Buruaga se planta ante Sánchez: «No voy a tolerar un solo agravio a Cantabria»

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha lanzado una dura crítica contra el acuerdo preliminar alcanzado entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña en relación con el nuevo modelo de financiación autonómica. La dirigente cántabra ha alertado de que la aplicación de dicho acuerdo supondría para Cantabria una pérdida económica estimada en más de 400 millones de euros anuales, una cifra que afectaría de forma directa a la capacidad de la comunidad autónoma para sostener y mejorar sus servicios públicos fundamentales, especialmente los vinculados a los ámbitos de la sanidad, la educación y la atención social.

Según ha declarado la presidenta regional en un comunicado oficial remitido por el Ejecutivo autonómico este lunes 15 de julio, el planteamiento acordado entre ambas administraciones rompe con los principios que hasta ahora han regido el modelo de financiación territorial. En concreto, se pasaría de un sistema que tiene en cuenta el gasto y las necesidades reales de cada territorio, a un modelo fundamentado en los ingresos recaudados por las propias comunidades autónomas. Esta modificación del criterio de reparto, según Buruaga, no solo alteraría el equilibrio interterritorial, sino que pondría en riesgo el acceso equitativo a los servicios esenciales por parte de todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.

«El nuevo planteamiento», ha explicado la presidenta cántabra, «no parte de un análisis objetivo de las necesidades de cada territorio, sino de una negociación bilateral que responde a intereses políticos concretos». En este sentido, ha vinculado la decisión del Gobierno central, encabezado por Pedro Sánchez, a lo que ha calificado como una estrategia de supervivencia política. Según sus palabras, el Ejecutivo de Sánchez se encuentra «cada día más débil y acorralado por la corrupción», lo que le lleva a realizar concesiones al independentismo catalán, «que es quien decide», a cambio de mantenerse en el poder. Para Buruaga, este pacto representa un intento de «romper la caja común de todos los españoles».

La presidenta cántabra ha insistido en que lo acordado entre el Gobierno y la Generalitat no es solo un asunto técnico o económico, sino que tiene profundas implicaciones políticas e institucionales. A su juicio, el acuerdo «pretende saltarse el principio de que todos los españoles somos iguales, vivamos donde vivamos, y dinamitar el Estado de las Autonomías por su supervivencia política. Es lo mismo de siempre, pero más a la desesperada».

Según informó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el acuerdo alcanzado aún se encuentra en fase de condicionamiento parlamentario, ya que su aplicación requeriría el respaldo de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados. No obstante, para Buruaga el mero hecho de que se haya formalizado una negociación bilateral de este tipo ya supone una vulneración de los principios fundamentales que sustentan el modelo territorial español.

La dirigente regional ha reiterado con firmeza que Cantabria no va a aceptar «negociaciones entre dos para decidir lo que es de todos». En su intervención ha manifestado que la comunidad autónoma cántabra «no va a pagar con un solo euro las facturas de Sánchez» y ha advertido que no permitirá «un solo agravio a Cantabria».

En este contexto, el Gobierno autonómico de Cantabria ha anunciado que impulsará un «frente común» junto a otras comunidades autónomas, sin importar su signo político, con el objetivo de defender el modelo constitucional basado en la igualdad entre territorios y en la solidaridad interterritorial. Según las palabras de la propia presidenta, el Ejecutivo cántabro empleará «todos los medios a su alcance para parar a Sánchez y su deriva delirante» y se opondrá «con uñas y dientes» a la eventual implementación del nuevo sistema de financiación.

El actual sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009, ha sido objeto de críticas durante años por parte de distintas comunidades, tanto de régimen común como de régimen foral. Sin embargo, cualquier intento de reforma ha estado bloqueado por la complejidad del consenso que requiere su modificación, al tratarse de un mecanismo que afecta directamente a la distribución de recursos públicos entre territorios con realidades económicas, sociales y demográficas muy dispares.

El pacto anunciado entre el Gobierno central y la Generalitat reabre el debate sobre si es posible avanzar hacia un modelo más justo y eficiente sin quebrar el principio de igualdad consagrado en la Constitución Española. En este caso, la propuesta concreta de utilizar los ingresos recaudados como base para el cálculo de la financiación ha encendido las alarmas en aquellas comunidades con menor capacidad recaudatoria, como es el caso de Cantabria, cuya estructura económica y demográfica no le permite alcanzar los niveles fiscales de comunidades más pobladas o con mayor concentración empresarial.

Un pacto «en detrimento de los demás». Buruaga ha recalcado que «todo lo que se ceda a Cataluña será en detrimento de los demás», una idea que vincula directamente con el principio de ordinalidad, por el cual una comunidad autónoma no debería mejorar su posición relativa tras el proceso de redistribución del sistema. De acuerdo con esta visión, cualquier privilegio fiscal o financiero otorgado a una comunidad concreta repercute necesariamente de forma negativa sobre las demás, al tratarse de un sistema de suma cero con un presupuesto limitado.

En sus declaraciones, la presidenta ha querido dejar claro que el rechazo de Cantabria no se fundamenta en una posición política coyuntural, sino que responde a una defensa de los principios estructurales del Estado autonómico. «No al privilegio y no a costa de los derechos y la igualdad de oportunidades de los cántabros», ha reiterado.

En paralelo, se ha abierto una línea de coordinación entre distintas comunidades autónomas para analizar conjuntamente las implicaciones del acuerdo y articular respuestas institucionales conjuntas. La intención del Ejecutivo regional cántabro es situarse en primera línea de esa oposición, promoviendo un frente de defensa del sistema vigente que, en su opinión, garantiza unos niveles mínimos de equidad en el acceso a servicios públicos fundamentales. Mientras tanto, desde otras formaciones políticas, como el Partido Socialista de Cantabria, se ha ofrecido una visión distinta sobre el mismo acuerdo. Según declaraciones recogidas por Europa Press, el PSOE cántabro considera que la revisión del modelo de financiación representa «una oportunidad para tener más recursos», desmarcándose así de la postura adoptada por el Ejecutivo autonómico.

La presidenta Buruaga ha finalizado su intervención subrayando que Cantabria no aceptará ningún acuerdo que comprometa la sostenibilidad de sus servicios públicos ni que implique una alteración del principio de igualdad. «No voy a tolerar un solo agravio a Cantabria», ha afirmado de forma tajante.

La confrontación institucional que se vislumbra a raíz de este pacto refleja las dificultades para avanzar en una reforma del sistema de financiación sin abrir fracturas políticas profundas. El modelo actual está agotado, pero cualquier intento de reforma requerirá —como viene demandándose desde múltiples instancias— un enfoque multilateral, transparente y basado en criterios objetivos, alejados del interés político coyuntural. De no ser así, como advierte Cantabria, la desafección territorial y la pérdida de confianza entre administraciones podrían ampliarse, afectando de forma directa a la calidad democrática del sistema autonómico.