Gestión de menores migrantes

Cantabria abrirá un centro de menores no acompañados en Castro

El Ejecutivo de Cantabria pondrá en marcha un centro para menores extranjeros no acompañados en Castro Urdiales apenas semanas después de la polémica generada por la compra de un edificio en Cartes
La llegada de un centro de menores a Castro Urdiales marca un nuevo episodio en la gestión migratoria de Cantabria, tras meses de tensión política y vecinal. / EP
La llegada de un centro de menores a Castro Urdiales marca un nuevo episodio en la gestión migratoria de Cantabria, tras meses de tensión política y vecinal. / EP

La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán (PSOE), ha confirmado que el Gobierno de Cantabria (PP) abrirá un centro de menores no acompañados en el municipio, una decisión comunicada este martes tras una reunión mantenida con la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez.

Según ha explicado la regidora, fue convocada este lunes por la tarde para conocer la intención del Ejecutivo autonómico de poner en marcha el primer centro de menores extranjeros no acompañados en Castro Urdiales. Herrán ha señalado que desde la Consejería no se ofrecieron demasiados detalles sobre el proyecto, algo que ha enmarcado en la necesidad de cumplir con la ley de protección del menor.

Colaboración institucional en Castro Urdiales

Desde el Ayuntamiento han trasladado su “total colaboración y apertura” ante la decisión del Ejecutivo autonómico, destacando el carácter solidario del municipio.

Herrán ha asegurado que Castro Urdiales es una ciudad “solidaria y acogedora” y ha mostrado su confianza en que la ciudadanía y el tejido asociativo, social, cultural y deportivo respalden la llegada de los menores.

Contexto político tras la compra del edificio en Cartes

La apertura de este centro de menores en Castro Urdiales se produce apenas un mes después de que el Gobierno cántabro adquiriera un inmueble en el Camino Real de Cartes, inicialmente destinado a la acogida de menores migrantes no acompañados.

Aquella operación se vinculó al decreto estatal que regula el reparto de menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla entre las comunidades autónomas, una medida que fue recurrida por el propio Ejecutivo regional.

La compra del edificio generó tensión política y vecinal, obligando incluso al despliegue de un dispositivo policial para garantizar la seguridad ante la polémica surgida en torno a la acogida de los menores.

La decisión de abrir ahora un centro de acogida de menores en Castro Urdiales reabre el debate sobre la gestión autonómica de la inmigración y la distribución de recursos en la región.

Comentarios