La seis jóvenes acusados, y posteriormente absueltos, por el escrache en febrero de 2014 al entonces presidente autonómico y líder del PP regional, Ignacio Diego, en un acto en la Universidad de Cantabria han presentado sendas denuncias por la supuesta agresión y denuncia falsa que, a su juicio, protagonizaron los policías, y por falsedad documental sobre los daños en los coches del Gobierno, y solicitan ser indemnizados por los "daños morales" sufridos.

Las denuncias que han planteado se dirigen contra todas aquellas personas física y/o jurídicas que, tras la averiguación de los hechos, pudieran ser penalmente responsables de los hechos que relatan.

Junto con todo ello los denunciantes solicitan una indemnización por el daño moral y padecimientos sufridos por verse objeto durante los años que duró el "procedimiento de escarnio público al aparecer sus nombres en la prensa de forma continuada, sentir la posibilidad de la pena de prisión, dilaciones indebidas en el curso del proceso, posibles represalias laborales, repercusiones familiares y en su entorno social, entre otros aspectos".

Los denunciantes son integrantes de la plataforma Preguntar No es Delito que, "tras haber demostrado su inocencia", "se propone acabar con la impunidad de este tipo de montajes que amenazan las libertades más fundamentales".

Han recordado que las penas que se solicitaban alcanzaban incluso los 12 años de cárcel (42 en total para los acusados).

Han señalado en un comunicado que "las constantes noticias de casos de represión bajo la 'Ley Mordaza', amparadas únicamente en la palabra de policías que cuando se demuestra falsa no implica consecuencias, los ha llevado a plantear su caso, excepcional por contar con dosvídeos inesperados que evidencian la falsedad de la acusación".