Cantabria aprueba la primera Ley Integral de Vivienda: más oferta, más seguridad y más ayudas

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado este martes el proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria, aprobado en Consejo de Gobierno extraordinario y remitido ya al Parlamento autonómico para su tramitación.

Según Buruaga, se trata de un texto “revulsivo” que permitirá incrementar la oferta de vivienda en compra y alquiler, mejorar el acceso para colectivos vulnerables y profesionales de servicios básicos, impulsar la regeneración urbana y rural, y, al mismo tiempo, ofrecer “seguridad jurídica frente a la ocupación”.

Una ley integral con consenso social

Buruaga ha subrayado que la norma es “integral, moderna y garantista” y que nace con la aportación de asociaciones y entidades que enriquecieron el texto en el periodo de información pública.

“Esta ley protege al propietario frente al okupa y no al revés”, ha recalcado la presidenta, quien además ha defendido que sus medidas son eficaces, en contraste con la política estatal de vivienda, a la que calificó de “absolutamente errática”.

Medidas para movilizar el parque vacío

La norma incluye programas de incentivos, ayudas y garantías públicas para activar hasta 50.000 viviendas vacías, el 14% del parque residencial en Cantabria.

También contempla el fomento de la vivienda protegida, la rehabilitación y la regeneración urbana, con especial atención a los municipios rurales y en riesgo de despoblamiento.

Colaboración público-privada y simplificación

Otro de los ejes es la colaboración con la iniciativa privada, que permitirá impulsar nuevos proyectos de vivienda a precio tasado o en fórmulas innovadoras como el coliving o el cohousing.

En materia administrativa, se apuesta por la declaración responsable para agilizar trámites en la calificación de viviendas protegidas, reduciendo la burocracia.

Seguridad jurídica frente a la ocupación

La nueva ley articula protocolos de desalojo inmediato en casos flagrantes de ocupación, medidas de prevención, asesoramiento jurídico gratuito a propietarios y protección social con soluciones habitacionales alternativas para personas en situación de vulnerabilidad real.

Además, el Gobierno creará la Oficina de Apoyo a Víctimas de la Ocupación y la Inquiocupación, que acompañará a los afectados en procesos legales y administrativos.

El consejero de Fomento, Roberto Media, destacó que “la mejor medida social en materia de vivienda consiste en dotar de seguridad jurídica a los propietarios”.

Incentivos fiscales y plan de vivienda pública

Entre las medidas ya en marcha, la presidenta recordó:

• Reducción del 4% en el ITP y AJD para jóvenes menores de 36 años, familias numerosas, personas con discapacidad y municipios en riesgo de despoblamiento.

• Deducciones en el IRPF para arrendatarios y ventajas fiscales para arrendadores.

• Un plan de vivienda pública en alquiler “el más ambicioso de la historia”, con 285 viviendas en marcha en nueve municipios.

Novedades clave

El consejero Media detalló otras novedades:

• Reconocimiento de la emergencia habitacional para víctimas de incendios o catástrofes.

• Acceso a vivienda protegida en alquiler para profesionales esenciales como médicos, profesores, guardas forestales, veterinarios o farmacéuticos.

• Creación del Registro Autonómico Unificado de Vivienda y Suelo y del Registro de Agentes Inmobiliarios.

• Un régimen sancionador estricto, con multas de hasta 90.000 euros a quienes destinen viviendas protegidas a alquiler turístico.

“Nadie ha hecho más en menos tiempo”

Buruaga ha reivindicado que “nadie ha hecho más en menos tiempo” en materia de vivienda y ha garantizado que esta ley será un punto de inflexión en la política regional:
“En Cantabria no nos resignamos. Este Gobierno no se resigna y nos negamos a dar por bueno que este problema no tenga solución”.