, en casa de un constructor

Los registros realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco del denominado ‘caso Koldo’, han derivado en la incautación de una gran cantidad de documentación física, así como numerosos dispositivos electrónicos. Estas actuaciones forman parte de una investigación centrada en una presunta red de adjudicaciones irregulares de contratos de obras públicas que afecta a diversos territorios del Estado español.

Entre los materiales incautados destaca un pendrive identificado con el logotipo del «Gobierno de Cantabria Consejería de Obras Públicas y Vivienda», que sería de la época en que Miguel Ángel Revilla dirigía la región. Este dispositivo fue hallado en la vivienda de José Ruz, un constructor residente en Valencia, cuya implicación en el caso está siendo analizada por los investigadores. El objeto fue intervenido durante uno de los registros autorizados por la autoridad judicial competente.

La UCO, en un informe incorporado al procedimiento, describe a Ruz como una figura recurrente en el entorno de los principales investigados, entre ellos Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes; José Luis Ábalos, exministro de dicha cartera; y Víctor de Aldama. Según el informe, el constructor «se ha erigido en un elemento común a los principales investigados —Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama—, habiendo mantenido reuniones con todos ellos y dando novedades del resultado de las mismas» a Koldo García.

Durante las operaciones de registro, desarrolladas entre los días 10 y 11 de junio en distintas comunidades autónomas como Madrid, Valencia, Andalucía, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha, los agentes intervinieron diversos documentos relevantes. En una de estas actuaciones, concretamente en la casa de Antonio Fernández Menéndez, en Granada, se halló un conjunto de documentos en papel. Fernández Menéndez figura en el sumario como apoderado de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR).

Según la documentación intervenida en su domicilio, los agentes localizaron un «esquema manuscrito temporal donde figura el nombre de ‘Ábalos’», así como «adjudicaciones históricas del Ministerio de Fomento y OPR», además de «el borrador de la programación del año 2023 de la Subdirección General de Infraestructura».

La autorización judicial para registrar la vivienda de Fernández Menéndez y la de su hermano Daniel —administrador mancomunado de OPR— se fundamentó en indicios de que ambos habrían actuado, presuntamente, en colaboración con Ábalos y su exasesor Koldo García para beneficiarse de adjudicaciones públicas a cambio de contraprestaciones económicas.

La Guardia Civil señala que estas adjudicaciones habrían tenido lugar en las comunidades de Asturias y Galicia. El vínculo entre los Fernández Menéndez y Fernando Merino, exdirectivo de Acciona Construcción en Navarra, también es objeto de investigación. Según los agentes, Merino habría facilitado el contacto entre los hermanos y Koldo García.

Además, el informe sugiere que la expareja de Koldo habría sido contratada por la empresa Anfersa, relacionada con OPR, aunque no habría desempeñado función laboral alguna, conforme a los indicios obtenidos.

Por otra parte, en el domicilio valenciano del exministro Ábalos, la UCO decomisó un total de 34 elementos digitales, entre ellos varios dispositivos USB con identificaciones institucionales. Los dispositivos llevaban logotipos del Congreso de los Diputados, el PSOE, la Generalitat Valenciana, la empresa Ecoembes, la constructora Etosa y uno más rotulado con la frase «Por ser niña». También se halló una reserva de alojamiento en el Hostal Mediterránea y un contrato de préstamo entre Ábalos y su hijo, siendo este último quien actuaba como prestamista.

Además, durante el registro en el garaje de Antxón Alonso Egurrola, vinculado a la empresa Servinabar, los agentes descubrieron 16.180 euros en efectivo. La suma estaba distribuida en billetes de distintas denominaciones dentro de bolsas tipo ZIP, que a su vez se encontraban escondidas en mochilas. El dinero fue ingresado en la cuenta de consignas y depósitos judiciales del Tribunal Supremo ese mismo día.

Los registros se completaron con la incautación de dispositivos electrónicos, correos electrónicos impresos y numerosa documentación física en los domicilios de los implicados y en las sedes de las empresas OPR, Servinabar y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).

La investigación continúa bajo la supervisión del Tribunal Supremo, que evalúa la posible existencia de un entramado de adjudicaciones amañadas a cambio de beneficios económicos y favores laborales.

Los contactos con constructoras comenzaron tras la llegada de Ábalos a Fomento.

El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que los contactos entre el exasesor ministerial Koldo García y empresas constructoras comenzaron pocos meses después de que José Luis Ábalos asumiera el cargo de ministro de Fomento, el 7 de junio de 2018. Las investigaciones indican que, a partir de entonces, se consolidó una presunta red de relaciones que, según los agentes, podría estar vinculada con actividades ilícitas relacionadas con contrataciones públicas.

El documento de la UCO describe cómo García estableció una relación con José Ruz, empresario de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), cuyo primer contacto data del 19 de marzo de 2019, cuando Ruz le envió un correo solicitando una reunión. Este encuentro tuvo lugar el 27 del mismo mes en dependencias del Ministerio. A partir de ahí, el intercambio entre ambos fue en aumento.

Según la investigación, el empresario mostró un «claro interés» en mantener una relación continuada con García, quien decidía los términos y tiempos de los encuentros. Ejemplo de esta dinámica se refleja en un mensaje enviado por Ruz el 18 de junio de 2019, en el que se dirige a García como «jefe» y le pregunta si debe sacar billete para viajar a Madrid. La respuesta afirmativa de Koldo motivó expresiones del empresario como: «A la orden, como un clavo», «como si tengo que estar de madrugada» o «como para que yo ponga condiciones».

Con el tiempo, el contacto entre ambos se intensificó, y García llegó a solicitarle a Ruz que no comentara sus comunicaciones con terceros. A partir del año 2021, optaron por emplear teléfonos desechables, adquiridos con ayuda de Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil, según sostiene la investigación. Estos dispositivos eran activados mediante palabras clave como «café» o «cafetera», con el fin de encubrir el contenido de sus conversaciones.

Además de los contactos en el Ministerio, la relación entre Ruz y García incluyó reuniones en espacios privados, incluyendo la residencia oficial del ministro Ábalos durante su mandato y domicilios privados de este en Madrid y Valencia. La UCO documenta que García, en calidad de exasesor, impartía directrices a órganos del Ministerio, supuestamente para beneficiar a LIC.

Una conversación fechada el 14 de octubre de 2020 muestra a Ruz solicitándole a García que intercediera ante Javier Herrero, Director General de Carreteras, para gestionar un pago urgente relacionado con una obra adjudicada a LIC.

El informe también señala que Koldo habría recibido pagos regulares por parte de LIC, con el propósito de sufragar una «pensión» para José Luis Ábalos tras su salida del Ejecutivo.

En cuanto a la empresa Acciona, la UCO establece que su vinculación con García se remonta a su etapa en Navarra, donde mantenía dependencia personal y profesional con Santos Cerdán. Según los investigadores, tanto Ábalos como García habrían recibido sumas de dinero vinculadas a adjudicaciones de contratos públicos, con Acciona Construcción como beneficiaria recurrente.

Un apunte de calendario del teléfono de García, fechado apenas dos meses después del nombramiento de Ábalos, da cuenta de una reunión con José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, y con el CEO de Acciona Infraestructura, Luis Castilla Cámara. Asimismo, en enero de 2019, García registró otra nota: «Acciona con Avintia 70 a 30 como mínimo, hablar con Santos y hablé con Entrecanales».

Para la Guardia Civil, esta información podría estar relacionada con una Unión Temporal de Empresas (UTE) prevista entre Acciona y Avintia, siendo indicativo de un reparto preacordado. La mención a Cerdán refuerza, según los agentes, la existencia de conocimiento compartido sobre el asunto.

En cuanto a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR), la UCO ha identificado múltiples contactos entre García y los hermanos Fernández Menéndez, responsables de la compañía. Se han documentado reuniones presenciales y comunicaciones sobre licitaciones específicas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda.